El plan de ampliación de la Feria de Sevilla es inviable para el Estado

Un proyecto de ampliación de la Feria en fase embrionaria, que presenta un elevado nivel de complejidad objetiva para que prospere y para el que se necesita obligatoriamente el plácet del Gobierno de España, con el que no se ha iniciado el proceso de negociación política-institucional, sino únicamente la vía burocrática ante un funcionariado al que se ha remitido una misiva (con fecha del pasado 23 de abril) del que ya hay precedentes de su posición ante este tipo de solicitudes. El Ayuntamiento necesita la cesión de tres parcelas por parte del Estado para retranquear la Calle del Infierno y ganar el espacio necesario para 225 nuevas casetas. Se trata de terrenos que tienen unas extensiones en metros cuadrados de 63.670, 46.903 y 167.6060, respectivamente. Ha anunciado a bombo y platillo que la ampliación se costeará mediante un sistema de colaboración público-privada. Y aquí radica el gran impedimento, porque el Estado basa las cesiones gratuitas única y exclusivamente en el interés general sin que haya ningún interés lucrativo por ninguna parte. Así se hizo a finales de los años sesenta cuando la Administración cedió los terrenos para la mudanza de la Feria a los Remedios. Se trataba de un proyecto de ciudad, no de un negocio para empresas.

Según lo explicado por el Ayuntamiento el mes pasado, una UTE de tres empresas se haría cargo de la ampliación. El Ayuntamiento realizaría una concesión a estas sociedades por un período de 28 años, tiempo en el que el Consistorio abonaría un canon anual de 2,9 millones a las sociedades. Si se sigue el criterio aplicado por el Estado hace solo tres años para rechazar la cesión gratuita de terrenos del Paseo de Marqués del Contadero, la operación de la ampliación de la Feria tiene muy pocas opciones de prosperar. Habría que negociar mucho y poniendo otros factores encima de la mesa. La mera referencia a esos posibles factores compensatorios supondría entrar en el terreno de la especulación. El Estado se negó a la cesión en el caso de Marqués del Contadero porque suponía intereses para empresas particulares, concretamente del sector turístico.

Los expertos en la materia recuerdan que la definición jurídica de la operación –tal como está anunciada por el Ayuntamiento– es la de un contrato de obra pública, no la de una concesión. Porque en la concesión quien asume el riesgo es la empresa adjudicataria, no la Administración Pública (Ayuntamiento de Sevilla). Distinto es que el Consistorio pueda abonar algún complemento, como ocurrió en el caso de las Setas de la Encarnación cuando se pagó una cantidad para que el acceso siguiera siguiendo gratis para los sevillanos. Pero el riesgo general era y es asumido por la empresa concesionaria. El Ayuntamiento se limita a efectuar la concesión y no sufre merma ni con el pago de un canon elevado y de larga duración, ni en caso de que la empresa concesionaria no obtenga resultados favorables.

En el plan anunciado es el Ayuntamiento el que se endeuda con el canon durante 28 años, asume ese riesgo por mucho que explique que recibirá ingresos por otros conceptos, como las tasas de los titulares de las nuevas casetas. En cualquier caso la idea principal es que el Estado no cede terrenos para el lucro de empresas particulares.

Se considera que lo más adecuado hubiera sido iniciar un período de conversaciones en el ámbito político para consensuar la búsqueda de una solución a un proyecto de los considerados de ciudad y que, además, tiene muchas afecciones para vecinos del entorno, que tendrán más próximas las atracciones de la Calle del Infierno, como las tiene para empresarios, titulares de casetas que cambian de ubicación, etcétera. Se ha dado por hecho un proyecto que necesita del concurso activo y la bendición de una parte (el Estado)a la que solo se le ha remitido una carta y por la vía funcionarial. ¿Dónde podría ver el Estado una justificación para aprobar la cesión gratuita? Tal vez en el aumento de edificabilidad de otras parcelas que tenga en Sevilla.

La forma de proceder del Ayuntamiento ha extrañado. Es un caso similar al del intento de cobro de la visita turística de la Plaza de España, un monumento del que el Consistorio no es el único titular. El Ayuntamiento anunció en febrero del año pasado su intención de cobrar por la visita al principal monumento de la Exposición Iberoamericana. La polémica alcanzó un eco nacional. De momento todo sigue como estaba. El Gobierno de España mostró en todo momento un rechazo rotundo. Su oposición es determinante para que salga adelante la propuesta del regidor sevillano, puesto que el Estado es el titular de los edificios que se ubican en la galería que rodea la plaza de España y de la balaustrada y los bancos que identifican a las provincias, mientras que el Ayuntamiento es el propietario del espacio abierto delimitado por ese conjunto.

El Ayuntamiento aseguró en septiembre que ya tenía decidido “acotar” el espacio de la Plaza de España que pertenece al Consistorio. Se trata del espacio al aire libre comprendido entre la balaustrada de acceso y los bancos de las provincias, donde se cobrarían entre “tres y cuatro euros” por la visita a los turistas con la finalidad de costear la vigilancia de la plaza y las labores permanentes de conservación.