Juicio por despido en 2022

"Me quedé sin palabras, 3 años desde la fecha del despido, me parece increíble. Han tardado 5 meses en tramitar y fechar un juicio, es vergonzoso. La probabilidad de que la empresa cierre en 3 años es altísima, más aún con la situación económica que estamos y estaremos a nivel mundial con la llegada del coronavirus, eso me deja totalmente desvalida, creo que mis derechos no van a poder ser reclamados. Tengo una gran sensación de impotencia”.

Este es el correo electrónico que le envía una trabajadora a su abogado, Miguel Cuéllar, después de que éste le informara de que el juicio por su despido ha sido fijado (tomen nota) para las 10:40 horas del 22 de noviembre del año 2022, según el decreto firmado por la letrada de la Administración de Justicia de un juzgado de lo Social de Sevilla.

La demanda por despido se presentó en diciembre de 2019, con lo que el juicio, si no hay ninguna suspensión, se celebrará tres años después, mientras que las prestaciones por desempleo se agotan a los dos años. El abogado Miguel Cuéllar explica que este procedimiento es previo a la alerta sanitaria por el coronavirus y la declaración del estado de alarma. “Esto es un endemismo sevillano: no hay tal retraso en los señalamientos en la jurisdicción Social en ninguna otra comunidad autónoma ni en ninguna otra plaza de Andalucía”, asevera.

Si la situación de colapso de la jurisdicción que resuelve los litigios laborales ya era evidente antes de la declaración del estado de alarma y la limitación de la actividad judicial a los servicios esenciales, la crisis del coronavirus puede acabar de darle la puntilla a estos juzgados. “Parece inconcebible la pasividad de los responsables de la Administración de Justicia ante este despropósito estructural que puede ser dramático en los meses venideros”, añade Miguel Cuéllar.

De hecho, la Consejería de Justicia había elaborado antes de la alerta sanitaria del Covid-19 un plan de choque para combatir el atasco de los juzgados de lo Social, en el que estaba previsto reforzar desde marzo pasado los juzgados de Sevilla, Málaga y Almería para reducir a la mitad los 400 días que se tarda de media en celebrar un juicio por despido (aunque la realidad muestra, como en el caso mencionado, que se pueden superar los 900 días de espera, esos tres años).

La crisis del Covid-19 se ha cargado este plan, pero desde la Consejería de Justicia aseguran que se va a “rediseñar” el proyecto, en el marco del plan de choque que el Ministerio de Justicia ya ha anunciado que se pondrá en marcha en los 15 días siguientes al levantamiento del estado de alarma.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha elaborado, a su vez, un centenar de medidas organizativas y procesales para ese plan de choque con el que se pretende evitar el colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma.

El plan que están consensuando el Ministerio de Justicia y el máximo órgano de gobierno de los jueces plantea medida para cada una de las jurisdicciones, dado que la paralización de la Administración de Justicia durante la crisis del coronavirus lastrará a todos los ámbitos de la Justicia.

El propio CGPJ reconoce que la pandemia va a producir un impacto de “gran magnitud” en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del orden social, con un “fuerte incremento de los procesos por despido”, así como de los distintos litigios laborales, como las extinciones de contrato del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores –que establece la extinción por voluntad del trabajador en casos por ejemplo de falta de pago o retrasos continuados de los salarios–; reclamaciones de salarios en materia de prestaciones por desempleo, determinación de contingencia o por cese de actividad de trabajadores autónomos.

En este sentido, el Poder Judicial ha propuesto reformas en materia procesal como la ampliación de los plazos de caducidad en la mediación y/o conciliación preprocesal; o la realización de los actos de conciliación y juicio en dos convocatorias diferentes, lo que permitiría agilizar la resolución de los procesos.

Asimismo, se aboga por generalizar la comunicación telemática de los juzgados con los servicios de mediación, el FOGASA u órganos de la administración y por potenciar el dictado de sentencias ‘in voce’.

Para descargar las agendas de señalamiento, proponen introducir en la ley reguladora de la jurisdicción social la “contestación escrita en procesos de Seguridad Social”.

Y en materia de ERTE, el CGPJ ha propuesto modificaciones legales para facilitar las impugnaciones conforme a la modalidad procesal de conflictos colectivos, para contribuir a que la controversia se resuelva “en un único pleito”.

Todas estas propuestas pueden resultar interesantes, pero lo cierto es que si el plan no lleva aparejada una suficiente dotación económica volverá ser un nuevo fracaso que perjudicará, todavía más si cabe, la maltrecha situación en la que se encuentra la jurisdicción Social.