Dietario de España

Emanciparse a los 30 y con el 'tupper' a cuestas

Los socios de Gobierno han cerrado un acuerdo sobre la futura ley de Vivienda que enfila la aprobación de los Presupuestos y consolida la coalición El acceso de los jóvenes a la vivienda es capital, pero aún hay muchas dudas por resolver

Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, el jueves en La Moncloa

Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, el jueves en La Moncloa / EFE

La virtud que tienen los Presupuestos pactados por los socios de Gobierno (PSOE y UP) es que ponen el foco en cuestiones relevantes para la vida de la gente. Ha sido una negociación con sede en la realidad, aunque aún quedan muchas incógnitas por despejar. En cualquier caso, es una propuesta que tiene en cuenta el interés general. Lo extraño es que esto no sea tan obvio ni haya sido siempre la práctica habitual. Pero avanzar en el acuerdo a partir de una ley de vivienda es hacerlo sobre uno de los problemas más lacerantes que afecta a los españoles y, de forma muy especial, a los jóvenes.

¡Cuántas veces se han pactado Presupuestos con cesiones e inversiones que no atendían exactamente al interés general sino a las necesidades de los partidos! Un poco de memoria: durante muchos años tanto PSOE (con Felipe González y Zapatero) como PP (con Aznar y Rajoy, o sea, sin excepciones) han pasado el fielato de unas negociaciones presupuestarias con los nacionalistas. En ese concepto clásico se incluía básicamente a la extinta CiU pujolista y al PNV. Hoy el nacionalismo catalán casi no existe, ha sido devorado por el independentismo y ya queda muy lejos del pujolismo, cuyo líder, como retrata magistralmente Jordi Amat en El hijo del chófer, fue el adalid del España nos roba cuando el Gobierno de España le metió mano al escándalo de Banca Catalana, que había sido fundada por su señor padre. A González, entre investidura y presupuestos, le llegó a ofrecer a CiU que entrara en el Gobierno -con Miquel Roca- y cedió el 15% del IRPF y un batiburrillo de competencias. Aznar se plantó en el Hotel Majestic y salió de allí sin las competencias de tráfico en Cataluña, sin gobernadores civiles y con transferencias pactadas en materias como las de vivienda, farmacia, Justicia, educación, empleo, puertos, medio ambiente o política lingüística. Bueno, también se dejó 400.000 millones de pesetas en inversiones. En aquella encerrona en el Paseo de Gracia, Pujol también le construyó un cenotafio a Vidal-Quadras, que cayó como presidente de los populares en Cataluña porque su figura era incómoda para los nacionalistas.

En 2004, Zapatero se comprometió con CiU a aprobar un nuevo Estatut y a respetar el texto emanado del Parlamento catalán, además de ceder ante todos los partidos nacionalistas competencias de todo tipo. Y a Rajoy el PNV le sacó 2.500 millones para subir las pensiones en 2018. Un año antes les había devuelto a los nacionalistas vascos 1.400 millones de la liquidación del cupo 4.000 millones en inversiones. Los canarios de CC también sacaron tajada de la debilidad parlamentaria de Rajoy.

Esta pequeña historia de las cesiones sólo viene a cimentar la idea de que pactar unos Presupuestos entre socios de Gobierno con la vivienda como clave de bóveda parece mucho más razonable. Conste que desde hace 40 años y salvo las legislaturas con mayoría absoluta todas las negociaciones presupuestarias se han celebrado en una atmósfera mefítica.

Vivienda y jóvenes: la clave de un proyecto vital

Mucho ha tardado el Gobierno de España en tomarse en serio el problema del acceso de los jóvenes a la vivienda, marcado entre otros asuntos por la precariedad laboral. El 55% de los trabajadores de entre 16 y 29 años tienen un empleo temporal y una media de ingresos de 11.374 euros anuales. Un dato más: el 26% de la población juvenil ocupada está en riesgo de pobreza y exclusión. A ver quién se emancipa en España con esos datos, dando por hecho que la emancipación pasa por compartir piso. Incluso en muchos casos, salir del entorno familiar no equivale a la independencia económica. No sólo es el efecto tupper de la cocina materna, sino la aportación directa de padres ya jubilados para permitir la subsistencia de hijos con trabajo.

Las consecuencias de esta precariedad vital son letales para todos: ellos recortan en cosas básicas (alimentación o salud) y pueden aportar poco al consumo y al ahorro. La mayoría ni se plantea tener hijos, por lo que seguiremos teniendo unos índices pírricos de natalidad con los problemas consiguientes para el sostenimiento público de las pensiones. Pero, además, ven truncado su derecho a desarrollar su proyecto de vida, que se lastra año tras año. Ésta es la realidad. La emancipación juvenil -hoy por debajo del 16%, a niveles de 1999: salen de casa por encima de los treinta años de media- aunque en todos los países mediterráneos se da una emancipación más tardía por ejemplo que en los nórdicos.

