Guía para entender el reparto del dinero entre las autonomías

La nueva distribución de los fondos del Estado que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado para la financiación de las comunidades autónomas se basa en varios pilares que llevan años sujetos a la controversia política. Porque de cómo se calculan determinados parámetros y del peso que se les concede a la hora del reparto de fondos depende el dinero total que los gobiernos autonómicos podrán gastar en sus territorios.

Los principales asuntos que van a estar centrar el debate político a partir de ahora son los siguientes:

1 Sistema de financiación autonómica. El objetivo del sistema es financiar los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que gestionan las comunidades autónomas como la sanidad, la educación o la dependencia. Por eso es importante la diferencia entre las comunidades, porque crea un agravio entre ciudadanos. El sistema de financiación no es un mecanismo de convergencia de renta entre territorios. Para eso está el Fondo de Compensación Interterritorial que está recogido en la Constitución.

2 Población ajustada. El cálculo del reparto de los fondos del Estado a las comunidades no se hace por la población real de cada territorio porque eso generaría una importante falta de recursos para las zonas más despobladas, para las que es más caro poner un centro de salud o un colegio. El modelo de financiación vigente hasta ahora tenía en cuenta siete grupos distintos para el cálculo de este parámetro, la propuesta del ministerio los amplía a 20 con el fin de que sea más equilibrado. Con el modelo que se aplica hasta ahora, Andalucía ha salido claramente perjudicada.

3 Ordinalidad. Es un principio que establece que las comunidades deberán recibir fondos en el mismo orden en el que lo aportan. Cataluña alega que como es la tercera comunidad que aporta recursos, debe ser la tercera en recibirlos. Oriol Junqueras salió el jueves de La Moncloa asegurando que este principio es básico en el nuevo sistema, pero la ministra de Hacienda, sin quitarle la razón, aseguró que no se cumple en todas las comunidades autónomas. Es una demanda que Cataluña lleva haciendo 40 años y frente a la que Andalucía, y la mayoría de las autonomías, está totalmente en contra. Hasta ahora no se aplica.

4 Bilateralidad y multilateralidad. La mayoría de las comunidades autónomas defienden que los asuntos que afectan a todas deben ser acordados por todas; es decir, negociados de manera multilateral. Las negociaciones bilaterales son las que se mantienen entre el Estado y una determinada comunidad autónoma sin que las demás puedan opinar sobre el contenido de las mismas.

5 Tributos cedidos. El Ministerio de Hacienda es quien recauda los principales impuestos que pagan los españoles, IRPF, IVA y los impuestos especiales al tabaco, el alcohol y el juego. Y con la cesión de una parte de estos tributos es con los que se surte a las comunidades autónomas. El debate está en qué porcentaje de estos impuestos se debe ceder a las autonomías.

6 El sistema de financiación se basa en principios como la población ajustada, la ordinalidad o la cesta de tributos cedidos fiscal o competencia desleal entre comunidades. Uno de los principales debates abiertos hace referencia a los impuestos. Las comunidades autónomas pueden legislar sobre algunos de ellos (el de sucesiones y donaciones, el de actos jurídicos documentados, una parte de la renta...). Desde el Ministerio de Hacienda defienden que comunidades como Madrid y Andalucía hacen competencia desleal al resto de territorios al rebajar los impuestos y luego, reclamar fondos al Estado. Desde la Junta andaluza argumentan que las bajadas fiscales activan la economía y, por lo tanto, aumentan la recaudación tributaria.

7 Solidaridad interterritorial. La situación económica de las comunidades autónomas no es homogénea; hay territorios que aportan más dinero, Madrid, Baleares y Cataluña, por ese orden, y otras que reciben más fondos de los que dan, como sucede con Andalucía. Con el fin de que todos los españoles tengan similares servicios públicos, el sistema de financiación autonómica establece mecanismos de solidaridad interterritorial, es decir, un fondo común a donde va el dinero que luego se reparte.

8 Mecanismos de nivelación. El actual sistema, y el nuevo planteado por la ministra Montero, recogen diferentes mecanismos técnicos para nivelar el reparto de fondos entre las comunidades.

9 Statu quo. La locución latina significa textualmente “en el estado en el que”. En el caso de la financiación autonómica se usa para denominar el lugar que ocupan las comunidades en la recepción de fondos. Cantabria es la comunidad que más recibe ahora y también lo seguirá manteniendo si sale adelante el proyecto de Montero. Se mantendrá el statu quo, un concepto frente al que siempre se ha situado Andalucía que precisamente quiere romper ese estado de la financiación.

10 Competencias no homogéneas. Todas las comunidades autónomas no tienen las mismas competencias delegadas del Estado. Andalucía tiene la unidad adscrita de Policía y la gestión de la Justicia, por ejemplo, mientras que otras autonomías, no.