Secreto de sumario

Las multas de ‘regreso al futuro’

  • El Ayuntamiento envía diez años después ocho multas de la zona azul que ya fueron cobradas y que tienen incluso sentencia firme

  • Eleva incomprensiblemente la cuantía de 360 a 41.688 euros

Una de las multas que han sido notificadas diez años después Una de las multas que han sido notificadas diez años después

Una de las multas que han sido notificadas diez años después

Multas de la zona azul de hace diez años, en su día pagadas y la mayoría ganadas en los tribunales de Justicia, que vuelven a ser notificadas al ciudadano. Esta es la pesadilla que está viviendo actualmente una abogada sevillana que ha visto cómo en 2019 el Ayuntamiento le ha notificado otra vez ocho multas que se remontan a los años 2008 y 2009. Se trata de sanciones por estacionamientos en la zona azul, cerca de los juzgados del Prado o de su despacho profesional en el barrio de Los Remedios, que conllevaban el pago de entre 30 y 50 euros cada una. En total, el Ayuntamiento le embargó 360 euros por las ocho infracciones a la ordenanza municipal de tráfico.

La abogada recurrió en reposición, en la vía administrativa ante el Ayuntamiento, cada una de estas sanciones, y la directora del departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria, Cristina Iglesias, le notificó en el año 2009 sendas resoluciones desestimando cada uno de esos recursos. Pero la letrada impugnó todas estas multas en los tribunales de lo Contencioso-administrativo, algo que desgraciadamente no está al alcance de la mayoría de los ciudadanos por el consiguiente coste que conlleva un pleito y que al final hace que el collar cueste más que el perro, al tratarse de pequeñas cuantías como las que se le impusieron en su momento.

La mayoría de estas multas fueron anuladas por los jueces de lo Contencioso

Varios juzgados de lo Contencioso-Administrativo resolvieron entre los años 2013 y 2015 todos los recursos y dictaron sentencias firmes que, en la mayoría de los casos, dieron la razón a la conductora sancionada, bien porque se habían producido defectos en la notificación de las sanciones o porque éstas habían ya prescrito. Y en algunos casos, los jueces condenaron incluso al Ayuntamiento al pago de las costas procesales.

La abogada comenta que es “sorprendente e inaceptable” que diez años después el Consistorio hispalense le haya vuelto a notificar estas multas, en concreto, la desestimación de los recursos de reposición que había presentado en el año 2009, lo que implica la continuación del procedimiento.

Y el problema añadido es que esas sanciones vienen ahora con unos importes desorbitados. Así, por las ocho multas que le fueron impuestas (seis por importe de 50 euros y dos de 30), el Ayuntamiento le reclama ahora 5.761 euros por cada una de las seis primeras y 3.561 por cada una de las otras dos, lo que hace un total de 41.688 euros por esas ocho infracciones de la zona azul.

Sirva como ejemplo de estas ocho multa la documentación que se adjunta, donde puede observarse cómo el Ayuntamiento de Sevilla dictó el 30 de noviembre de 2009 una resolución por la que desestima el recurso de reposición que había presentado la letrada contra una multa de la zona azul que data del 25 de febrero de 2008.

La abogada sancionada, tras desestimar el Consistorio este recurso, impugnó la multa en la vía Contencioso-Administrativa, y así, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Sevilla dictó con fecha 11 de marzo de 2014 una sentencia firme que dio la razón a la demandante, anulando la decisión del Consistorio, al considerar que no consta acreditado que las notificaciones de esta sanción se publicaran en el “tablón de anuncios del último domicilio conocido”, un requisito que se exigía en ese momento, por lo que la juez concluía que se había “privado a la actora de la posibilidad de formular alegaciones frente a la denuncia, que ligada a la vulneración del derecho de defensa, que se produjo, derivándose de ello la nulidad de la resolución sancionadora”.

Como consecuencia de esa sentencia, la directora del departamento de Recaudación y relaciones con el contribuyente, la misma funcionaria Cristina Iglesias, dictó una resolución el 8 de julio de 2014 por la que se devolvió a la letrada el importe de la sanción, más los intereses legales: 68,10 euros.

Sin embargo, esta funcionaria firma la resolución que se notifica a la conductora el 12 de febrero de 2019, es decir, diez años después de la primera resolución, en la que de nuevo se desestima el recurso de reposición contra la multa impuesta en febrero de 2008. Pero, para sorpresa de la abogada afectada, en este caso el importe de la sanción que figura en el importe de liquidación asciende a 5.761 euros, no a los 50 euros iniciales.

Tras recibir esta nueva notificación, la letrada acudió a la Agencia Tributaria de Sevilla, donde presentó toda la documentación relacionada con estas sanciones de tráfico, así como las correspondientes sentencias firmes que han recaído sobre las mismas.

La Agencia Tributaria alega que se trata de un “error informático” sin mayor importancia

En el Ayuntamiento le indicaron, desde un primer momento, que se trataba de un “error informático”, puesto que habían cambiado de empresa informática y no sabía cómo había podido producirse este error. En un segundo contacto, tras haber analizado la documentación, le reiteraron que se trata de un error informático que, según el Consistorio, “no tiene mayor importancia” y también le indicaron sobre el exceso de las cuantías que puede deberse a que haya “bailado una coma”.

La letrada se queja de que no han dictado hasta la fecha ninguna resolución que deje sin efecto esas decisiones administrativas. Desde el Ayuntamiento insisten en que se trata de un problema que se ha dado con otras personas y le aseguran que no tiene ninguna deuda con las arcas municipales, pero la conductora perjudicada no tiene a día de hoy ninguna seguridad de que no le vayan a embargar la cuenta por estas multas que han “regresado al futuro”, como la popular saga cinematográfica que protagonizó Michael J. Fox.

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