El bono juvenil, como todos los bonos, tendrá un recorrido limitado, pero es un paso. Se van desgranando otras medidas como la creación de la vivienda asequible incentivada y se exigirá reservar un porcentaje de las nuevas promociones para vivienda social. En cambio, la subida de impuestos es más discutible aunque su alcance será muy limitado.

De todas formas, aún queda mucho recorrido y el Ejecutivo necesitará forjar una mayoría parlamentaria. De hecho, hay muchos elementos que se van conociendo y que arrojan serias dudas. Pero, de entrada, va a colisionar con un clásico: Pablo Casado ya ha anunciado que la recurrirá ante el TC además de impedir que los gobiernos del PP la apliquen, lo que puede provocar una España con desiguales oportunidades para los jóvenes. Es justo lo que necesitamos: la antipolítica. Sólo hablamos de un acuerdo entre los socios para impulsar un texto legal y ya se anuncia su intento de bloqueo y un recurso sobre un texto que ni existe.

Parece que el intento de mejora del texto cuando nazca y el consenso son ideas proscritas en la nueva política. Lo que resulta obvio el Estado debe intervenir para regular un mercado que por sí solo resulta ineficiente para garantizar un derecho constitucional clave. Eso no va de propietarios versus okupas, como populista y demagógicamente ha resumido el secretario general del PP. Es una pena porque para resolver problemas complejos necesitamos políticos bien articulados.

Es necesario, con independencia del texto final, mejorar la oferta del parque de alquiler para jóvenes. Los países más importantes de la UE han ensayado tanto el papel de promotores como la estrategia de control de precios, una práctica que el Banco de España considera que puede tener efectos adversos a largo plazo al provocar una reducción de la oferta. En Berlín, por ejemplo, se ha establecido el precio de 9,80 euros por metro cuadrado durante cinco años, Macron limitó las subidas en un 20% y en París están controladas las rentas; lo han hecho en Dinamarca y Portugal y, por ejemplo, en Italia los ayuntamientos de las grandes ciudades deciden los topes máximos. Y está el caso de Viena, cuyo ayuntamiento posee 220.000 pisos por toda la ciudad a 5,5 euros el metro cuadrado. Debe ser que Europa se nos ha llenado de bolcheviques.

Estado de alarma y derechos fundamentales

La sentencia del Tribunal Constitucional que establece que durante el estado de alarma se vulneraron los derechos de los diputados al suspenderse las actividades de la cámara, incluyendo la tramitación de iniciativas parlamentarias, coloca a las instituciones ante el espejo de los derechos fundamentales. Inicialmente, la ponencia creía justificada la proporcionalidad de las medidas limitativas ante el riesgo sanitario existente aunque la decisión final fue la contraria tras el cambio de opinión del ponente. Pero eso es sólo relativamente relevante. Y también da igual que la sentencia haya sido a consecuencia de un recurso de amparo presentado por Vox. Curiosa paradoja la de un partido ferozmente constitucionalista salvo cuando impugna a diario muchos de los pilares del sistema y que además fue quien solicitó la suspensión de la actividad en la cámara para después impugnarla.

Pero lo importante es lo que resulta de la sentencia del TC. Durante la eclosión de la pandemia se suspendieron las sesiones de control y se congelaron los plazos de enmiendas y demás iniciativas parlamentarias. El TC ha sentenciado que aquella decisión conculcó los derechos de los parlamentarios, lo que afecta a uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el de representación. Decir a toro pasado que el Gobierno pudo gestionar mejor este periodo de excepción proporcionales es una obviedad ventajista. De hecho, en muchos países se adoptaron decisiones similares. Y no se puede negar que gestionar una situación que llegó a casi mil muertos diarios en nuestro país era como montar un caballo desbocado. Pero dicho eso, si tenemos que aprender algo quedémonos con lo determinante de esta decisión judicial: el poder no se puede ejercer sin el control efectivo de las demás instituciones. Precisamente en los tiempos más difíciles es cuando los ciudadanos necesitamos más certezas. Y las certezas nos las ofrece nuestro Estado de derecho, mucho más confiable y democrático que el liderazgo mesiánico de aquellos que saltaron a la palestra cuando todo se oscureció. De hecho, una de las amenazas que nos deja el Covid es que haya ciudadanos bienintencionados que crean que estas situaciones se gestionan mejor desde el autoritarismo que desde la democracia.

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