La investigación del mayor brote de listeriosis declarado en España se dilata más de lo que desea la propia juez que lo investiga. En agosto se cumplirán dos años desde que se decretó la alerta sanitaria por el contagio de la carne mechada fabricada por Magrudis bajo la firma La Mechá y que provocó cuatro fallecimientos, seis abortos y más de 200 afectados.

Ha sido la propia juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, la que ha lamentado en un reciente auto la demora de la investigación, aunque la misma resulta aparentemente comprensible dado el número de perjudicados. “Es cierto que la presente instrucción se está alargando más de lo deseado y que pudiera intuirse en un principio, debido a que aún quedan por practicarse informes médicos y determinar el número real de afectados por listeriosis como consecuencia del consumo de productos de Magrudis”, ha explicado la magistrada en esa resolución dictada el pasado 8 de febrero y a la que ha tenido acceso este periódico.

Y es que, salvando esos informes médicos, que son fundamentales para determinar los perjuicios y valorar las posibles responsabilidades e indemnizaciones para los afectados, a la instrucción de la causa no le quedarían muchos flecos. Ya hay un informe pericial que ha concluido que la carne mechada contaminada superaba entre “3.700 y 149.900 veces la contaminación máxima tolerable” de esta bacteria que la normativa vigente permite en los alimentos.

Además, según el perito, “independientemente de que el peligro de la listeria monocytogenes entrase por una vía u otra, por una materia prima o por otra, por una especie o por otra, por el aire al abrir las puertas de los muelles o por las ventanas que parece tenían permanentemente abiertas, lo trascendente para que el peligro de la listeria monocytogenes no se minimizase hasta límites tolerables, sino todo lo contrario, ha sido la mala praxis general detectada” en Magrudis.

La juez lamenta en un auto la demora en el cierre de la causa por la carne contaminada

En la causa también se han practicado las declaraciones de los investigados y de testigos, y la juez ha acordado los embargos correspondientes. Y los principales implicados, los dueños de Magrudis, están ya en libertad provisional tras haber pasado seis meses en prisión.

De hecho, el transcurso del tiempo y la pandemia del coronavirus han determinado que se hayan suavizado incluso las comparecencias que los dueños de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo Sandro, deben efectuar regularmente ante el juzgado desde que fueran puestos en libertad en marzo de 2020, coincidiendo con la declaración del estado de alarma por el coronavirus.

En el auto en el que la juez se lamenta de la demora de la investigación ha decidido igualmente mantener las comparecencias de ambos investigados los días 1 y 15 de cada mes, medida que se adoptó en diciembre pasado y que había sido recurrida por la acusación particular que ejerce Facua, que consideraba que el cierre perimetral de Andalucía y la situación sanitaria no disminuían el riesgo de fuga de los investigados. Hasta diciembre pasado, Marín Ponce y su hijo estaban obligados a presentarse en el juzgado cada lunes, pero la juez decidió suavizar estas presentaciones debido a la pandemia del Covid-19.

La pandemia del Covid-19 suaviza las comparecencias de los principales investigados

La instructora recuerda  en la resolución que la alerta sanitaria continúa y se mantiene un nuevo estado de alarma a nivel nacional para contener la propagación del virus, y añade que la tasa de contagios “continúa al alza”. Por ello, considera que “quizás sea innecesario obligar a los investigados a desplazarse hasta Sevilla para cumplir con la obligación apud acta impuesta” en marzo de 2020.

Argumenta la juez que “incluso podemos poner en riesgo su salud y la de los demás de forma innecesaria, ya que precisamente todas las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias tienen como fin, para evitar la expansión de la epidemia, evitar los desplazamientos innecesarios”.

De esta forma, afirma que la medida adoptada en diciembre es “acertada”, puesto que con la misma se “evita el riesgo de fuga y además se cumplen las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias, evitando que los investigados se desplacen hasta este juzgado con el consiguiente peligro para la salud e integridad física que puede acarrear dicho desplazamiento”.

La última decisión sobre si hay que endurecer o no las comparecencias la tendrá la Audiencia, dado que la medida se ha recurrido en apelación.