España está atravesando una crisis política e institucional sin precedentes. La sumisión y el acatamiento del Presidente del Gobierno de España, y su ejecutivo, a independentistas y herederos de ETA para seguir en La Moncloa, hace que nuestro país esté atravesando una de las páginas más negras de su historia democrática. En medio de este convulso panorama, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -Policía Nacional y Guardia Civil- siguen reivindicando unas demandas, a todas luces justas, que requieren la atención inmediata y la respuesta contundente por parte del Gobierno de Pedro Sánchez como son la declaración de profesión de riesgo y la equiparación salarial con el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales.

De más está recordar que los hombres y las mujeres que integran estos Cuerpos, realizan su encomiable labor con un compromiso, un tesón y una profesionalidad ejemplares y que les ha hecho ser merecedores del cariño, del respeto y del reconocimiento del conjunto de la sociedad española. Dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia y la seguridad y a garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos.

Sin embargo, sufren una discriminación a la que el Gobierno de España no da solución y alarga en el tiempo, llegando a ser ignorados y objeto de un maltrato irresponsable. Son los propios Guardias Civiles y Policías Nacionales los que han señalado que el Gobierno de España ha establecido policías de primera y policías de segunda debido a la persistencia del Ejecutivo central de no ser declarados profesión de riesgo, a diferencia de otros cuerpos policiales, conllevando una pérdida retributiva en la jubilación, entre otros efectos, y sufriendo unas desigualdades salariales con otros cuerpos policiales que choca con el sentido común. Como ellos insisten en decir “un mismo trabajo, un mismo salario, las mismas jubilaciones”.

Es por ello, que esta semana, a instancias del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y como muestra de nuestro más sincero reconocimiento y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a sus familias, se ha debatido en el Parlamento andaluz una Proposición no de Ley en la que instamos al Gobierno de España a que ponga fin a esta anomalía considerándoles profesión de riesgo y cumpla con la equiparación salarial con policías autonómicas y local.

Esta demanda no es nueva, pero ha adquirido mayor visibilidad, desgraciadamente, por los últimos incidentes acaecidos. El vil asesinato de los Guardias Civiles Daniel y Miguel Ángel en Barbate donde se evidenciaba la superioridad de medios de los que disponen las mafias del narcotráfico frente a los medios con los que cuentan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha supuesto un nuevo punto de inflexión para la movilización masiva en defensa de estos cuerpos de élite.

No es un tema baladí… Es inconcebible que, durante los mandatos de Pedro Sánchez en los que se han movilizado reclamando equidad salarial y mejoras laborales, estas instituciones para la defensa del orden público y la protección de los derechos y libertades constitucionales se sigan encontrando desamparadas por este Gobierno y, principalmente, por el Ministro del Interior, un Ministro triplemente reprobado por las Cortes Generales y un Ministro ausente e insensible a este enorme agravio.

Es incomprensible que los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil no se encuentran incluidos dentro de las profesiones de riesgo y sí lo sean artistas, cantantes, bailarines, personal de vuelo o toreros. Son los únicos cuerpos de seguridad en toda España que no tienen tal consideración, aun cuando casi diariamente conocemos a través de los medios de comunicación situaciones en los que se pone en peligro su integridad física en cada acto de servicio.

El índice de agresiones cometidas contra los agentes se ha incrementado en los últimos años de manera considerable y preocupante. Según los propios sindicatos y organizaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, “la violencia contra policías y guardias civiles está descontrolada y los agresores se sienten impunes”. En 2020 se registraron 13.671 ataques contra agentes, de los cuales

2.391 se produjeron en Andalucía; en 2021 la cifra ascendió a 15.360 (2.506 en Andalucía); en 2022 las agresiones se dispararon a 16.651 (2.732 fueron en Andalucía) y entre los meses de enero a agosto del pasado año las agresiones ascendieron a 11.311 (1.935 en Andalucía). Y según datos del Ministerio del Interior, en 2023 fueron 1400 agresiones mensuales.

Estos datos adquieren una mayor relevancia al constatarse que los medios materiales de los que dispone Guardia Civil y Policía Nacional son insuficientes, precarios y obsoletos en muchos casos, siendo los propios agentes quienes, por la actitud de desidia del Ministerio del Interior, tienen que comprar ellos mismos el material personal para ejercer en condiciones adecuadas, seguras y dignas su profesión (fundas para el arma, chalecos anti balas, guantes anti corte, prismáticos o linternas…) y bajo su responsabilidad. Todo ello, por no hacer mención del mal estado de algunos de los vehículos policiales o las embarcaciones tan poco seguras con las que tienen que hacer frente a narcolanchas muy superiores en tamaño y velocidad.

Las infraestructuras tampoco gozan de las condiciones adecuadas para el desempeño digno de su labor. Comisarías y cuarteles en estado deplorable, algunos en situación ruinosa, que requieren de una actuación urgente e inaplazable pero que por una flagrante falta de voluntad política por parte del Ministro Marlaska no se pone fin. Un Ministro, sin embargo, que sí se muestra dadivoso con los presos condenados por terrorismo pese la oposición de las juntas de tratamiento.

En lo que respecta a la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil, esta es una causa que trasciende las fronteras políticas y partidistas. Es un imperativo moral y legal que demanda acción inmediata para poner fin a la brecha alarmante que choca frontalmente con los principios de igualdad y justicia social consagrados en nuestra Constitución y tan fundamentales en el Estado de Derecho.

La falta de voluntad política, la incompetencia del Ministro del Interior, la alfombra roja a lo que quieren quebrantar España no sólo afecta el bienestar económico de los agentes, sino que también socava su moral y desincentiva su compromiso con la labor policial, generando, de seguir así, un impacto directo en la eficacia y eficiencia de las fuerzas del orden, poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Durante estas últimas semanas, he tenido la inmensa suerte de poder reunirme, como Portavoz de Presidencia del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, con algunos sindicatos policiales, organizaciones de guardias civiles y familiares víctimas de agentes heridos o fallecidos en actos de servicio. Les acompañé a la multitudinaria manifestación que tuvo lugar en Madrid en la que se pedía que se pusiera fin al abandono que sufren por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Y en todos estos momentos volví a constatar la vocación de servicio público de los agentes y la abnegación orgullosa de los familiares que, relatando hechos escalofriantes, llevan a gala la profesión y no cesan en el empeño de protegernos, pese a saber que no gozan de la protección debida por el Gobierno Central.

Nuestra gratitud a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como garantes de la defensa y protección de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, por el mantenimiento del orden público y la salvaguarda de nuestro ordenamiento constitucional.

Teniendo siempre en el recuerdo a todos aquellos miembros de Policía Nacional y Guardia Civil que dieron su vida en acto de servicio o que han resultado heridos y por aquellos que a día de hoy desempeñan su trabajo en las condiciones antes descritas debemos alzar la voz y permanecer unidos para defender y cuidar a los que nos cuidan.