El pasado 31 de julio, un celador-conductor del centro de salud de Estepa sufrió una agresión física por parte de un usuario. Tuvo que ser atendido por las lesiones sufridas y actualmente se encuentra de baja. En este caso, aunque se ha celebrado un juicio rápido, el trabajador dice no tener seguridad "de que el agresor esté detenido o se haya puesto alguna medida de alejamiento".

Es la última agresión a personal sanitario denunciada en la provincia, pero no la única. A esta circunstancia se enfrentan cada día médicos, enfermeros y demás personal sanitario en su puesto de trabajo. Los golpes, las amenazas, los insultos, la violencia verbal o las intimidaciones se han convertido en actitudes y comportamientos cada vez más habituales en los centros de salud y hospitales. Técnicos, administrativos, auxiliares, enfermeros o médicos son las víctimas habituales de unas conductas que no cesan pese al endurecimiento de las sanciones y a un plan del SAS que no termina de convencer ni de funcionar, a tenor de los últimos episodios.

De hecho, el número de agresiones a los profesionales no para de crecer año tras año y las últimas cifras fiables facilitadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en relación al año 2021, constataban hasta 1.208 incidentes de este tipo en toda Andalucía, 200 más que cinco años antes, y que suponen una tasa de 9,98 por cada 1.000 trabajadores. Peores números se registraron en 2019, con 1.507 agresiones, y 2018, con 1.235.

En Sevilla, el Colegio de Oficial de Médicos registró 22 agresiones a facultativos en un fatídico 2021 en la provincia sevillana, con un aumento porcentual de casi un 70% con respecto a 2016. Por su parte, en 2020, el año de los aplausos y del gran esfuerzo del personal sanitario por hacer frente a una pandemia sin precedentes, las agresiones a los profesionales de centros de salud y hospitales sevillanos llegaron hasta las 279, según un minucioso informe realizado por el sindicato CCOO, que recoge datos desde 2007. Trece años en los que los sanitarios sevillanos han sido testigos de 3.387 ataques, que suponen casi el 25% del total 13.774 registradas en toda Andalucía, según los datos que maneja el sindicato, siendo 2019, con 388 ataques, el año más negro de la serie histórica.

Ante esta tendencia, el SAS puso en marcha en 2020 el Plan de Prevención y Atención de Agresiones a los Profesionales tras su aprobación por unanimidad en el Consejo de Gobierno y por la propia Administración sanitaria andaluza y los sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Sanidad. Este plan de agresiones incorpora como novedad un programa especial de acompañamiento al profesional agredido y un profesional con formación específica que ejercerá como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas y su objetivo es prevenir, proteger y combatir la violencia hacia los trabajadores, controlando con rapidez cualquier situación de violencia, peligro o emergencia y minimizando sus consecuencias, para fomentar una cultura de seguridad y prevención.

Las condenas por agresiones a profesionales sanitarios en ejercicio llegan y se hacen cumplir. Hace ya siete años, en 2015, el artículo 550 del Código Penal incluyó que cualquier agresión, física o verbal, a un docente o sanitario en el ejercicio de sus funciones o a consecuencia de ellas es considerado un atentado a la autoridad, con penas de prisión de seis meses a tres años, además de multa y alejamiento.

Es decir, que agredir a estos profesionales es similar a hacerlo a un miembro de los cuerpos policiales, por ejemplo, quienes también se enfrentan a situaciones de este tipo constantemente. Precisamente, ambos colectivos están mas conectados que nunca con objeto de combatir las agresiones en centros sanitarios.

Asimismo, existe un interlocutor sanitario provincial y un interlocutor sanitario policial, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, que trabajan de forma coordinada.

A través del citado plan, la Junta de Andalucía facilita este trámite al sanitario agredido a través de las gerencias correspondientes y ofrece acompañamiento y apoyo desde el primer momento por profesionales cualificados. Asimismo, se ponen en marcha medidas preventivas enfocadas a la formación del personal sanitario por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y campañas informativas de concienciación.

Como resultado de esta movilización para frenar las agresiones se encuentran las sentencias condenatorias. Según datos oficiales aportados por el Colegio de Médicos de Sevilla en el marco de la celebración de la Jornada Técnica de Prevención de Agresiones a Profesionales Sanitarios organizadas por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla el pasado mes de marzo, en los últimos cinco años se han contabilizado 258 sentencias estudiadas en Andalucía, aunque, la mayoría, 179 de ellas, se resolvieron como delitos leves. Según datos del SAS, la asesoría jurídica ha recibido entre 2018 y 2021 hasta 666 asistencias letradas por agresiones a personal sanitario de las que se dictaron 366 sentencias condenatorias.