González Macho, imputado por un fraude en las ayudas al cine

El productor y ex presidente de la Academia de Cine Enrique González Macho salió ayer al paso de las informaciones sobre su imputación y afirmó que empresa, Alta Films, productora, distribuidora y exhibidora, no ha cometido "ninguna irregularidad", en referencia a las noticias publicadas esta semana en la prensa acerca de las irregularidades en la obtención de subvenciones para la producción cinematográfica.

"No he comprado en mi vida una entrada", manifestó González Macho al hilo de una información publicada por el diario madrileño El País, que revelaba un informe sobre las ayudas públicas en el sector en el que aparece como investigado el que fuera presidente de la Academia de Cine desde 2011 hasta este mismo año. "Lo único que puedo decir es que Ocho apellidos catalanes va de cojones de bien, que creo que ésa es la noticia del cine español", quiso zanjar el empresario.

Sin embargo, la noticia también es otra. El País adelantaba, de hecho, que González Macho se encuentra imputado, junto al también productor Edmundo Gil, por falsear los datos de recaudación y de espectadores de la película Rosa y negro, con capital español y francés, con el único fin de conseguir subvenciones del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura cifra este presunto fraude en 731.900 euros, según informó el citado periódico. De acuerdo con estas mismas informaciones, que citan fuentes jurídicas, la Fiscalía contempla solicitar una pena de seis meses de prisión para González Macho, junto con una multa que puede rebasar el millón de euros y una posterior inhabilitación para recibir nuevas subvenciones durante un periodo de nueve meses.

Según la información que obra ya en poder de la Justicia, hubo sesiones matinales de Rosa y negro que jamás llegaron a ser anunciadas en las carteleras de los periódicos nacionales. Fueron ésas, según las pesquisas, con las que se simuló la recaudación y el número de espectadores. La productora española de la película, Flamenco Films, de Edmundo Gil, compró entradas para llegar al cupo mínimo de 30.000 espectadores, el establecido por ley para tener derecho a obtener una subvención automática. La cinta fue luego distribuida y exhibida por Alta Films y Alta Classics, empresas ambas de González Macho, cerradas hace un par de años.

La investigación la está llevando a cabo la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, coordinada por José Javier Polo, en colaboración con cuatro jueces de la capital. Hasta ahora, según las revelaciones que han salido a la luz durante esta semana, estos delitos implican al menos a 42 películas producidas en los últimos cinco años.