Los funcionarios incautan 270 móviles en las cárceles sevillanas en los últimos cinco años

Un total de 270 teléfonos móviles incautados en las prisiones de Sevilla en los últimos cinco años. El sindicato ACAIP-UGT de prisiones ha denunciado que la introducción de estos terminales en los centros penitenciarios representa una "amenaza latente" para la seguridad. Los teléfonos móviles están prohibidos dentro de los Centros penitenciarios porque permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género o la coordinación de redes criminales desde el interior de las cárceles. Esta prohibición no sólo responde a criterios de seguridad, sino también al cumplimiento del mandato constitucional de reeducación y reinserción social.

Los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados en prisión, generando un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno. Entre 2020 y 2024 se han incautado un total de 270 terminales en los Centros Penitenciarios de la Provincia de Sevilla, por una parte, fueron decomisados 144 en la cárcel de Sevilla-I y, por otra, 126 en Sevilla-II (Morón de la Frontera). En los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el número asciende a 12.882. Sólo en 2024, se decomisaron 2.884 dispositivos, de los cuales 40 fueron requisados en Sevilla I y 23 en Sevilla II.

A lo anterior, también cabe reseñar que en aquellos Centros de Inserción Social, como el C.I.S Jiménez de Asúa de Sevilla, donde, dada la naturaleza tratamental de cumplimiento en régimen de semilibertad, se permite la tenencia de teléfonos móviles, se produce una serie de problemáticas específicas que vienen a mermar ámbitos significativos de seguridad en los mismos al quedar expuestas a la grabación indiscriminada áreas del propio recinto, así como también por el uso inapropiado, e incluso ilícito, que se puede hacer con dichos dispositivos con los que se realizan transmisiones y videollamadas de toda índole en cualquier tipo de redes sociales.

Desde ACAIP-UGT, han destacado el esfuerzo y compromiso de los empleados públicos penitenciarios que, a pesar de los medios limitados y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, continúan trabajando intensamente para frenar este tipo de contrabando.

Utilizados por internos peligrosos

Muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad. El acceso a estos teléfonos no sólo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia.

Los funcionarios deben hacer frente a esta realidad con medios claramente insuficientes. Los terminales, cada vez más pequeños y fabricados con componentes plásticos, escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados. Esto obliga a realizar requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros.

Además, han surgido nuevos métodos de introducción que suponen una grave amenaza para la seguridad: los drones. Su capacidad de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros.

Frente a este panorama, desde el sindicato recuerdan que resulta urgente realizar una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad. Los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones. "Es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas", añaden.

La seguridad en prisión es un prerrequisito para la aplicación efectiva de los programas de reinserción. La introducción y uso de objetos prohibidos como los teléfonos móviles desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario. La lucha contra esta amenaza debe ser una prioridad para la Administración, dotando a los trabajadores de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar el orden y la seguridad en los centros.

Desde ACAIP-UGT reclaman una "respuesta firme, moderna y eficaz para hacer frente a esta amenaza constante. La seguridad de nuestras prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios. Requiere compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica", concluyen.