La Fiscalía se querella contra el portavoz de Adelante Andalucía por criticar a la Policía tras la muerte de un mantero en Sevilla

La Fiscalía Superior de Andalucía ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad (TSJA) una querella contra el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, por la posible comisión de un delito de injurias, en su caso a la Policía, por sus declaraciones después de que un mantero senegalés falleciese al tirarse al río Guadalquivir cuando huía de unos agentes que estaban en pleno dispositivo contra la venta ambulante ilegal en Sevilla. El suceso ocurrió el 29 de diciembre de 2024 y el político habló de "racismo institucional, violencia policial y represión".

El escrito de la querella, notificada este viernes al parlamentario andaluz por la Unidad de Policía Judicial Adscrita a la Fiscalía aunque hasta el lunes no se formalizará en la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, recoge las palabras vertidas por el actual portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía tras el ahogamiento del ciudadano senegalés Mamouth Bakhoum. El suceso provocó la pertinente investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, que el 23 de enero decretó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones al no apreciar indicio alguno de delito por parte de las autoridades.

El final de la investigación judicial no apagó la indignación de los compatriotas del fallecido y de distintos movimientos sociales. El 2 de enero, por ejemplo, hubo una concentración de compatriotas de Bakhoum. Fue allí donde García pronunció las palabras que ahora lo van a llevar ante el TSJA. "Lo que ha cometido la Policial Local de Sevilla es un acto de racismo institucional y del violencia policial y de represión que no puede volver a pasar. Es una muerte fruto del racismo y fruto de la violencia policial y fruto de la represión policial", aseveró.

También difundió esas opiniones en sus redes sociales y las repitió en una rueda de prensa el 17 de enero en la que igualmente acusó a las autoridades de no investigar el suceso "por tratarse de una persona migrante". Eso desencadenó la denuncia del Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS) y de la Sección Sindical de CSIF en el Ayuntamiento.

El delito que la Fiscalía Superior de Andalucía atribuye inicialmente a García es el de injurias contra los Ejércitos, Policía Local y Cuerpos y Fuerzas del Estado. Está recogido en el artículo 504.2 del Código Penal, que contempla penas de multa de entre doce y dieciocho meses. El caso será tratado por el TSJA porque García, al ser parlamentario autonómico, tiene la condición de aforado.

García: "Es un ataque a la libertad de expresión"

El protagonista, que ha sido quien ha adelantado la noticia este viernes, ha asegurado que mantiene sus declaraciones y ha denunciado que esta querella forma parte de "la deriva autoritaria del Estado" y supone "un ataque a la libertad de expresión de los cargos públicos", además de "un atropello a los derechos de cualquier ciudadano".

García también ha adelantado que ofrecerá "resistencia". "Otras personas tienen menos herramientas que un diputado para plantar cara, por eso yo me siento en la obligación de hacerlo. Vamos a defender los derechos humanos, los derechos de las personas migrantes y de los colectivos y activistas, vamos a defender la libertad de expresión y reunión y las protestas sociales que sean oportunas", ha avisado.

Los sindicatos, contentos

Los sindicatos denunciantes, por su parte, han recordado que "un juez ya dio la razón a la Policía Local y archivó la causa por la muerte del mantero senegalés". "El auto desmontaba la teoría que el señor García sigue defendiendo a día de hoy contra la actuación policial", destacan en un comunicado conjunto.

"El señor García quiere presentarse hoy nuevamente ante los medios de comunicación como mártir y manifiesta que con esta querella, él va a ser la única persona que se siente ante un tribunal", prosiguen. Sin embargo, matizan, el parlamentario "equivoca la libertad de expresión con la imputación en redes sociales de supuestos delitos a los policías que intervinieron en el desgraciado suceso".

El SPLS y CSIF también se felicitan por la decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía y anuncian que van a "seguir defendiendo el gran trabajo que realizan no sólo la Policía Local de Sevilla, sino el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".