Agridulce aniversario en La Haya

El miércoles se cumplieron diez años del nacimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), un aniversario que se celebrará en su sede de La Haya con sentimientos encontrados: el alto tribunal ha demostrado determinación en su lucha contra la impunidad pero también ha sido acusado de "parcialidad" por algunos países.

Desde que el 11 de abril de 2002, cuando se depositó el decimosexto instrumento de ratificación ante la ONU (y con ello nació formalmente la CPI), la alta instancia penal permanente, que cuenta 120 miembros, ha centrado su trabajo casi exclusivamente en África.

Los siete casos investigados hasta la fecha se refieren a ese continente, entre ellos en la República Democrática del Congo, Sudán, Kenia o Costa de Marfil. Por ello, algunos sectores críticos lo han etiquetado de "tribunal africano".

Las investigaciones del fiscal jefe, el jurista argentino Luis Moreno-Ocampo, se han focalizado en casos como el del presidente de Sudán, Omar al Bashir, acusado por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra y contra quien pesa una orden internacional de captura -aunque sigue moviéndose libremente-, o en el del ex líder de la milicia congoleña Thomas Lubanga, al cual la CPI declaró el mes pasado culpable de enrolar en su Ejército a niños como soldados.

Otras críticas pasan por el hecho de que no todos los países que integran el sistema de la ONU han querido reconocer la jurisdicción de la CPI, entre ellos EEUU, Israel, China o la India.

El tribunal acusó formalmente a 28 personas y abrió procesos contra 22 presuntos criminales. Además, ha emitido órdenes internacionales de detención contra 19, según su web. Cinco personas están en la cárcel del tribunal y uno de ellos, Lubanga, fue encontrado culpable, a la espera de que se fije su condena específica.

La CPI se inspira en el Tribunal de Núremberg, que en 1945 juzgó a los criminales nazis tras la II Guerra Mundial, y en el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que en 1946 juzgó en Tokio a los criminales nipones, aliados del dictador Adolf Hitler.

También hubo otros precedentes históricos: en los años 90, tras el final de la Guerra Fría, la comunidad internacional impulsó la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), que en estos momentos juzga, entre otros, al ex general serbobosnio Ratko Mladic por genocidio y crímenes contra la humanidad, o el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).

No obstante, debido a que se trata de tribunales nacidos para juzgar crímenes cometidos durante un espacio temporal específico, por ejemplo la ex Guerra de Bosnia (1992-1995), y centrados en un conflicto armado muy concreto, la comunidad internacional buscó la creación de un organismo penal internacional permanente.

El objetivo de la CPI es funcionar como "un tribunal independiente, permanente, para juzgar a personas acusadas de los crímenes más graves a nivel internacional, especialmente genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra", informa en su web.

El 1 de julio de 2002, poco después de que entrase en vigor el Tratado que creó la CPI, basado en al estatuto de Roma (firmado por 120 países el 17 de julio de 1998, su base jurídica), Ocampo explicaba cuáles serían sus metas. "Espero profundamente que las atrocidades que la humanidad ha sufrido durante el siglo XX nos sirvan como dolorosa lección, y que la creación de la CPI nos ayude a prevenir que ese tipo de atrocidades se repitan en el futuro", aseguraba el argentino, quien en junio será sustituido por la jurista gambiana Fatou Bensouda, hasta ahora vicefiscal jefe.

En todo caso, el balance de esta primera década de actividad del tribunal penal permanente es matizado. Stephen Lamony, experto en temas de África dentro de la Coalición por la CPI, una alianza de asociaciones no gubernamentales que apoya el trabajo del tribunal, pone en duda la idoneidad de Bensouda en aras de la necesaria neutralidad de la CPI.

"El hecho de que el nuevo fiscal sea oriundo de un país africano le complicará más las cosas a la propia Bensouda porque tendrá que soportar presiones desde diferentes sectores", comentó Lamony a la radio internacional de Holanda.

Richard Dicker, experto en temas jurídicos de Human Rights Watch, también se muestra escéptico: "Aunque los gobiernos han reconocido el buen papel de la CPI en la resolución de crisis y conflictos, algunos le han tratado como un instrumento que pueden manipular a su conveniencia para conseguir objetivos políticos", lamentó.