TTIP: regular la globalización

Un mercado potencial de 850 millones de consumidores, un aumento de 120.000 millones de euros anuales en el PIB europeo y un impulso clave para lograr la ansiada reindustrialización de Europa. Éstos son los principales argumentos puestos sobre la mesa para llevar a buen puerto las negociaciones entre la Comisión Europea (CE) y Estados Unidos para alcanzar una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. Más conocido por sus siglas en ingles, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), el acuerdo supondría facilitar el acceso europeo al mercado estadounidense (y a la inversa) con una serie de rebajas arancelarias, la reducción de las barreras no arancelarias y el aumento la compatibilidad reglamentaria.

Se trata de una de las prioridades de la legislatura europea iniciada el pasado año, pero también de uno de los asuntos más polémicos que se debaten en Bruselas. Tanto es así que en el último pleno del Parlamento Europeo, que debía aprobar un informe de los eurodiputados con recomendaciones a la CE para las negociaciones, el punto referente al TTIP tuvo que ser retirado del orden del día ante las 116 enmiendas presentadas, que evidencian la falta de consenso.

Aunque es la Comisión Europea la que negocia, el tratado tendrá que ser aprobado por el Parlamento Europeo y los 28 estados miembros. Y la opinión del Parlamento está fragmentada: por un lado, los grupos más escorados a los extremos del arco ideológico, que rechazan las negociaciones, y por otro, los grandes grupos políticos que consideran necesario el acuerdo pero que, como expresan los socialistas y los liberales, también tienen sus recelos respecto al contenido del mismo. Y esos recelos han derivado en una división aún mayor (especialmente patente en el grupo socialista): hasta 89 votos particulares se llegaron a solicitar para la votación aplazada (para un plenario de 751 diputados).

El TTIP, que busca crear un gran bloque comercial ante el imparable crecimiento chino, regulará un amplio listado de materias: contratación pública, seguridad alimentaria, la prestación de los servicios públicos, el comercio de productos químicos, cosméticos o farmacéuticos; los derechos de los trabajadores o la energía y las materias primas. También se establecerán medidas para las pequeñas y medianas empresas, de competencia o sobre el derecho a la propiedad intelectual. Muchos de esos aspectos han generado la suspicacia y el rechazo de partidos políticos y colectivos ciudadanos, un rechazo que en el plano político se ha focalizado en el carácter inicialmente privado del tribunal de arbitraje que se crearía para dirimir los conflictos que puedan surgir entre inversores y estados, la chispa que prendió el fuego en el pasado pleno europeo.

El ISDS, siglas en inglés de ese mecanismo de arbitraje, suponía la creación de una instancia al margen de los estados para solventar esos litigios, cuyos árbitros serían abogados especializados en derecho comercial. Una propuesta que se encontró con la oposición de diputados de todos los partidos y colectivos en toda Europa, ante la cual la Comisión Europea añadió la posibilidad de crear un tribunal internacional y un órgano de apelación, en este caso con jueces nombrados por cada uno de los países. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento, encargada de redactar el informe, acordó reclamar una solución de arbitraje con "jueces independientes nominados de manera pública", audiencias públicas y un mecanismo de apelación. Y en todo caso tendrá que respetar la jurisdicción de los tribunales de la UE y de sus estados miembros.

Pero ese acuerdo en comisión no acallaba la polémica. Los grupos políticos que sí quieren el tratado con EEUU estaban de acuerdo en incluir un mecanismo distinto de arbitraje, pero la redacción del informe avivaba el debate a sólo unos días de su aprobación en pleno. El martes 10, el día antes de la votación, la sede del Parlamento en Estrasburgo era un hervidero de debates, reuniones y declaraciones a la prensa. Hasta que con 116 enmiendas sobre la mesa y los 89 votos particulares solicitados, el presidente del Parlamento, Martin Schulz, decidió tirar de reglamento para aplazar la votación del informe del Parlamento Europeo sobre el TTIP y devolverlo a la Comisión de Comercio Internacional para el debate de las enmiendas (éste se producirá el día 29). El Parlamento quiere transmitir una imagen de consenso y de fuerza a la Comisión Europea y EEUU, única fórmula para que sus propuestas sean consideradas, y el enconamiento de cada grupo del plenario hacía augurar incluso un posible rechazo al informe.

