La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto reanudar el juicio a la antigua cúpula de UGT-Andalucía el próximo 5 de marzo, casi un mes después de que las sesiones se interrumpiesen por un problema de salud del presidente del tribunal. El juez Ángel Márquez incluso tuvo que ser operado y todavía está de baja. En total se habrán suspendido ocho sesiones desde el 7 de febrero, día en el que se celebró la última sobre el presunto fraude que los responsables del sindicato cometieron hace ya diez años con ayudas públicas por un importe de 40,7 millones que desviaron del fin para el que se las concedió la Junta de Andalucía: organizar cursos de formación para trabajadores en paro.

El juicio comenzó el pasado 29 de enero y hasta ahora se han celebrado seis sesiones. El primer día se dedicó a las alegaciones previas de las defensas de los quince acusados, entre ellos el ex secretario general de la formación Francisco Fernández Sevilla, y del propio sindicato, que pidió que el presidente andaluz, Juanma Moreno, declarase como testigo. En la segunda sesión, el tribunal rechazó esa solicitud. Y a partir de ahí, a la espera de que los investigados comparezcan al final del juicio, han ido desfilando los guardias civiles que investigaron la supuesta trama corrupta y testigos como Roberto Macías, el antiguo trabajador que fue condenado por sacar información confidencial de los servidores del sindicato.

El 7 de febrero, jornada que contó con la intervención del entonces contable del sindicato, fue la última sesión. Eso significa que si la vista oral no se retomase el 8 de marzo como muy tarde, habría transcurrido el periodo máximo de 30 días que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 788) para tener suspendido un juicio como el de UGT, que corresponde a un procedimiento abreviado. En ese supuesto, nada de lo celebrado valdría y la Audiencia debería señalar una nueva fecha para reiniciar la vista desde cero.

La Fiscalía Anticorrupción reclama siete años de cárcel y una multa de 50 millones de euros para Fernández Sevilla y la misma pena para el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Goicoechea. Para la responsable del departamento de Compras, Dolores Sánchez, solicita cinco años de prisión y la misma multa de 50 millones.

Para los otros diez acusados, todos proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama tres años de prisión y multas de 3.600 euros. Además, en concepto de responsabilidad civil, interesa que Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con 40.750.047,74 euros; y Sánchez, con 4.288.707,74.