Las "extrañas" coincidencias en el 'caso tanatorio'

La decisión del juez de Instrucción número 1 de Carmona (Sevilla) de imputar al presidente del PP de Sevilla y delegado de la Junta en la provincia, Ricardo Sánchez, y otras cinco personas por posibles delitos en relación con la construcción del nuevo tanatorio privado de Mairena de Alcor se basa en un contundente informe de 61 folios de la Guardia Civil, en el que los investigadores muestran su "extrañeza" en varios aspectos que vinculan a los denunciados, además de destacar el "excelente y exquisito" tratamiento que el Ayuntamiento dio a la empresa que construyó la morgue frente a otra mercantil que también estaba interesada. En el exhaustivo atestado policial, que el propio juez calificó de "impecable", los investigadores de la Guardia Civil también descartan que se haya producido una "especulación urbanística" con el precio de las parcelas y reprochan al PSOE, que denunció el caso, que incluyera en su denuncia datos que "no se corresponden con la realidad".

En cuanto a las relaciones entre los denunciados, el informe parte de que en principio "no es irregular, si bien la coincidencia política jerarquizada entre estas personas es evidente" porque, prosiguen, aunque "cualquier empresario o emprendedor puede desarrollar su actividad donde quiera y pueda, que un cargo importante del partido a nivel regional y a la vez apoderado de una mercantil familiar del ramo funerario que desarrolla su actividad en la provincia de Huelva termine desarrollando este proyecto en Mairena del Alcor, cuya corporación es regida por el mismo partido político y a la vez compra la parcela a otra persona que termina después en las listas de la misma opción política y a más inri ocurra con los expedientes lo aquí narrado, sí extraña". Se refiere a la Guardia Civil a Francisco Jesús Rodríguez Roa, coordinador del área de empresas en la vicesecretaría de Economía, Hacienda y Empleo de la Ejecutiva del PP-A, consejero de la RTVA y apoderado de la mercantil Previpaz.

En sus conclusiones, la Guardia Civil señala que el análisis de la abundante documentación analizada y su cronología deja en evidencia la "excelente y exquisita diligencia administrativa" que la agencia pública de servicios urbanos ha tenido a lo largo del proyecto presentado por la sociedad Previpaz, algo que contrasta con la "falta de diligencia o normalidad administrativa" con el proyecto que presentó otra empresa, Sevilla Calidad, que ésta inició "ocho meses antes y lo abandonó y fue adelantada por Previpaz en la concesión de la licencia". Como prueba de esta afirmación, los agentes indican que los servicios urbanísticos realizaron hasta 12 informes sobre el proyecto de Previpaz -7 informes técnicos, dos informes jurídicos, dos trámites de audiencia y una resolución- frente a cinco de Sevilla Calidad -dos informes técnicos, un informe jurídico, un trámite de audiencia y una resolución-, dicen los agentes, que añaden como en sólo ocho días hábiles se emitieron hasta doce informes y se rechazó el trámite de audiencia "en un domingo", el 17 de octubre de 2021.

El perjuicio de 21.000 euros a las arcas municipales y los "intereses políticos"

El informe policial también llama la atención sobre el delito de administración desleal que se atribuye presuntamente al presidente de los populares sevillanos, Ricardo Sánchez, por "generar un perjuicio para el patrimonio público gestionado por su cargo y que debe ser ejecutado correctamente, por importe de 21.118,76 euros, motivado por la resolución de alcaldía número 689/15 de fecha 25 de junio de 2015, de redacción del proyecto constructivo y de explotación de tanatorio público, con el obligado estudio de viabilidad previo sin fecha concreta, ni firma y abandonando este proyecto".

La Guardia Civil considera que se tenía que haber llevado a cabo una modificación puntual de las Normas Subsidiarias para habilitar la construcción de un tanatorio público en suelo no urbanizable del cementerio municipal, que ha empezado a tramitarse en mayo 2024, "antes que originar el gasto" que dio pie al decreto del entonces alcalde Ricardo Sánchez por importe de esos 21.000 euros "sin necesidad", ya que, continúan, sin esa calificación del suelo previa -pasarlo de no urbanizable a urbano en la modalidad de servicio público- "sería imposible desarrollar el proyecto, impulsando el mismo ocho años después". "¿Para qué ese proyecto constructivo si no se podía nunca llevar a cabo hasta no hacer la preceptiva modificación de las Normas Subsidiarias?", se preguntan los investigadores, que dejan no obstante claro que se ha producido "la contratación de un servicio por interés político que no era necesario realmente para un fin público que no se lleva a cabo y por imperativo legal, como es la necesaria modificación puntual número 42 de las NNSS del planeamiento general que habilite legalmente esa construcción en el futuro".

Y para "más inri", el informe jurídico de 9 de julio de 2018 del secretario general del Ayuntamiento dice textualmente que el estudio de viabilidad del proyecto de construcción y explotación del tanatorio público "no está fechado, ni constan firma de persona cualificada para la realización del mismo", recrimina el informe policial.

Por todo ello, el instituto armado concluye que "pudiera haber existido una presunta gestión desleal de patrimonio público, por mero interés político, que generó un evidente perjuicio para los intereses públicos gestionados, infringiéndose presuntamente lo regulado en el artículo 432.1 [delito de malversación] en relación con el artículo 252 [administración desleal] del vigente Código Penal".

De otro lado, la Guardia Civil asegura que no ha detectado especulación alguna en la enajenación directa de las parcelas del tanatorio y su posterior transferencia a la empresa Previpaz, ni tampoco irregularidad alguna por carecer de cláusula antiespeculación, aunque ésta sí se incluyen a partir de 2023. Se adquirieron a precio de mercado y se transmitieron a Previpaz "por el mismo precio de adquisición", dice el informe, que subraya que el hecho de que esa transmisión se haya "realizado antes o después de cualquier decisión sobre ella, no es más que en aras de un legítimo interés mercantil", por lo que "no detectamos irregularidad penal alguna".