La ley de amnistía es cada día un poco más la ley Puigdemont. En este independentismo de sainete y fuga no hay grandeza, solo miedo e intereses. La ley tiene nombres y apellidos. Va contra la igualdad y el interés general de una ley. Y en las cesiones del Gobierno no late la confianza de encauzar a todo ese ecosistema extramuros del sistema ni en la constitucionalidad ni en la convivencia. Ni siquiera espera un pacto de legislatura hoy inexistente. Una cosa es la narrativa y otra son los hechos, siempre más contundentes y menos sospechosos. El relato se ha agrietado. La ley es ya indisimuladamente un traje a medida para Puigdemont, Marta Rovira y los CDR, aquellos muchachotes catalanes que incendiaban las calles mientras sus mayores practicaban el fascismo desde las instituciones.

García-Castellón, la oposición de la toga

En contraposición y como prueba de que nada está en su sitio, en el trabajo del juez García-Castellón hay algo muy parecido a una instrucción ad hominem y contra pactum. A cada movimiento legislativo mueve ficha judicial tratando de achicar el espacio a la ley de amnistía. Desde la recta final del pacto del PSOE con Junts, el juez ha tratado de limitar o eliminar el efecto benefactor de la ley, sea imputando a Puigdemont y Rovira por terrorismo o, como esta semana, respondiendo a la enmienda definitoria de los delitos de terrorismo que quedarían a salvo con la amnistía mediante la atribución a algunos de los implicados en el caso Tsunami Democratic violaciones “al derecho a la vida e integridad física”, que son los supuestos que marcan exactamente la frontera de los delitos que serán amnistiados. A la ministra Ribera no le corresponde atribuir intencionalidad política al juez, no puede hacerlo y es un error grave. Pero cada vez hay menos dudas respecto a la motivación del juez, convertido en un actor político. En este maremágnum, la presidenta de Madrid ha aportado su particular mirada desde un liberalismo castizo inclasificable: todo vale para proteger el Estado. Incluida la utilización de las fuerzas de orden público para espiar a sus rivales políticos o la fabricación de pruebas y dosieres falsos. Es de suponer que, en coherencia, Ayuso defendería incluso a los GAL. España en deconstrucción.

El fascismo del procés

Todo lo que envolvió al procés fue un fascismo de nuevo cuño y no otra cosa. Lo fue permitir que Barcelona ardiera literalmente a favor de la causa, permitir el acoso al discrepante desde las instituciones, cercenar carreras profesionales a los no indepes, excluir a los medios de comunicación discrepantes e incluso a los tibios del reparto de publicidad institucional, asfixiar en las universidades a quienes no eran de la causa y permitir que la institución académica se pusiera al servicio del procés; fascismo fue rodear y atentar contra tiendas, domicilios y propiedades de señalados políticos, jueces y ciudadanos que se manifestaban cada día en contra de lo que ocurría en Cataluña o simplemente por hacer su trabajo; y lo fue callar cuando en restaurantes y espacios públicos se increpaba a quienes por su acento consideraban españolistas y, por lo tanto, enemigos a batir. Calló mucha gente. Otros fabricaron informes ad hoc y apoyaron económica, mediática, social, jurídica e intelectualmente lo que vendría a continuación. Fue fascismo porque aquel comportamiento fue antidemocrático, identitario, ultranacionalista, totalitario (el poder de la Generalitat en Cataluña era casi omnímodo hasta la aplicación del 151 y la libertad con mayúsculas y la protección física e intelectual se limitaba a quienes impulsaban el procés) y además se practicaba contra la mitad de la población del Estado que estos iluminados querían construir. Fue fascismo porque incitaban a las masas y apelaban a la patria y a su interpretación histórica como única verdad indiscutible, basamento de todas las majaderías nocivas que perpetraron. Fue fascismo porque pusieron los medios de comunicación públicos a legitimar intelectual e informativamente el procés y a triturar a los contrarios, con profesionales echados al monte y participando, estultos y empoderados, en lo que creían –por convicción o por miedo a perder sus posiciones– un nuevo amanecer catalán. Si los hubieran dejado, Cataluña sería hoy un desastre mucho mayor del que es precisamente por culpa de esta banda que hoy se verá amnistiada de su comportamiento pese a no haberse arrepentido de nada y pese a que se les va a conceder la oportunidad de volver a gobernar instituciones con semejante currículo de irresponsabilidad y comportamientos ilegales.

Acuerdo para la transición nacional

Aquello no fue un calentón del pueblo sino un calentamiento institucional que comenzó en 2014, cuando Artur Mas (entonces CiU) firmó solemnemente con Oriol Junqueras (ERC) el “Acuerdo para la Transición Nacional y para Garantizar la Estabilidad del Govern de Cataluña”. Y llegó el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña: 141 páginas elaboradas por el llamado consejo Asesor de Transición Nacional en la que se detallaba cómo desmontar el sistema legal vigente y cada paso a seguir hasta la declaración un unilateral de la independencia. Ese documento contenía las líneas maestras del procés. El magistrado Pablo Llarena considera ese libro blanco la pieza clave de todo lo que vino detrás.

