Es decir, a examen. Y cada contendiente intentará llevar el ejercicio a su terreno, que no será necesariamente el de mayor interés, sino en el que mejor se mueven y en el que esperan mayor rédito electoral. No hay que confiar, por tanto, en debates rigurosos, sino en un intenso fuego cruzado de información veraz, medias verdades y también falsedades, que aceptaremos o rechazaremos en función de nuestra predisposición a hacerlo, es decir, de los filtros ideológicos que apliquemos.

Dedicaremos las próximas entregas de esta tribuna semanal a desgranar la información relevante sobre las cuestiones que se postulan como centrales en el debate. Entre ellas algunas de ámbito nacional porque, a pesar de la pretensión de la presidenta de que hablemos sólo de Andalucía, resultará imposible impedir que se cuele la tensión política que se vive en España, en vísperas de un intenso año electoral.

La reforma de la Constitución y el futuro modelo territorial del Estado, tan urgente para Sánchez antes de llegar a La Moncloa que incluso promovió la creación de una Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico en el Congreso, pero de la que se tienen pocas noticias, será una de las cuestiones estrella. Está en el ambiente y es una de las grandes bazas electorales de Díaz por diferentes razones. La primera es que su firme oposición a las asimetrías y privilegios territoriales puede aglutinar sensibilidades dentro y fuera de Andalucía, incluso dentro de su propio partido, al tiempo que reforzar su proyección política nacional. La segunda es que en esta cuestión tiene claramente ganada la delantera a la oposición en Andalucía, muy condicionada por el discurso institucional de sus respectivos partidos a nivel nacional, y no es previsible que acepte ceder un solo centímetro de su ventaja. Se trata de un tema de marcado carácter político, pero con evidentes connotaciones económicas en materia de financiación autonómica y equidad.

Las oportunidades de la oposición vuelven a colgar del axioma del atraso secular de Andalucía, tras casi cuatro décadas de gobierno monocolor, con dos agarraderas importantes. La primera es la corrupción, que puede ser observada desde la perspectiva de la economía institucional. Si la población recibe estímulos para buscar el progreso individual por la vía del esfuerzo y el trabajo, tendremos una sociedad muy diferente a la que se organiza en torno al amiguismo y la sindicación. La segunda es el retorno de Andalucía al grupo de las regiones más pobres de Europa. Un auténtico varapalo para el gobierno, que proporciona a la oposición un flanco por donde intentar desalojar al PSOE de la Junta. Al comienzo de esta legislatura, el PIB por habitante en Andalucía era un 25,8% inferior al promedio español y el número de parados el 24,5% del total de España. A final de 2017, la distancia en PIB por habitante era del 26,1%, que es el mismo porcentaje que el de parados antes del verano. Los datos, en general, indican que no ha sido una legislatura para sacar pecho, pero oportunidades similares han existido en el pasado, sin que la oposición haya sabido, hasta el momento, sacar rédito electoral de ellas.