La Fiscalía desmonta en su informe la tesis del amaño del concurso de la mina de Aznalcóllar

La Fiscalía de Sevilla pidió hasta en siete ocasiones el archivo de la causa por el supuesto amaño del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, una investigación que fue reabierta en dos ocasiones por la juez Mercedes Alaya desde el Audiencia Provincial y en contra del criterio de la juez instructora. En una de las últimas sesiones de este juicio, que se inició en marzo pasado, la representante del Ministerio Público pidió ayer la absolución de los 16 acusados, entre los que se encuentran una decena de funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía. A estos funcionarios dedicó, precisamente, la fiscal Ascención Ocaña las últimas palabras de su informe ante el tribunal para sostener que, después de todas las declaraciones y pruebas que se han desarrollado en las numerosas sesiones del juicio, lo que se ha puesto de manifiesto es la "probidad, honestidad, objetividad e imparcialidad con la que han obrado todos y cada uno de los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación" que intervinieron en el concurso.

Es más, la fiscal destacó que estos funcionarios, que llevan diez años pendientes de este proceso judicial, "han sido honestos en el desarrollo de sus funciones en este concurso y, por tanto, no merecen el trato que han venido teniendo en modo alguno", aseveró la representante del Ministerio Público, que a lo largo de su extenso informe puso de manifiesto que la acusación pública, que siempre actúa "con objetividad e imparcialidad", ha esperado hasta el último momento de este juicio para mantener la petición de absolución de los 16 acusados.

Y tras la práctica de la prueba, la fiscal ha llegado a la misma conclusión que durante la fase de instrucción porque considera que no hay pruebas de que el concurso se amañó en favor de Minorbis y Grupo México, y en contra de la empresa perdedora, Emerita, la denunciante del caso. La fiscal se refirió incluso al informe del letrado de Emerita, quien en la sesión anterior había manifestado en su informe que habían tenido que luchar incluso contra la postura de la Fiscalía hispalense, algo a lo que Ascensión Ocaña respondió insistiendo en que a lo largo de la instrucción "todas las pruebas que se ordenaron por la juez de instrucción arrojaron un resultado negativo desde el punto de vista de la existencia de indicios sobre los delitos que se venían denunciando", recordando expresamente la revisión por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 124.012 correos electrónicos de los funcionarios y que acabó con un contundente informe en el que los investigadores no hallaron "influencias" en el concurso, o el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que también fue negativo respecto a los hechos denunciados.

Todas las pruebas, prosiguió la fiscal Ocaña, "no arrojaban indicios de que aquí había habido un apaño entre particulares y personas de la Junta para decantar el concurso en favor de una determinada licitadora". Por ello, defendió que la Fiscalía no es "enemiga de nadie, simplemente trabaja objetiva e imparcialmente en la búsqueda de la verdad material de los hechos que se están denunciando. No hay más", por lo que justificó el mantenimiento de la petición absolutoria porque en el juicio "no se han acreditado los delitos que se afirman".

"La llave del concurso" fue la "espita" que abrió toda la investigación

Una de las supuestas claves del juicio parte de una reunión celebrada el 11 de abril de 2014 en la sede de Emerita para intentar fusionar ambos proyectos -el de Emerita y el de Minorbis- y en la que el responsable de Magtel Mario López Magdaleno habría afirmado que tenía "la llave del concurso" y para demostrárselo anunció una llamada que se produciría cinco minutos después desde la Consejería, y que sería realizada por el que fuera secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta, Vicente Fernández, al representante de Emerita, Joaquín Merino.

Sobre esa llamada, la fiscal aseveró que sólo el testimonio de Joaquín Merino puede servir de testimonio directo de esa llamada, pero tal conversación "no ha sido acreditada de ninguna de las maneras. Porque no afirma en ningún momento el señor Fernández que la haya realizado, no lo afirma en ningún momento". Por ello, según la fiscal, sólo puede entender el tribunal que esa llamada se ha acreditado si atiende a ese "único testimonio director, el del señor Merino, que es un testimonio interesado, porque es el denunciante y el que mantiene la acusación".

La fiscal añadió que la frase de "la llave" del concurso fue la "espita que ha abierto toda esta investigación", que ha echado una "pátina de sospecha sobre todo lo actuado hasta entonces y eso ha hecho que se cuestionase toda la actuación de la mesa, de la comisión, y todo el desarrollo de este concurso desde la misma creación de las bases" y desde entonces todo se aprecia desde un "prisma de absoluta sospecha".

Pero "en la mente" de Emerita sí estaba hablar de negocio con Minorbis, expresó la fiscal, que recordó unos correos entre los responsables de la empresa denunciante en la que conversan sobre la importante de "ir de la mano de una empresa local fuerte y de buena reputación" en el proyecto minero de Aznalcóllar.

En cualquier caso, para la fiscal la Junta de Andalucía está "ajena" a esta conversación y la fiscal ha aludido también a una carta del embajador de Canadá dirigida a la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "agradeciéndole la buena acogida que días antes habían tenido en el despacho de ella, y encomendándole que sería muy de su agrado que una empresa canadiense formase parte del elenco de empresas que actúan en Andalucía", a lo que Emerita alegó que se trataba de "mero protocolo". La fiscal ha afirmado que si hubiera una carta del embajador de México en el mismo sentido se diría que la misma "pretende ser algo más que un mero protocolo", por lo que ha concluido señalando que aquí "estamos viendo la paja en ojo ajeno. No digo más".