Necedad frente a los que incumplen la ley

L A estabilidad democrática está en peligro. Al raquitismo político del Gobierno conservador de Rajoy le sucedió un Gobierno socialista imprevisto, presidido por un político entremetido y errático, que en cien días ha demostrado que las venturosas expectativas que para muchos voluntariosos generó su composición sólo eran un espejismo. El armazón del Estado de Derecho que, con tantas dificultades como capacidad de concordia, configuraron los prohombres del régimen de 1978 ha sufrido en estos años, la mayor parte de ellos fructíferos, embates de enorme calibre, caso del 23-F o el terrible terrorismo de ETA, y si en alguno de esos momentos no quebró la estructura fue porque, hasta no hace tanto, los grandes partidos en el poder y en la oposición consensuaban de inmediato un diagnóstico y un método de defensa bajo el imperio de la ley. Nada ni nadie podía sobrepasar la línea roja que determina la Constitución, plató inviolable, aunque no intangible, de nuestra convivencia.

Así ha sido hasta que los roedores de la corrupción desfiguraron a ojos vista la faz de una clase política que en el transcurrir de pocas lunas se tornó escasa de fuste intelectual e inoperante, por agotamiento o por innata incapacidad, para afrontar los temporales internos y externos. La debilidad institucional, el descrédito, la crisis económica y de valores inalienables, atrajeron y alimentaron los bacilos que atenazan el presente y el futuro de un país entre costuras. Prevalece la necedad, y decía don Santiago Ramón y Cajal que "en política todo necio es peligroso mientras no demuestre con hechos su inocuidad". ¿Es inocua la actitud pusilánime del Gobierno frente a los que incumplen la ley de forma flagrante, convocan marchas multitudinarias contra el orden constitucional, pregonan una república bananera, incitan a la desobediencia y amenazan con abrir las cárceles si los tribunales condenan a sus dirigentes golpistas? No sólo no es inocua, sino que es del todo irresponsable por nociva y contagiosa.

Se acaba de cumplir un año desde que el Parlamento de Cataluña aprobara, con nocturna traición, las conocidas leyes de ruptura, ignorando las advertencias del Tribunal Constitucional y de los letrados de la Cámara, y nada ha cambiado en la invectiva secesionista. España tiene otro Gobierno, que actúa con flácida mano tendida así le muerdan las hienas, y los líderes del levantamiento están en prisión o huidos, pero la Generalitat la encabeza un títere procaz de la trama dirigente independentista que hace y deshace en una comunidad donde la mitad de la ciudadanía sufre el vil e impune acoso de los que militan en el golpismo.

Y, por si faltaba poco en este deplorable contexto, la presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, tira de candilejas y ofrece la sede de la soberanía nacional para que el estrafalario sucedáneo de Puigdemont explique -¡ahí es nada!- su bárbaro proyecto contra la unidad de España. El compás constitucionalista depende de un Gobierno oportunista y contradictorio y de una oposición acomplejada y relamida. El pronóstico arroja pocas dudas.