Las dos menores violadas a finales de agosto de 2020 en un apartamento de la Alameda de Hércules fueron drogadas con Zolpidem, un fármaco hipnótico que les suministraron presuntamente en las bebidas tres jóvenes franceses que fueron detenidos en relación con estos hechos. Así lo considera la juez de Instrucción número 15 de Sevilla, que ha dictado un auto de procesamiento contra tres de los investigados, mientras que ha exculpado al cuarto joven que también fue implicado inicialmente, al estimar que no hay indicios de su participación en los delitos de abusos y agresión sexual a las dos chicas, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

La magistrada ha dictado un auto en el que concluye que la tarde del 29 de agosto del año pasado, sobre las 18:00 horas, los tres ciudadanos franceses procesados, Lucas, Arthur y Sacha, contactaron en un bar de la Alameda con las dos menores, por entonces de 15 y 16 años, a las que invitaron al piso turístico que habían alquilado. Según la juez, para "someter la voluntad de las menores y facilitar el mantenimiento de las relaciones sexuales con ellas, procedieron a suministrarles, en un momento que no ha sido acreditado con exactitud y en alguna de las bebidas que éstas ingirieron" el fármaco hipnótico Zolpidem, que pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como análogos a las benzodiazepinas y que se utiliza para el tratamiento a corto plazo del insomnio cuando la falta de sueño está debilitando o causando una ansiedad grave en la persona.

La instructora relata que entre las 20:30 horas y las 22:00 horas de ese día, los tres procesados violaron a las dos menores, "aprovechando la situación de afectación de la voluntad debido a la ingesta de dicha sustancia", aunque los encausados siempre han mantenido en sus declaraciones judiciales que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Durante las violaciones, uno de los investigados grabó con el teléfono móvil a uno de sus amigos mientras mantenía las relaciones con la chica y envió la grabación a los otros mediante una aplicación.

El fármaco Zolpidem fue hallado en los análisis del cabello de una de las dos menores, pero no en la otra, aunque la juez considera que el resultado negativo no permite excluir "un consumo puntual" de esta sustancia que se hubiera producido a una pequeña dosis y no hubiese generado una concentración mínima para su detección en las pruebas de laboratorio realizadas.

La juez señala asimismo en el auto, según las fuentes consultadas, que el informe del médico forense precisa que entre los efectos de este fármaco se encuentran trastornos neuro-psiquiástricos como el sonambulismo y otros comportamientos, como "mantener relaciones sexuales con posterior amnesia de lo sucedido".

Además, la ingesta del alcohol, ya sea "aisladamente o en combinación con otras sustancias psicoactivas, produce efectos depresiones sobre el sistema nervioso central, tales como las alteraciones de juicio, desinhibición, pérdida de control corporal e incluso de la consciencia", señala la instructora.

En el auto, la juez ha procesado a los tres ciudadanos franceses por tres delitos de abusos y agresiones sexuales a cada uno de ellos: uno como autor material, por la violación que se atribuye a cada uno, y otros dos delitos como cooperador necesario de los abusos perpetrados por sus compañeros, delitos que podrían llevar una pena aparejada de entre ocho y doce años de cárcel cada uno. Además, la juez imputa a uno de los procesados un delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, por haber grabado con el teléfono móvil los abusos y difundirlo a los otros en un chat.

En cuanto al cuarto investigado, la juez considera que no hay indicios suficientes de su participación directa o por cooperación necesaria en los hechos, todo ello de acuerdo con la investigación practicada y atendiendo a las declaraciones de las menores, el análisis de los teléfonos móviles y de las declaraciones de los otros investigados.

En la misma resolución, la instructora ha ratificado la prisión provisional de los tres ciudadanos franceses, al estimar que no han variado las circunstancias que determinaron en su momento la adopción de esta medida, y también les ha impuesto una fianza de 30.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de su enjuiciamiento.