Dice el popular refranero “tengas pleitos y los ganes”, pero un abogado sevillano podría añadirle ahora “y los cobres”, porque un juzgado de Sanlúcar la Mayor ha tardado nada más y nada menos que diez años en aprobar una tasación de costas de un juicio verbal por un desahucio que se remonta al 18 de febrero de 2009.

El letrado David Vioque representó en ese juicio a la propietaria de una vivienda que desahució a una profesora de Instituto por el impago de la renta de alquiler que habían pactado.

La profesora fue desahuciada y condenada al pago de las costas, que ascienden a 14.433,34 euros, una cifra elevada porque en las mismas se incluyen una serie de gastos importantes por la realización de informes periciales –la profesora demandada alegaba para no pagar que había defectos en la vivienda- y otros por el lanzamiento, la expulsión de la casa, que además no quedó en muy buen estado.

Una vez concluido el proceso, en 2009, comienza el calvario para la aprobación de la tasación de las costas porque la mujer cambia de domicilio y no se le puede localizar. En estos diez años, el abogado ha presentado entre 25 y 30 escritos en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor, pidiendo que se localizara a la profesora demandada. Cuando finalmente es localizada, ya no residía en ese domicilio, por lo que se acudió al domicilio laboral, pero cuando fue a notificársele la resolución se había ya jubilado, por lo que tampoco fue posible.

Cuando todos los intentos habían resultado infructuosos, se dio traslado de la tasación a través de edictos en el tablón de anuncios del juzgado y es ahora, cuando han pasado estos diez años cuando se ha aprobado la tasación de los honorarios. “Esas costas no se van a cobrar nunca”, lamenta David Vioque, que recuerda que ahora tendrá que pedir la ejecución y habrá que notificárselo de nuevo a la demandada, pero calcula que todavía tendrán que pasar otros “cuatro o cinco años como mínimo” hasta que las costas sean finalmente cobradas, para lo cual y teniendo en cuenta que la demandada está jubilada, tendrían que intentar cobrarlo a través de la pensión de la Seguridad Social.

El letrado recuerda que estas costas es un dinero de su cliente, del propietario del inmueble, que ya abonó estos gastos además de los honorarios profesionales –abogado y procurador-, aunque reconoce que hay una “mala práctica entre los abogados que consiste en no cobrar a los clientes y hacerlo después de las costas”, pero en su origen las costas son un “resarcimiento de la parte que gana el pleito”.

David Vioque señala que este caso podría acabar finalmente en una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia, por el “mal funcionamiento de un servicio público” porque el retraso en la tasación de las costas se debe a la inactividad del juzgado que, según el letrado, ha acumulado periodos de entre tres y cuatro años sin proveer los escritos que iba presentando.

Los juzgados de Sanlúcar la Mayor figuran entre los más problemáticos de la provincia, algo que el abogado atribuye a que no disponen de los recursos suficientes, dado que a casi todos los órganos judiciales de esta localidad le faltan funcionarios y muchas de las plazas se consideran “de paso”, por lo que los jueces y secretarios no continúan en estos juzgados durante mucho tiempo.

“Es complicado explicarle el retraso al cliente, que piensa que no hacemos nada”, asegura el abogado David Vioque

El principal problema de esta situación lo tienen los profesionales a la hora de explicarles a sus clientes las demoras en la tramitación de los procesos en estos juzgados, como ha ocurrido con esta tasación de costas. “Eso es lo complicado, porque el cliente piensa que somos nosotros, los abogados, los responsables porque no hacemos nada”, lamenta David Vioque.

Y encima no se abonarán intereses por estos diez años que han transcurrido, dado que los intereses sólo empezarán a contar desde que se presente la demanda de ejecución de las costas, por lo que este tiempo son “años tirados a la basura” por los que no habrá ni siquiera resarcimiento de unos intereses, concluye.