Estafa hipotecaria

El fiscal no ve estafa en la compra del piso de unos ancianos

  • Tenían “plena capacidad” y hacen un relato “inverosímil” del engaño sufrido

El juicio se celebró en la Audiencia de Sevilla El juicio se celebró en la Audiencia de Sevilla

El juicio se celebró en la Audiencia de Sevilla

La Fiscalía pidió este martes la absolución de dos personas acusadas de estafar a un matrimonio anciano en la compra de su piso. Frente a los seis y siete años de cárcel que solicitó el abogado de la pareja, la fiscal del caso afirmó al tribunal de la Audiencia de Sevilla que “no hay elementos de la estafa, ni siquiera indiciarios” y negó que se tratase de un matrimonio desvalido sino que el esposo había sido empleado de banca y había gestionado el patrimonio familiar.

La acusación particular que ejercen los denunciantes retiró los cargos contra uno de los tres acusados iniciales pero mantuvo su petición de siete años de cárcel para el empresario M.D.C., que compró el piso, y para J.J.C.S., que supuestamente actuó como “gancho de un plan preconcebido".

El abogado del matrimonio reiteró su relato de que creían estar firmando una refinanciación de sus deudas mediante un préstamo hipotecario pero la realidad es que firmaron ante notario la venta de su vivienda familiar por un precio de 25.980 euros.

Parte de su demanda son 15.000 euros para la esposa y 5.000 para el marido por daño moral, por “la angustia de no saber si podrían ser desahuciados en cualquier momento”.

Pero la fiscal recordó que el propio hijo de la pareja reconoció en el juicio que su padre tenía “plena capacidad” para gestionar su patrimonio y que fue el propio anciano quien buscó al intermediario acusado para vender su vivienda. Además tardó nueve meses en interponer su querella, lo que contrasta con una supuesta situación económica tan difícil, añadió la fiscal.

Más duros fueron en sus informes los abogados de la defensa, quienes destacaron que la venta se hizo ante notario, que la palabra “compra-venta” es la primera que aparece en el documento y que el propio fedatario no la habría autorizado si alguna de las partes le hubiese indicado que no era eso lo que querían firmar.

Añadió la defensa que la supuesta “gran invalidez” de la esposa contrasta con el hecho de que hace menos de un mes el forense de los juzgados la declarase apta para acudir al juicio, por lo que concluyó que ambos denunciantes “eran plenamente conscientes y estaban capacitados para distinguir  una compra-venta de un préstamo hipotecario”.

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