El Gobierno central impulsó a través de los decretos dictados durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus la posibilidad de paralizar los desahucios y los lanzamientos para los hogares vulnerables. En Sevilla, la empresa municipal de vivienda (Emvisesa) ha reclamado al juez el desahucio de una familia que reside desde 2009 en una vivienda del Polígono Aeropuerto de Sevilla, debido a una deuda de 4.500 euros del pago de la renta de alquiler.

En el piso, según explica el abogado de la familia, José María Carnero, viven cinco personas, dos hermanos y la familia de uno de ellos, que tiene dos hijos menores de edad, uno de ellos con una discapacidad del 36%. El juzgado ha fijado el lanzamiento para el próximo 15 de febrero, pero el letrado se ha opuesto al desalojo acogiéndose al decreto ley 11/20, de 31 de marzo, que permite suspender los desahucios mientras dure el estado de alarma a las familias que están en una situación de “especial vulnerabilidad”.

El abogado ha remitido un escrito al juzgado en el que señala que los ingresos familiares se han visto gravemente afectados debido a la pandemia del coronavirus, por lo que no han podido hacer frente a los pagos, dado que “todos los miembros de la unidad familiar se encuentran en situación de desempleo, y no son beneficiarios de prestaciones por desempleo ni de otro tipo de ayudas”. Los únicos ingresos familiares son los 387,64 euros mensuales que percibe la madre como cuidadora no profesional, por los cuidados de su hijo, que tiene reconocida una discapacidad del 36%.

Los únicos ingresos son los 387,64 euros que percibe la madre por el cuidado del hijo

El abogado de la familia ha aportado documentos al juzgado para acreditar que la unidad familiar afectada por el desahucio se encuentra entre los procesos de vulnerabilidad social o económica y, por tanto, puede acogerse al mecanismo de suspensión excepcional del acto de lanzamiento previsto para el próximo 15 de febrero. Por ello, el letrado pide la suspensión inmediata del lanzamiento, al menos hasta que “los servicios sociales competentes tomen las medidas que estimen oportunas, de acuerdo con lo que establece el artículo 1 del Real Decreto 11/20, y pueda garantizarse de forma fehaciente que no exista riesgo para la salud” de su representado y de la unidad familiar.

“Si el Ayuntamiento continúa adelante con el desahucio será contradictorio con las políticas que nos anuncian cada día, encaminadas a no dejar a nadie en la calle durante esta terrible pandemia que nos asuela”, comenta José María Carnero, que añade lo siguiente: “No deja de sorprenderme que el Ayuntamiento nos remita a los servicios sociales, al mismo tiempo que pretende dejar en la calle a menores de edad en el peor momento de la pandemia sanitaria. Quiero pensar que es descoordinación, no mala fe”, concluye el abogado.

¿Y qué dice el Ayuntamiento sobre este desahucio?

En primer lugar, el Consistorio señala que el expediente no se abrió por motivos económicos sino por incumplimiento del protocolo de convivencia aprobado por Emvisesa, en concreto, por el subarriendo o cesión ilegal de una vivienda pública en alquiler. Así, señala que en el año 2018 se realizó una inspección en la vivienda y constató que en la misma reside una mujer con su hijo y que ésta afirma que ha abonado al titular de la vivienda –su cuñado– 4.000 euros y que le paga a él las cuotas del alquiler.

Y aunque el Consistorio insiste en que el expediente de recuperación de la vivienda se inicia por subarriendo o cesión ilegal, el letrado de la familia explica que la demanda le fue notificada el 30 de septiembre de 2019 y que la misma se produce por “falta de pago del alquiler y reclamación de cantidad”.

Desde el Ayuntamiento reiteran que no es un desahucio por motivos económicos, puesto que están “prohibidos por Emvisesa, que tiene un programa de ayudas para cualquier familia que no pueda pagar”. Sin embargo, en una diligencia del juzgado que lleva el caso dictada el 16 de septiembre de 2020, a la que ha tenido acceso este periódico, se requiere al inquilino para que “en el plazo de diez días desaloje el inmueble” y “pague la totalidad de la deuda reclamada (4.500 euros más las rentas que se devenguen hasta la entrega de la posesión efectiva)” o formule oposición al desahucio.

El Ayuntamiento alega que el desahucio no es por impago sino por el subarriendo del piso

El Ayuntamiento añade que no ha recibido ni alegaciones ni recursos ni se ha solicitado por parte de la familia una alternativa habitacional o ayudas sociales a través de la oficina municipal por el derecho a una vivienda digna. Y tampoco consta en el expediente, según estas fuentes, que en la vivienda resida un menor con discapacidad, ni se ha alegado esta situación en ningún momento ante Emvisesa. “No se solicita ni se alegan problemas económicos o se pide informe de excepcionalidad para darle acceso a otra vivienda”, explicaron fuentes municipales, que agregaron que ante esta situación el consejo de administración de Emvisesa aprobó “por unanimidad la recuperación de la vivienda por subarriendo ilegal”.

Lo cierto es que, ya sea por motivos económicos o por el subarriendo ilegal, lo que sí parece claro es que el desahucio –que ya se suspendió en una ocasión en 2020–, va a afectar a una familia que tiene todos sus miembros en paro, con un hijo con discapacidad, y en medio de la enorme crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

Plazo de tres meses

Una vez que este periódico contactó con el Ayuntamiento, Emvisesa asegura que está revisando la documentación que la familia ha presentado en el juzgado, que según fuentes municipales “no se había notificado ni comunicado a Emvisesa”, y se va a dar un plazo de tres meses para que acrediten “si están en una situación de vulnerabilidad y se puedan analizar distintos escenarios en caso de que así sea”, algo que la empresa municipal de vivienda va a plantear en un escrito que enviará mañana al juzgado que lleva el caso.