Lo ocurrido con el ISDS es un ejemplo de la desconfianza que genera un tratado que empezó a negociarse en 2013. Pero no es ni mucho menos el único recelo. En el informe elaborado por los diputados de la comisión de Comercio, estos marcan una serie de líneas rojas a la CE. Así, reclaman una lista "exhaustiva" de productos agrícolas e industriales sensibles que quedarían excluidos de la liberalización o sujetos a periodos transitorios más largos. Instan a reconocer estándares equivalentes de salud pública en cuanto a salud alimentaria y animal, pero siempre respetando el principio "de precaución" de la UE y rechazando la autorización de productos químicos o sustancias para clonación y alteración endocrina. En el capítulo de energía reclaman que se incluya el respeto a los estándares ambientales de la UE y consideran que la protección de datos no es negociable. Una exigencia fundamental para los diputados es que los servicios públicos queden fuera del acuerdo y otra que EEUU ratifique y aplique las ocho convenciones principales de la Organización Internacional del Trabajo.

El informe elaborado por los eurodiputados también resalta los beneficios que puede tener el tratado. "El PIB de la UE depende en gran medida del comercio y la exportación", señalan, y el tratado podría suponer un fuerte impulso al objetivo de cubrir un 20% del PIB europeo con la actividad industrial en 2020.

"Ante todo, un tratado de libre comercio sea del tipo que sea es un medio, no un fin, es un medio para conseguir el progreso económico. Ese progreso también conlleva un aumento del nivel de vida y del empleo", apunta el popular Santiago Fisas, miembro de la Comisión de Comercio Internacional. "Va a permitir un aumento global del PIB del 0,5% para la UE y el 0,4% para EEUU", prosigue, aunque "es cierto que eso no puede ser a cualquier precio. En ningún caso vamos a aceptar un tratado que perjudique unos criterios que para nosotros son básicos por parte de la UE". ¿Cuáles son? "Los estándares europeos de protección del consumidor, de servicios, de control del medio ambiente, de los productos sanitarios, de los productos agrícolas o los derechos de los trabajadores", señala.

En ello parece haber consenso. "Merece la pena que haya un informe del Parlamento Europeo que marque condiciones a los negociadores", señala Sergio Gutiérrez, del grupo socialista. "Relaciones comerciales va a haber siempre", recuerda. De hecho, Estados Unidos es el principal socio comercial y mercado de exportación de la UE y se calcula que los intercambios comerciales de bienes y servicios entre ambos lados del Atlántico representan un media de casi 2.000 millones de euros al día.

En el caso concreto de Andalucía, se abre un mercado "interesantísimo" en palabras de la eurodiputada socialista Clara Aguilera, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pero siempre que se resuelvan algunas incertidumbres. Por ejemplo, la política referente a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas tan comunes en Andalucía (jamón, jerez, aceite, caballa), uno de los puntos de fricción de las negociaciones. "Nos cuesta mucho que reconozcan las denominaciones de origen cada vez que llega un tratado. EEUU no nos lo reconoce de momento. Eso para mí es problema preocupante, porque hemos invertido mucho en denominaciones, IGP, política de calidad, y si no se garantiza la protección, un vino de Florida lo pueden vender como Jerez".

Otro aspecto que puede ser resuelto vía TTIP son las barreras no arancelarias, "fitosanitarias", que se encuentran algunos productos andaluces a la hora de ser exportados a EEUU, sobre todo los cárnicos. Aceite de oliva y vino también podrían beneficiarse, destaca Aguilera. "Ahora te imponen protocolos para cada región. Si logramos eliminarlos sería beneficioso". Con todos esos elementos, la eurodiputada mira con cautela: "Si las especificidades del sector agroalimentario de la producción andaluza, española y europea no se salvaguardan debidamente, y ahora mismo en los papeles que conozco no lo están, está muy genérico, tengo clara mi votación".

Para Maite Pagazaurtundúa, de UPyD (inscrito en el grupo liberal), la negociación del acuerdo es necesaria en el contexto internacional, pero siempre con la máxima transparencia. Porque al final "estamos hablando de regular la globalización".

Del bloque de izquierdas llega una oposición frontal. IU, Podemos, o grupos nacionalistas con presencia europea aseguran en un manifiesto conjunto que el TTIP supondrá "cambios estructurales que modificarán para siempre nuestros estándares de vida, destruyendo libertados y derechos conquistados durante décadas para ponerlos al servicio del beneficio de unas pocas multinacionales". A estos partidos les preocupa que el tratado conlleve "privatizaciones de servicios públicos, la desregulación y la barra libre en las relaciones laborales, la seguridad alimentaria y el principio de precaución". Por ello, aseguran "seguiremos luchando para tumbar este tratado".