Junts engrasa la máquina de ordeñar

Las votaciones de la ley ómnibus y los decretos anticrisis confirman un país con un Gobierno débil dependiente de sus adversarios y una legislatura volátil

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, interviene en el plano del Congreso.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, interviene en el plano del Congreso. / Mariscal (Efe)

EL nuevo estado de la política española se hizo carne en la tarde del miércoles. El Gobierno pudo salvar los 10.000 millones de la UE gracias a Junts, que se ausentó facilitando la votación y ahorrando al Gobierno una primera y sonada derrota parlamentaria. En cambio, los cinco diputados de Podemos sumaron sus votos a los del PP y Vox para tumbar el decreto de Yolanda Díaz, el que representaba un incremento del subsidio de desempleo de 480 euros a 570 en un año, además de ser compatible con los primeros 150 días de trabajo. Podemos, con bisutería económica argumental, ya que el supuesto perjuicio a los mayores de 52 años se anula al ampliarse la base de cotización, lo que ha hecho es pasarle factura a Díaz. La relación con Podemos, siempre complicaditos, la ha llevado fatal Sumar desde el principio. Los ha tratado como si fueran biomasa. Bien es verdad que Podemos entró en la coalición porque no le quedaba otra. Pero no puede extrañarse la vicepresidenta de que ocurran estas cosas. Aunque Podemos también tendrá que explicar que ya no tiene cordones sanitarios con la derecha y la ultraderecha -como siempre ha defendido- al menos para votar contra medidas sociales, así como deberá justificar y ser creíble explicando por qué ha colaborado en privar a 700.000 personas de una mejora de su subsidio. La izquierda "pura" siempre termina haciendo pinza con las derechas.

Junts al rescate

Junts, que ni admite un acuerdo de legislatura ni nada parecido, suma en su cuentacesiones algunos ítems interesantes: el control total de las políticas de inmigración (las manejará el Gobierno catalán, el que dice que básicamente la culpa de los bajos resultados en el Informe PISA es una sobrerrepresentación de los inmigrantes), la renuncia al artículo que podría paralizar la amnistía por intervención de los tribunales europeos a través de una iniciativa prejudicial (luz verde aunque veremos cómo acaba esto), la reversión del artículo de la ley de sociedades que permitió la huida de compañías de Cataluña el año de la gran locura, la publicación de las balanzas fiscales (ayudará mucho al debate público metiéndole más fuego), subvenciones al transporte público, el reconocimiento del régimen local catalán o la eliminación del IVA del aceite. Están bien negociadas esas ausencias. Buen ordeño con servomando desde Bruselas. No se trata de si son cesiones relevantes o no sino de la asimetría con el resto de comunidades y de la pedagogía: Junts -y el resto de coaligados parlamentarios- ya saben cuál es lenguaje: en la mano derecha la llave inglesa para apretar y la izquierda para recaudar.

Tiene razón la vicepresidenta Montero cuando sostiene que pese a todo se convalidó la subida de las pensiones, la rebaja de la factura de la luz y los alimentos o la suspensión de los desahucios. Es la parte magra que puede lucir el Ejecutivo, el resto es fragilidad. Y un aviso serio para la negociación de unos presupuestos que el Gobierno quiere tener aprobados antes de acabar abril.

Pero ésta es la realidad. Así se construye hoy España. Pura ruina. Junts ha amagado pero no ha dado. Así y todo Pedro Sánchez lleva ya una importante dentellada en el cuerpo. Por si no lo sabía, ya sabe con quién se juega los cuartos. Se puede perder una votación pero hay un número máximo de votaciones que puedes perder antes de que caiga el telón. De esto se trataba cuando se advertía de los riesgos de apoyarse en un partido antiespañol que no comparte contigo ni intereses ni respeto al marco constitucional.

Aliados que son enemigos

Escuchar hablar a Miriam Nogueras es la forma más clara y directa de entender por qué es imposible que un partido de Estado se apoye en Junts para gobernar. Y se afirma esto en contra de la evidencia de que, a día de hoy, Sánchez sigue en la Moncloa y tiene intención de continuar allí todo el tiempo que sea posible apoyado por ellos. A su antipatía acreditada, la portavoz de Junts une una sinceridad arrolladora: "Estamos aquí por Cataluña, no por España o el reino". En su diatriba contra el PSOE hay una sinécdoque al tomar la parte por el todo: su Cataluña es una Cataluña independentista y antiespañola, un desiderato que hoy no se apoya en números: el voto mayoritario en aquella comunidad recae en partidos no indepes. En eso miente. Se arroga una representatividad que no tiene, aunque lo compensa con los siete votos que sí tiene en el Congreso y que sostienen al Gobierno de coalición de izquierdas. Pero en lo sustancial no engaña a nadie. Le importa bien poco el destino de lo que llaman Estado español y, por ende, el de sus ciudadanos.

