Filtración de las oposiciones de la Policía Local

El sindicato de la Policía Local espera que la juez "entienda que la sentencia es inejecutable"

Entrega de nuevas motocicletas a la Policía Local de Sevilla, en una imagen de archivo.

Entrega de nuevas motocicletas a la Policía Local de Sevilla, en una imagen de archivo. / josé angel garcía

El sindicato mayoritario de la Policía Local de Sevilla, el SPPME-A, espera que la juez de lo Contencioso-administrativo encargada de la ejecución de la sentencia que anuló unas oposiciones de la Policía Local del año 2012 "entienda que la sentencia es inejecutable" y ha mostrado su apoyo a los 25 agentes que se han dado de baja tras el anuncio por parte del Ayuntamiento de que serán cesados en septiembre pasado.

El presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPME-A) en Sevilla, Luis Val, ha dicho a este periódico que entiende "la situación de ansiedad que los agentes inmersos en este proceso están sufriendo y comprendemos que son momentos duros y complicados". 

Los servicios jurídicos municipales están estudiando la situación generada por estas bajas en cascada de los agentes de la Policía Local afectados por la sentencia y, en este sentido, Luis Val ha señalado que "hay que comprender que para ejercer las funciones policiales debes estar al 100% mentalmente y lógicamente las bajas laborales las tramitan los médicos de la Seguridad Social previo estudio del paciente".

"No perdemos la esperanza de que la juez entienda que la sentencia es inejecutable por los diversos motivos que las defensas han manifestado ante el tribunal", ha añadido el representante sindical con respecto a la decisión que debe adoptar la juez sobre la ejecución de la sentencia.

Antes de que se produjeran estas últimas actuaciones, un grupo de 31 policías locales de Sevilla afectados por la sentencia que obliga a repetir el caso práctico de las oposiciones del año 2012 han presentado un "incidente de ejecución" en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7, en el que plantean la imposibilidad material de ejecutar la sentencia con el cese de todos estos agentes y que se indemnice al denunciante por parte del Ayuntamiento, dado que el cese de los funcionarios once años después de que lograran sus plazas supone "una brecha para la seguridad en la ciudad" y además acarrearía la "muerte civil" desde el punto de vista económico y familiar.

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