Primero, la caravana del líder de las encuestas recibe unos balazos; más tarde, es encarcelado por corrupción y se le impide presentarse a las elecciones. El nuevo favorito propone que la gente pueda comprar armas para defenderse; poco después, recibe un navajazo en la barriga mientras hace campaña.

Parece un guión de Netflix, pero es la campaña de las presidenciales de Brasil. El primer turno tendrá lugar el domingo 7 de octubre, del cual saldrán dos candidatos para el segundo turno, el día 28. No está de más subrayar que el elegido tendrá que lidiar con un Parlamento compuesto por unos 25 partidos y formar gobierno con una docena de ellos, sobre la base de acuerdos que suelen responder a una lógica clientelista. Si añadimos que Brasil es un país realmente federal, lo cierto es que el presidente tiene un margen de maniobra limitado. Y, sin embargo, en esta elección presidencial el pueblo brasileño se está jugando el futuro de una democracia que ahora cumple 30 años.Esta elección viene marcada por tres fenómenos. Una crisis económica profunda que en 2015-2017 borró de un plumazo un 7% del PIB del país y dobló la tasa de paro. Una ofensiva judicial sin precedentes, la operación Lava Jato, que está destruyendo a gran parte de la clase política. Y el desplazamiento del debate político de los modos de comunicación tradicionales hacia la redes sociales, que crea oportunidades para candidaturas heterodoxas en un contexto de radicalización.Con estos mimbres, se podía esperar la demolición del sistema tradicional de partidos, dominado por una polarización entre el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula (presidente entre 2003 y 2011) y el PSDB (centro-derecha). Pero no ha sido así: el ex presidente ha liderado durante meses las encuestas hasta rozar el 40% de la intención de voto, estableciendo un potente relato victimista. Lula, ahora preso, es ya una especie de candidato antisistema, además de ser objeto de la nostalgia de los que se beneficiaron de sus programas públicos.El momento clave fue el impeachment de su sucesora, Dilma Rousseff, en 2016, que el PT sigue presentando como un golpe de Estado, pero que permitió que la derecha gobernara durante gran parte de la crisis económica. El resultado fue que el gobierno actual tuvo que adoptar medidas impopulares pero necesarias para sanear la cuentas del Estado. El presidente Temer ha alcanzado tales cotas de impopularidad que no puede ni pensar en ser candidato. De hecho, la derecha tradicional no ha conseguido encontrar a un candidato competitivo, dejando vía libre a Jair Bolsonaro, un ultraderechista que encabeza las encuestas.El encarcelamiento de Lula no ha hecho más que reforzar ese relato victimista del PT. Lula sólo renunció a ser candidato a tres semanas de las elecciones y nombró a su sucesor desde la celda: Fernando Haddad, su antiguo ministro de educación y ex alcalde de São Paulo. La elección es astuta: por un lado, el dedazo de Lula garantiza a Haddad el voto de sus fieles; por el otro, Haddad tiene un perfil centrista y saneó las cuentas públicas cuando era alcalde, lo cual debería tranquilizar a unos nerviosos mercados financieros. Es cierto que el programa del PT ignora algunas reformas que el país necesita para controlar la deuda pública.Desde el anuncio de la candidatura, el paisaje se ha aclarado en las encuestas: Haddad ha subido como la espuma hasta más allá del 20% en la intención de voto, aún superado por un Bolsonaro que se ha encontrado con su propio relato victimista a golpe de navaja. Todo indica que ambos se enfrentarán en el segundo turno, pero nada puede darse por supuesto en este imprevisible proceso electoral.