El juez de los contratos del SAS reclama información sobre los expedientes remitidos al Consejo de Gobierno de la Junta

El juez de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga la denuncia del PSOE sobre las prórrogas de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre los años 2021 y 2024, ha reclamado a la asesoría jurídica de la administración sanitaria información sobre los expedientes remitidos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En un oficio remitido a los letrados del SAS, el instructor desarrolla la práctica de diligencias acordadas tras la batería de documentos solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. El oficio reclama, en concreto, "todo expediente derivado de los contratos referidos a los expedientes tramitados por procedimientos de emergencia" por el SAS en el periodo 2021-2023, así como "cualquier documentación obrante en sus archivos relativos a dichos expedientes (informes jurídicos, consultas a la Intervención, comunicaciones con proveedores, borradores de contratos...) que hayan sido objeto de tramitación para Acuerdos del Consejo de Gobierno".

La Fiscalía Anticorrupción también solicitó la entrega de cualquier expediente derivado de las contrataciones efectuadas bajo dichos expedientes, "como modificaciones en cuantía y plazo o en cualquier otro elemento de los mismos, justificación de la ejecución del contrato, reclamaciones o quejas derivadas de su objeto", y el juez ha remitido otro oficio, en este caso dirigido directamente al SAS -no a la asesoría jurídica-, requiriendo la entrega de esta documentación.

En relación con la justificación de esas contrataciones y la prestación de estos servicios al amparo de los contratos de emergencia, la acusación popular que ejerce el PSOE ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, en el que solicita al juez que reclama al SAS la "totalidad de las peticiones médicas de desviación de pacientes a la sanidad privada por razón de emergencia, realizada por los médicos especialistas del SAS, en las que conste el tipo de intervención y/u operación médica contratada con cada clínica privada".

Investigar que las clínicas privadas "hayan podido facturar servicios realmente no prestados"

El objeto de esta petición, según explica el letrado del PSOE en el documento, deriva de la "necesidad de comprobar la verdadera prestación de los servicios" porque, según explica la "presentación de una mera factura no indicaría la prueba de la realidad de los mismos: pues, siendo obligación de la Administración una comprobación material que, según se aprecia por parte de la Intervención, no se habría realizado, es así que, en el contexto de descontrol total provocado por la ausencia de procedimiento, éste sería el único medio de investigar la posibilidad de que las clínicas privadas hayan podido facturar servicios realmente no prestados".

Dice el abogado de la acusación que a través de los informes de la Intervención Central del SAS han aflorado "relevantes indicios de que, presuntamente, el descontrol producido por la ausencia total del procedimiento" a tramitar por emergencia "a dedo" determinó que desde el SAS "ni tan siquiera llegara a constatarse la efectiva prestación de los servicios sanitarios; una ausencia de constatación producida bajo pleno conocimiento y aquiescencia por parte de los responsables de la Administración sanitaria", considera el denunciante.

La acusación concluye que, de confirmarse estos indicios, se trataría de una "modalidad malversadora distinta a la hasta ahora denunciada" y en este sentido cita los informes de la Intervención en los que se pone de manifiesto que en muchos de los expedientes analizados no hay constancia del "acta de recepción positiva de la inversión, o la misma no está debidamente firmada". Esta salvedad en el informe definitivo de control de cumplimiento normativa de tramitación de emergencia afecta al 53% de los expedientes de muestra analizados con respecto al ejercicio 2021, y al 100% de los expedientes de la muestra analizada en el informe definitivo de control de los ejercicios 2022-2023.

De ahí que la acusación también haya pedido al juez que, además de los expedientes de contratación, se aporte la totalidad de las "actas de recepción positiva de la inversión, que contengan las justificaciones de la prestación de los servicios contratados en cada expediente y las facturas que cada empresa haya emitido al SAS por cada servicio de cada contrato de emergencia". La utilidad de esta prueba, destaca la acusación, consiste en determinar el "sólido indicio que se contiene en los informes de la Intervención respecto a la absoluta inexistencia de los preceptivos actos de comprobación de la efectiva prestación del servicio por parte de la Administración; de lo que cabe indiciariamente colegir que pudieron haberse dado por buenos todos los servicios sanitarios (contratados por importe cien millonario) sin haberse comprobado la realidad material de la prestación de los mismos".

Reclama todos los contratos desde 2015 para su comparación

Por último, la acusación popular ha pedido al juez que se requiera al SAS para que aporte todos los expedientes completos de contratación con empresas privadas desde el año 2015 a la actualidad, tanto los contratos de emergencias como por cualquier modalidad contractual contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Según fuentes del caso, esta petición no implica que se quiera ampliar la investigación a los contratos realizados en ese periodo, en los que el PSOE gobernaba en Andalucía, sino que la relevancia de esa prueba consiste en comparar estos mismos servicios prestados antes y después de la pandemia bajo las reglas de la concurrencia empresarial, "lo cual constituirá un extremo relevante a peritar, en orden a determinar el grado de afectación a los caudales públicos".

En el escrito remitido al juez, al que tuvo acceso este periódico, el grupo parlamentario socialista sostiene que a través de los informes de la Intervención se constata que "se creó un sistema de contratación paralelo al legalmente establecido y con adjudicación así de millones de euros en contratos a dedo", lo que, según los interventores, "limitó los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación, integridad y concurrencia en la contratación pública, así como la eficiente utilización de fondos públicos, principios consagrados tanto en la normativa estatal, autonómica como de la UE".

A raíz de esta conclusión de la Intervención, la acusación popular asevera que al eliminar la concurrencia de empresas los contratos se adjudicaron "a mayor precio" porque "cuando desde el SAS se adjudica a dedo, necesariamente por parte de sus responsables se asumía como cierto que se iba a pagar por los servicios más dinero público del debido".

Como ejemplo, esta acusación recoge una serie de contratos realizados por un procedimiento "negociado sin publicidad que garantizó en esos casos, cierta pero limitada concurrencia" y así señala varios contratos en provincias como Cádiz, Jaén o Sevilla, en los que se licitaron contratos millonarios en los que compitieron varias empresas y en los que se produjo un "ahorro a las arcas públicas" de millones de euros, al haberse producido reducciones de hasta el 25 o el 31% del precio de licitación de estos contratos.