La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla comenzó este jueves a juzgar por fin a seis agentes de la Policía Nacional de la comisaría del Distrito Macarena a quienes los propietarios de una tienda en la Ronda de Pío XII acusan de quitarles unos 17.000 euros durante una operación contra el contrabando de tabaco el 19 de mayo de 2015. Los agentes se declararon inocentes y, aunque uno reconoció que salió del local con “un fajo de billetes en el bolsillo trasero” de su pantalón, aclaró ante el tribunal que lo hizo para “quemar el último cartucho”, como estrategia para que los dueños le revelaran dónde estaba el “almacén grande” donde supuestamente escondían la mercancía.

Los propietarios del establecimiento, un matrimonio de ciudadanos rumanos, solicitan cuatro años y medio de cárcel para cada policía por un delito de hurto y otro de falsedad documental. La Fiscalía, en cambio, pide la absolución de todos. En el trámite de cuestiones previas, la representante del Ministerio Público ha recordado que los acusadores tienen en su currículum una condena firme de un año y nueve meses de prisión por un delito de contrabando y ha sugerido que esta denuncia podría responder a un “móvil espurio”, según informó Europa Press.

No son los únicos en esta causa con antecedentes: uno de los policías, E.M.C., llegó a la Audiencia desde la cárcel porque en 2019 fue condenado por allanamiento de morada, detención ilegal y falsedad documental tras entrar sin permiso ni orden judicial en el domicilio de un presunto traficante de droga al que intervino 80 gramos de cocaína. Este acusado reconoció que había girado una de las cámaras de seguridad del establecimiento, pero no con la intención de que no grabase el supuesto hurto. “Pregunté a la dueña por qué tenía tantas cámaras en un local tan pequeño y me dijo que eran de mentira porque los niños le robaban muchas chuches. Giré una, le dije que eran de verdad y me echó un rapapolvo. Me tomó por tonto y opté por irme porque el ambiente estaba caldeándose”, alegó.

Los policías acusados, que estuvieron apartados del servicio durante más de dos años y medio por esta denuncia, también aclararon que no hicieron constar en ningún documento oficial el dinero que encontraron “diseminado” por el establecimiento, unos 8.000 euros, porque el recuento, al no haber delito, “no iba a ningún lado”.