Doble castigo a los empresarios

Junts está en este lío de mezclarse con partidos españoles por la amnistía y por el nuevo intento de imponer el retorno a Cataluña de las empresas que se fueron espantadas por el lío que organizó el líder de esta zapatiesta, hoy fugado en Bruselas, declarando aquel metisaca de independencia. Ésa es la última ocurrencia: sancionar a las empresas que se marcharon. O sea, doble castigo: se fueron asumiendo quebrantos económicos y emocionales porque no sabían a dónde le conducía la pantomima puigdemonista, la inseguridad jurídica en ciernes y la pérdida de prestigio de Cataluña y volverán a ser castigadas por haberse ido. En la psicología de quien delinque, quien no es cooperador necesario de sus delitos es un enemigo. No va a haber sanciones, pero sí incentivos económicos arrancados al Gobierno. Aunque el mayor incentivo para las empresas sería que Junts desapareciera de la faz de la política catalana.

En todo caso, Junts no va a entrar en el aro constitucional, como se jactaba el Gobierno, ni va a ser un colaborador leal. Es un socio tóxico. El PSOE ha salvado un round al ausentarse los diputados de Junts, pero esto sólo ha hecho empezar.

Las bolitas y el chapapote

Los pellets -esas bolitas de plástico que inundan buena parte de la costa y las rías gallegas y zonas del litoral cántabro y asturiano- no son chapapote pero la inercia política es idéntica. Nos alumbran estos días dos lamparazos vintage: el del vertido del Prestige en 2000 y el de las mascarillas del Covid vs mascarillas de la gripe A. Y los ciudadanos tenemos derecho a estar hartos. Hartos de este juego estúpido de la política cortoplacista y partidaria. Cansados de una clase política incapaz de centrarse en resolver los problemas sin mirar por el rabillo del ojo a ver si no le concede medio palmo de ventaja a su adversario político. Cuando se demuestra que no se ha aprendido nada el resultado no es inocuo. Es mucho más grave porque los daños pretéritos, el sufrimiento de mucha gente y la crisis que afectó a una comunidad no han servido de nada.

Requetehartos

Tienen derecho los gallegos a estar muy enfadados. Enfadados por que su Gobierno regional ha andado contemporizando respecto al nivel de alerta para evitar la intervención del Gobierno central. Y no lo ha hecho hasta que Asturias ha activado el suyo pese a tratarse de un daño más colateral. Hasta el País Vasco ha puesto en marcha los dispositivos preventivos. Estamos otra vez negando la incidencia medioambiental del siniestro, de nuevo utilizando informes poco creíbles respecto a la peligrosidad de las bolitas -se han quedado como único informe con las especificaciones del fabricante- y de nuevo una amenaza ambiental para las playas y veremos si para la cadena trófica.

Otra vez sin protocolo de coordinación de los voluntarios que limpian las playas y de nuevo ese aroma absurdo a un gabinete de crisis que en vez de enfocarse en solucionar rápido y con el menor daño posible el siniestro sólo piensa en las elecciones que están a la vuelta de la esquina, en como ejercitar el control de daños y en las mil formas de endosarle la responsabilidad a otros. Y otra vez sin tener claro si el Gobierno central ha actuado correctamente: según la Xunta le correspondía a Madrid haber trazado un plan global y no lo hizo. Y una consejera de Medio Ambiente que diez días después de que las bolitas estén flotando por sus aguas e inundando sus playas casi considera un triunfo haberse intercambiado el móvil con el secretario de Estado de Transición Ecológica.

Mascarillas, 'deja vu'

Y lo de las mascarillas, pues igual. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha impuesto la obligatoriedad de utilizarlas en centros sanitarios para evitar la expansión de la epidemia de gripes y virus que afectan al aparato respiratorio. Las comunidades no se pusieron de acuerdo y ha tirado del artículo 65 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Tiene sentido que un madrileño sienta protegida su salud igual que un valenciano, un murciano, un aragonés, un asturiano o un canario. A la cabeza de la revuelta, una vez más, Madrid, que también prepara su contrataque a la prohibición en ciernes de prohibir fumar en las terrazas. Madrid siempre ha sido muy avanzada para romper consensos nacionales o simplemente para meter el dedo en el ojo de la administración central cuando gobierna el PSOE: en 2012 Esperanza Aguirre ya rompió el calendario único de vacunaciones.

Ahora faltan cinco minutos para que vuelva a irrumpir en escena otro manoseo del concepto de libertad. Como si los ciudadanos no fuéramos maduros para saber cuándo debemos ceder nuestra libertad a las instituciones en aras de un bien mayor y colectivo sin sentir que nos expropian un derecho inalienable sino con la sensación de que cuando aceptamos esas cortapisas somos más ciudadanos que nunca. España, tropezando cien veces en la misma piedra.

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