Manoel Silva Rodrigues, el sargento brasileño que cumple seis años de cárcel en Sevilla por traficar con 37 kilos de cocaína en un avión de la comitiva del presidente de su país, ha sido trasladado a la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), provincia donde tiene un familiar.

El traslado ha sido a petición del interesado, una vez que el tribunal que le condenó en Sevilla determinó que debe cumplir en España la totalidad de la pena hasta que obtenga el tercer grado o la libertad condicional, según informan a este periódico fuentes del caso.

Manoel Silva, de 38 años, es un sargento de la Fuerza Aérea Brasileña que el 25 de junio de 2019 fue detenido en el aeropuerto de Sevilla con 37 kilos de cocaína de gran pureza durante una escala de un avión de la comitiva del presidente de su país, Jair Bolsonaro, que se dirigía a una cumbre del G-20 en Japón.

Su sentencia en España es firme y en breve lo será también la que dicten las autoridades judiciales militares brasileñas, pues el juez militar Federico Magno de Melo rechazó el pasado 13 de septiembre  la declaración de dos nuevos testigos pedidos por el fiscal.

La causa judicial tuvo su último capítulo el 20 de agosto, cuando Silva Rodrigues presenció por videoconferencia desde la prisión de Sevilla-1 las declaraciones como testigos en Brasilia de cuatro militares que viajaron con él en el avión presidencial: Denis Benini Souza, Francisco Ernaldo Alves Pereira, Thais Lima Dos Santos y Larissa Mara de Araújo.

Según la denuncia del fiscal militar,  Silva abordó la aeronave presidencial “antes que la misma tripulación, cosa que sorprendió a los mecánicos” y una vez a bordo colocó su equipaje junto al último sillón y permaneció durante todo el vuelo custodiándolo de cerca.

En octubre de 2019, el propio Silva declaró en la Fiscalía de Cooperación Internacional de Sevilla ante una comisión militar brasileña desplazada a España, ante la cual se acogió a su derecho a no declarar pero exculpó a su esposa y a un compañero de trabajo.

Una fiscal de Cooperación Internacional estuvo también  presente en la cárcel de Sevilla mientras Silva presenciaba por videoconferencia mediante WhatsApp la declaración de los cuatro testigos en Brasil.

El juez rechazó los dos nuevos testigos propuestos por el fiscal para no prolongar “más allá de lo razonable la duración del proceso, ya retrasado debido a la pandemia actual” de COVID-19.

La Justicia militar brasileña abrió esta causa por ser un delito cometido por un militar en activo que aprovechó su condición como tal para llevar a cabo un tráfico de drogas que “comenzó en Brasil y se extendió a suelo español”. En Brasil, la Justicia militar tiene competencia para juzgar los delitos cometidos a bordo de navíos o aeronaves.

Silva Rodrigues puede ser condenado a penas de entre 5 y 15 años de cárcel. En su caso le aplican la agravante de haberse prevalido de su función pública.