Una médico de urgencias de un hospital privado sevillano ha presentado una demanda contra el centro sanitario, en la que reclama una indemnización de 220.000 euros por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de una agresión con arma blanca que sufrió por parte de una paciente psiquiátrica, sin que hubiera ningún vigilante en aquella fecha para evitar esta agresión.

Por estos hechos se celebró el correspondiente juicio, en el que la agresora fue absuelta al estimar los jueces que concurría la circunstancia eximente de anomalía o alteración psíquica, y aunque fue condenada a indemnizar a la víctima con 9.000 euros, la doctora prácticamente no ha recibido ninguna compensación.

Los hechos se remontan a las 13:30 horas del 28 de julio de 2014, cuando la acusada abordó a la médico de urgencias y, con intención de acabar con su vida, la agredió en el cuello con una navaja de 8 centímetros. La doctora fue herida en el cuello, pero consiguió parar parcialmente el golpe forcejeando con la acusada hasta zafarse de ella y lugar huir del lugar. La paciente fue detenida minutos después por una dotación policial que intervino la navaja.

Además de las lesiones, la víctima sufrió un trastorno de ansiedad que ha terminado con el reconocimiento por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social de una Incapacidad Permanente Total derivada de accidente de Trabajo y prácticamente con los problemas traumatológicos y psiquiátricos "nunca más podrá volver a su trabajo como médico", según ha explicado a este periódico el abogado José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones, de la firma Bidón Abogados.

El abogado José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones, que representa a la médico agredida.

Según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, la agresora padece un trastorno de ideas delirantes y el ataque a la doctora fue la "reacción incontrolada e incontrolable de la acusada a una interpretación delirante en virtud de la cual sintió que era perseguida por todo el mundo y víctima de una trama para matarla, ideación ésta que no era rebatible a argumento lógico, careciendo de capacidad de control de sus actos, como carecía en aquellos momentos de conciencia de enfermedad".

Cuatro amenazas previas de la paciente el mismo día

El abogado José Ignacio Bidón ha indicado este periódico que lo grave es que el mismo día en que ocurrieron los hechos la paciente había amenazado con matar a la médico "en cuatro ocasiones", sin que el centro pusiera ningún medio, y ha aseverado que en este caso fallaron varias medidas preventivas, como no haberse cumplido el protocolo de contención mecánica e inmovilización de la paciente; el plan de prevención de agresiones para los profesionales sanitarios y tampoco se cumplió el plan de prevención de riesgos laborales específicos para el servicio de Urgencias, con el fin de evitar que se ponga el peligro la vida del personal sanitario. Todo ello unido además a la falta de formación para actuar ante estas situaciones, ha añadido.

Teniendo en cuenta la importante pluripatología de la víctima, en la actualidad se está llevando a cabo ante la Seguridad Social un procedimiento de revisión del grado de incapacidad, para lograr la Incapacidad Permanente Absoluta, dado que las mismas la "incapacitan para cualquier actividad laboral".

Además, han demandado al hospital privado y a su compañía aseguradora, reclamando una indemnización de 220.000 euros. En la demanda -previamente se tiene que celebrar un intento de conciliación antes de acudir al juzgado de lo Social-, José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones asevera que en este hospital "no existía o no se cumplió protocolo alguno de contención mecánica e inmovilización de la paciente, ni el plan preventivo de prevención de agresiones para los profesionales sanitarios, que contiene medidas preventivas dirigidas a dotar a los profesionales de habilidades de comunicación que mejoren la interacción con los pacientes, así como las acciones contra los agresores y actuaciones en caso de incidente o agresión".

La demanda prosigue señalando que tampoco se cumplió el plan de prevención de riesgos laborales específicos para el servicio de psiquiatría o urgencia, "para evitar que pueda producirse agresividad del paciente y pueda poner en peligro la vida del trabajador del centro". Dice el letrado que puede ser que en algún servicio puedan resultar "ciertamente imprevisibles" estas situaciones pero "lo que está claro es que si ocurre en psiquiatría o urgencias, donde los pacientes llegan en situaciones urgentes o sin diagnosticar, en estos servicios la previsión de un protocolo contra la concreta agresión física y la formación al respecto, debe considerarse necesaria". Mucho más en el presente caso, añade, donde la paciente habían intentado agredir en cuatro ocasiones a la doctora.

"Si a ello unimos que ninguno de esos protocolos se siguieron (después de la agresión se tomaron medidas por el hospital) y sin haber recibido formación alguna para evitar estas situaciones, parece que la responsabilidad de los demandados queda meridianamente clara y hay que indemnizar dichos perjuicios", sostiene la demandante.