El juez de los contratos del SAS reclama a la Intervención de la Junta más documentación

El juez de Instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez, que investiga la querella del PSOE por las sucesivas prórrogas de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre los años 2021 y 2024, ha reclamado a la Intervención General de la Junta de Andalucía más documentación relacionada con uno de los expedientes que dio lugar a la emisión de la memoria sobre el proyecto de acuerdo del Consejo de Gobierno por el que "se sustituye el control previo de deteterminados gastos, órganos y servicios por el Control Financiero Permanente", que se realiza a posteriori.

Esa documentación, cuya incorporación a la causa fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción fue firmado por la entonces interventora general y actual viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, y fue incorporada al expediente 1.065/20, según detalla el juez en una providencia dictada con fecha 9 de abril. Además, el juez accede a otra petición de la Fiscalía Anticorrupción, para que se requiera a la Intervención General de la Junta los "expedientes completos relacionados con el informe de disconformidad de la Intervención Central del SAS, de fecha 11 de agosto de 2020", de un lado, y en el caso de "haberse emitido por la Intervención Central del SAS cualquier otro informe de disconformidad en expedientes de contratos seguidos por el trámite de emergencia en el periodo en el cual estaban sujetos a fiscalización previa, se remita toda la documentación relativa a la tramitación de dichos informes conforme a las previsiones recogidas en la ley general de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y el Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía".

La providencia del juez también incluye que se reitere a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, con los oportunos apercibimientos legales, para que "aporte todo informe, resolución o consulta elaborada en relación a la contratación por procedimiento de emergencia con vigencia en el periodo 2020-2023, así como las solicitudes de informes realizadas desde el ejercicio 2020 por cualquier Consejería de la Comunidad autónoma andaluza".

El instructor señala que esperará a recibir toda esta documentación antes de recibir declaración a los querellados, en alusión a la actual gerente del SAS, Valle García Sánchez, y sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, a fin de "tener una idea clara de los indicios existentes contra los mismos", precisa la providencia.

La querella del PSOE se dirige contra tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los dos primeros, que firmaron las resoluciones que acordaban contrataciones de emergencia por un importe de más de 242 millones de euros, son Miguel Ángel Guzmán, que llegó a ser viceconsejero de Salud, y Diego Vargas, a quienes atribuyen delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y de pertentencia a organización criminal. En una ampliación de la querella, el PSOE incluyó a la actual gerente del SAS, Valle García Sánchez, al estimar que las presuntas irregularidades se extienden incluso a contratos firmados durante este 2024.

Fuentes de esta acusación popular han señalado que la providencia del magistrado pone de manifiesto que la instrucción del caso de los contratos de emergencia "sigue avanzando con la petición de nueva documentación a instancia de la Fiscalía Anticorrupción".

La decisión del juez, según la acusación de los socialistas, en ningún caso niega la práctica de diligencias importantes como el interrogatorio de los querellados, la testifical de la Intervetora Central del SAS, o el auxilio pericial de la Intervención General del Estado. Por tanto, la instrucción del caso de los contratos de emergencia "sigue a buen ritmo y a la espera de que llegue el conjunto de pruebas documentales para pasar a adoptar diligencias de otra naturaleza como los interrogatorios, testificales o periciales", han añadido.