Salud Todacitan: usos y efectos secundarios de este medicamento para dejar de fumar

En esto del déficit y la deuda pública el concierto europeo siempre ha sonado bastante desafinado. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) no fue suficiente para impedir las aventuras en solitario de algunos miembros por el terreno de los desequilibrios financieros excesivos y la crisis de la deuda soberana dejó bien claro que los peligros de contagio aumentan significativamente cuando se comparte moneda. Al elegir la vía de la coacción cuantitativa (límite del 3% del PIB al déficit y del 60% al endeudamiento), Europa animaba a los gobiernos a evaluar los costes y beneficios del incumplimiento y provocaba que un problema local pudiera convertirse en comunitario. Obviamente, la diferente situación financiera predisponía de desigual manera a la infracción, demostrándose que una misma norma para todos, cuando el coste de respetarla es tan desigual, puede provocar graves fallos de funcionamiento en el conjunto.

Con el coronavirus y la suspensión temporal de las reglas fiscales los déficits se han acentuado de manera excepcional y es probable que la vía coercitiva resulte inadecuada para impulsar el retorno a nuevos parámetros de equilibrio, pero ¿hay alternativas? Puesto que se trata de una externalidad negativa (riesgo de contagio) que aumenta en el seno de una unión monetaria, caben otras opciones propias de esta casuística. Una de ellas es la creación de un mercado de permisos negociables de déficit que ya fue objeto de interés en su momento, aunque limitado al ámbito académico. Insiste en la línea de la restricción cuantitativa, pero no genera incentivos perversos. El método consiste, en líneas generales, en la emisión de derechos negociables de déficit por el volumen que se considere apropiado (algo más de 300.000 millones de euros, si se mantiene el 3% del PIB de la Eurozona) que se reparten entre los estados miembros en función del coste del proceso de reducción que cada uno de ellos debe acometer. A partir de aquí, el funcionamiento es similar al mercado del CO2, de tan mala imagen por su repercusión en el precio de la electricidad, pero cuya efectividad para contener las emisiones contaminantes nadie cuestiona.

Como el coste marginal de reducir el déficit se supone creciente, es decir, cada vez cuesta más, los gobiernos tendrán incentivos para hacerlo mientras el coste de la reducción se mantenga inferior al del permiso. Al final tenderán a concentrarse en los países con mayor volumen de déficit, que serán aquellos donde el coste marginal de reducirlo sea mayor. Si el precio del derecho se mantiene en niveles suficientemente elevados, los gobiernos tendrán incentivos para insistir en la reducción del déficit y eliminar progresivamente la dependencia de los permisos. Lo más interesante es que, una vez organizado el mercado, el coste marginal de la reducción del déficit tendería a igualarse en todos los países, que es algo muy diferente a lo ocurrido hasta ahora. Otra ventaja sería que, si la emisión de permisos aumenta en tiempos de crisis y se reduce en los de expansión, se abre una interesante vía de intervención de la autoridad monetaria en el ámbito fiscal que permitiría reforzar su capacidad de luchar contra el ciclo.

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