Mafia del taxi

La magistrada instructora aprecia el “incumplimiento de la normativa municipal”

  • La juez ofreció al Consistorio ejercer la acusación, aunque Tussam ya está personada

Un patrullero de la Policía Local, en la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.

Un patrullero de la Policía Local, en la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo. / Antonio Pizarro

La titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, ofreció hace unos meses al Ayuntamiento de Sevilla que se personara en la macrocausa de la mafia del taxi para ejercer la acusación particular, después de apreciar la instructora que en el sumario “consta una infracción e incumplimiento de instrucciones y normativa municipal en la materia”. De momento, la instructora no concreta en la providencia en la que cita a declarar como investigado a Juan Carlos Cabrera cuáles son los motivos por los que ha adoptado esta decisión.

Tras el ofrecimiento de acciones, el Ayuntamiento de Sevilla no se ha personado como tal puesto que en la causa ya está personado a través de la empresa municipal de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), en relación con las amenazas y daños realizados a los conductores y vehículos de la empresa que cubre el trayecto de la línea del aeropuerto.

Con respecto a la posibilidad de que el Ayuntamiento ejerza las acciones penales, el secretario del Consistorio, Luis Enrique Flores, realizó un informe en el que sostiene que “sólo cuando el Ayuntamiento puede haber sido especialmente perjudicado por la presunta comisión del delito, su legitimación se ejercitaría como acusación particular”.

Para el secretario, sería “conveniente” replantear las causas en las que está actualmente personado el Consistorio, dejando a la Fiscalía aquellos supuestos de “defensa de la legalidad”.

La macrocausa está dividida en varias piezas separadas para agilizar la instrucción

La juez que instruye la macrocausa de la mafia del taxi ha dividido el sumario en varias piezas separadas de investigación el proceso para agilizar su tramitación. De un lado, está la pieza principal, que es además la más avanzada y en la que están imputados 32 taxistas, que es la relacionada con las supuestas coacciones y amenazas en el monopolio de la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.

En una segunda pieza, no menos importante, se investigan las presuntas amenazas y ataques a los conductores de Vehículos de Transporte Concertado (VTC), hechos entre los que se incluyen el incendio en Castilblanco de los Arroyo de los nueve coches de Cabify en la madrugada del 2 de mayo de 2017, durante la Feria de Abril. Por el incendio de estos coches la Guardia Civil detuvo en junio de 2018 al taxista F. B. H., de 41 años y conocido como el Melli, por su presunta relación con el fuego.

También se investiga otra denuncia del taxista imputado por la quema de los Cabify por detención ilegal y a la que se sumaría también la denuncia presentada por una hermana de este taxista, que también acusa de detención ilegal a los agentes de la Guardia Civil que fueron a preguntarle por los hechos denunciados.

En diciembre pasado, la Policía remitió a esta misma juez la investigación contra otros doce taxistas presuntamente relacionados con la suspensión el 22 de noviembre de un mitin de la candidata del PSOE a la Junta Susana Díaz en el Teatro Romero de San Juan de Aznalfarache.

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