INTERNET Un corte en una línea de fibra en Andalucía provocó el corte de internet

El caso de Irlanda desde finales del pasado siglo ha elevado el rango de la competencia fiscal como fuente básica de competitividad. Se trata uno de los cinco ejes que, junto a la competencia educativa, innovadora, salarial e institucional, definen el entorno de productividad del que depende la capacidad de una economía para competir. Hay otros, como las infraestructuras o el precio de los suministros básicos, que también influyen y que sitúan a España en el puesto 30 de 190 países del índice Doing Business 2020, que compara las facilidades que encuentran las empresas para operar. Tenemos el máximo nivel de competencia en comercio transfronterizo, gracias a nuestra pertenencia a la Unión Europea, pero flaqueamos en casi todo lo demás. En el caso del pago de impuestos ocupamos una posición intermedia (la 35) entre los países de alto nivel de ingresos, aunque en franco deterioro durante la pandemia.

Según la OCDE, la presión fiscal en España (relación entre recaudación de tributos y PIB) habría aumentado en 1,9 puntos en 2020, más que en ningún otro país. La principal razón es que aquí hemos experimentado el mayor desplome de la economía (del PIB), pero también que el Gobierno ha sido especialmente cicatero a la hora de relajar temporalmente la carga fiscal. Tampoco se ha esforzado en la reducción del gasto superfluo o de la superestructura político-gubernativa para atender la demanda de gasto social y sanitario y la consecuencia es que el entorno fiscal se percibe, de cara a la recuperación, como un obstáculo a la inversión privada de mayor tamaño que antes de la pandemia.

El principal problema en España son las elevadas cotizaciones sociales, por lo que el órdago de subirlas para resolver el déficit en el sistema de pensiones no contribuye a mejorar la confianza de los inversores. Tampoco la incertidumbre en torno al futuro sistema de financiación autonómica y sus fantasmas. Entre ellos el de la armonización fiscal entre comunidades que reclama Cataluña para enmascarar su desafortunada gestión financiera Según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2021 (Tax Foundation), Madrid, las tres provincias vascas y Canarias son los cinco territorios españoles más competitivos en términos fiscales. Les siguen Castilla y León y Andalucía, que son las que más avanzan (7 y 4 puestos respectivamente), mientras que en la última posición se mantiene Cataluña, seguida de Comunidad Valenciana y Aragón. Conscientes de que la competencia fiscal puede ser un factor determinante de las preferencias de localización de futuros inversores, en Cataluña apostaron fuertemente por un pacto fiscal con el Estado, es decir, por un estatuto fiscal singular que les proporcione ventajas similares a las de vascos y navarros. Comenzaron con sus exigencias de armonización fiscal y contra la bajada de impuestos en Madrid, pero la polémica iniciativa se desactivó con motivo de las elecciones en esa comunidad. Las espadas, no obstante, siguen en alto y saldrán a relucir con el inicio de la negociación del nuevo modelo. Posiblemente antes de que la carrera electoral en Andalucía esté lanzada, pero decidida a convertirse en tema estrella de la campaña.

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