Falso testimonio del Cuco y su madre

El juez ordena investigar si las 600 horas grabadas al Cuco están manipuladas

  • La verificación fue solicitada por la defensa y la Fiscalía, que también ha pedido el “cotejo” de las mismas con las conversaciones que fundamentan la denuncia por falso testimonio

El supuesto infiltrado en el entorno del Cuco, en los juzgados. El supuesto infiltrado en el entorno del Cuco, en los juzgados.

El supuesto infiltrado en el entorno del Cuco, en los juzgados. / juan carlos vázquez

El juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, ha ordenado a la Policía Científica que verifique las grabaciones originales entregadas por la familia de Marta del Castillo, que fueron realizadas por el supuesto infiltrado en el entorno del Cuco y en las que se basa la denuncia por falso testimonio, con la finalidad de “determinar y/o descartar posibles manipulaciones”.

El abogado del Cuco y de su madre, Agustín Martínez –y antes Rafael Ramírez García del Junco– han reclamado al instructor que comprobara precisamente que las grabaciones no habían sido manipuladas, y esta petición también ha sido realizada por la Fiscalía de Sevilla, que en un escrito fechado el 4 de mayo, al que ha tenido acceso este periódico, solicitó al magistrado que acordara la verificación de las grabaciones originales por parte de la Policía Científica para descartar posibles manipulaciones.

El abogado Agustín Martínez aseguró que el Cuco y su madre no saben dónde está Marta

El Ministerio Público solicitó además que se procesa al “cotejo de las conversaciones, una vez descartada su manipulación, con las transcritas en la denuncia y que fundamentan la imputación de los investigados”.

El abogado Agustín Martínez Becerra, que también defiende a los jóvenes sevillanos de la Manada, aseguró en su día que el proceso contra el Cuco y su madre no tenía “ningún sentido”.

Agustín Martínez señaló entonces que si en las 600 horas de grabación que realizó el supuesto infiltrado “no ha salido en ningún momento dónde está el cuerpo de Marta es porque esta familia no lo sabe. ¿Qué problema tendrían en decir dónde está el cuerpo? ¿Qué gana el Cuco con no decir dónde está?”, se preguntó el abogado del Cuco, que recordó que el joven ya ha “cumplido su condena” por el encubrimiento del asesinato de Marta del Castillo.

Los padres de Marta entregaron al juez las grabaciones originales del supuesto infiltrado

En julio del año pasado, los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, entregaron en el juzgado las grabaciones originales realizadas por el supuesto infiltrado. La abogada de los padres, Inmaculada Torres, hizo entrega de dos dispositivos electrónicos mp3, así como un disco duro y un pendrive donde se recogen las 600 horas de grabación que el supuesto infiltrado realizó en el entorno y en la familia del Cuco.

La defensa de Francisco Javier García Marín, el Cuco, y de su madre, Rosalía García, habían requerido al juez solicitara a la acusación la entrega de las grabaciones originales para que se puedan “someter a contradicción las mismas, teniendo en cuenta que han podido ser cortadas, superpuestas o manipuladas, y este dato es más que probable ya que la persona que las aporta tiene condenas por delitos de falsificación y de estafa, entre otros”, aseguró entonces el abogado del Cuco.

El juez Carlos Mahón procesó al Cuco y a su madre por un delito de falso testimonio, en relación con la declaración que ambos prestaron en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo, al estimar que ambos “urdieron un plan que tenía como única finalidad engañar al tribunal acerca de lo realmente acaecido el día 24 de enero de 2009”, cuando fue asesinada Marta del Castillo.

En enero de 2017, los padres del Cuco, Rosalía García y Ángel Romero –ya fallecido–, rechazaron las grabaciones del supuesto infiltrado. Tanto los padres como el propio Cuco, Javier García Marín, se acogieron a su derecho a no declarar en esta causa abierta por un delito de falso testimonio, en relación con las manifestaciones que hicieron en el año 2012 durante el juicio celebrado por el asesinato de Marta del Castillo en la Audiencia de Sevilla y que terminó con la condena única de Miguel Carcaño como autor del asesinato de la joven.

El abogado Rafael Ramírez García del Junco, que representaba anteriormente al Cuco y a su madre, explicó que éstos se habían acogido a su derecho a no declarar porque entienden que las grabaciones del supuesto infiltrado son “nulas e ilegales” y si accedían a declarar sobre las mismas estarían “validando” su contenido, que no reconocen.

En la denuncia que motivó la apertura de esta causa, los padres de Marta recordaban que la sentencia de la Audiencia de Sevilla ordenó que se dedujera testimonio contra el Cuco, para que se investigara si el joven había incurrido en un delito contra la Administración de Justicia, por falso testimonio en su declaración en la vista oral.

La defensa considera que las grabaciones de la familia del Cuco son “nulas e ilegales”

La sentencia recogía que durante el juicio el Cuco “no sólo negó haber estado en el domicilio de León XIII” –donde se cometió el asesinato– en la tarde noche del 24 de enero de 2009, sino que “también fue mendaz en decir que estuvo esa tarde noche con amigos en franjas horarias que éstos han negado”, de ahí que los magistrados dedujeran testimonio para que se investigase ese posible delito de falso testimonio.

La denuncia también se dirigió contra los padres del Cuco, después de que éstos reconocieran en un programa de televisión que habían “mentido” en el juicio para “darle una coartada” a su hijo, hechos que podrían acreditarse presuntamente con las grabaciones que a su vez realizó el supuesto infiltrado.

Los padres del Cuco dijeron que a la una y media de la madrugada del 25 de enero al llegar a su casa comprobaron que el entonces menor estaba allí, aunque en realidad a esa hora se hallaban en el bar La Portada.

La prueba sobre las grabaciones acordada ahora por el juez determinará si las mismas son una prueba de cargo válida para acreditar el falso testimonio y puede acabar con la causa en el caso de que se demuestre que han podido ser manipuladas.

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