El positivo en Covid de un abogado de la defensa ha obligado este martes a suspender el tercer juicio de los ERE, en el que se investigan las ayudas de 8 millones concedidas a las empresas del corcho de la Sierra Norte de Sevilla. El presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia, el magistrado Carlos Lledó, ha decidido que la vista oral se reanude el próximo martes, 17 de mayo, cuando comparecerán los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que realizaron el informe sobre las subvenciones concedidas por la dirección general de Trabajo.

Se trata de la segunda suspensión que sufre este tercer juicio de los ERE por un positivo en coronavirus, la anterior suspensión tuvo lugar el pasado 19 de abril, debido igualmente al contagio de uno de los abogados de la defensa. Tras la declaración de los peritos, que se espera finalice ese mismo día 17, el tribunal tomará declaración a los cinco acusados.

En este juicio están acusadas cinco personas por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, como presuntos responsables penales, y también las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera y una entidad bancaria como responsables civiles subsidiarios.

Los cinco procesados en esta causa son Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, Rogelio Becerra Martín; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira; el alcalde de Cazalla de la Sierra Sotero Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; y un responsable de una entidad bancaria, Gerardo de la Cruz Elías, que "facilitó mediante su firma" la obtención "fraudulenta" del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el instructor en el auto de procesamiento.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los cinco investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que ha solicitado para Ángel Rodríguez de la Borbolla la pena de 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Sotero Martín Barrero, Rogelio Becerra Martín, Fernando Pedro Moreira; y 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para el quinto acusado, Gerardo de la Cruz.