Volverán a hacerlo

Las nuevas enmiendas pactadas por el PSOE con Junts y apoyadas por todo el bloque de investidura protegen directamente a Carles Puigdemont, sumo sacerdote de la rebelión, a la secretaria general de ERC marta Rivera, investigados por terrorismo en el Caso Tsunami, así como a todos los encausados de los CDR, para los que piden 27 años de prisión. El Gobierno deja fuera de la ley los casos en los que se provocara de forma intencionada la muerte de personas, a lo que se agarran los socialistas para defender la enmienda. La propuesta blinda cualquier responsabilidad de quienes participaron en hechos vinculados al procés entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Barra libre. Tarifa plana, como quieran.

No se trata de comparar los hechos que quedarán exentos y enterrados con el terrorismo de ETA, como ha sugerido el ministro de Justicia Félix Bolaños. Obvio que no son hechos comparables. De lo que se trata es de aislarse por un momento del estado de necesidad de los siete escaños de Junts y pensar si todo lo que ocurrió merece el tratamiento legal que se le va a conceder. La otra cuestión es admitir que todo este desgaste permite la supervivencia vicaria de la legislatura pero no siembra nada para el futuro. No hay arrepentimiento, ni una consideración sobre los excesos ni respeto hacia el Estado que les va a borrar todos sus delitos, no hay un guiño, algo que pudiera interpretarse en el camino correcto. Volverán a hacerlo. Con otro ropaje y otras maneras, pero si tienen la oportunidad volverán a hacerlo. Y no se habrá construido nada ni se habrá recuperado la convivencia. Es cuestión de tiempo y de oportunidad.

Contra el TC y contra lo que sea

Llegado el momento tendrá que decidir el TC sobre la amnistía (y sobre el caso ERE, posiblemente antes del verano), pero lo hará con plomo en las alas. El PP ha extremado su estrategia contra el tribunal, en una deslegitimación anticipada del órgano y de su sentencia. Pero por lo visto el acoso a los jueces solo es lo que hacen los otros. Son disparates mayores afirmar que el TC es “el cáncer del Estado de Derecho” (González Pons) o que “es normal” dudar de la imparcialidad del tribunal (Miguel Tellado), que está bajo sospecha; o como dijo Feijóo, sentenciar que si su fallo no se corresponde con lo que el PP cree que debería decidir, el propio tribunal se habrá colocado en la inconstitucionalidad. El PP convertido en un partido de Gobierno irreconocible, más parece un partido antisistema. Las elecciones en las que Feijóo no logró gobernar pese a que mucha gente le había prometido que así sería han hecho saltar por los aires todos los reductos de la razón. La amnistía ha sido la catapulta, pero a estas alturas es evidente que al PP le habría servido cualquier otra excusa para montar una legislatura muy a lo Ignatieff: fuego y cenizas.

El ‘Pagegate’

Las cicatrices que van dejando los acuerdos PSOE-Junts son profundas. No sorprende que Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha, haya reiterado su oposición a la ley de amnistía, que es lo mismo que decía su líder. En realidad, está enfrentado a Pedro Sánchez desde el minuto uno. Nunca ha tenido sintonía con él ni con su proyecto político ni lo ha ocultado, hasta ahí nada nuevo. La novedad es que el PSOE ha decido no callarse ante las críticas de Page. Tras decir que el PSOE estaba “extrarradio de la Constitución” y tras fotografiarse y confabular deliberadamente con tres presidentes del PP por el sistema de financiación, en Ferraz y Moncloa han decidido que se acabó el silencio. Salieron en tromba a cuestionar su lealtad. Page marca perfil propio como hacia Bono en una comunidad de voto conservador pero que en las autonómicas vota al PSOE – salvo las dos primeras legislaturas a UCD y un periodo de cuatro años al PP– y así, convencido o camuflado en el paisaje conservador castellano-manchego, logra mayorías absolutas. Ese perfil lo mantiene contra los intereses de su partido si fuera necesario, aunque también cabe defender que precisamente defiende los intereses de su partido justo en la dirección contraria de lo que lo hace la dirección actual porque cree que es lo que más le conviene al PSOE.

Discrepar en el PSOE

Page le decía a los presidentes de Andalucía, Valencia y Murcia que estaba a punto de “ser extraditado” por su partido y que “echan a todo Dios que se opone a ellos”. No echarán a Page, pero el asunto es que en el PSOE se ha puesto cuesta arriba opinar a la contra, aunque es obvio que hay formas de discrepar y límites respecto a la exhibición de las deslealtades sin hacerle el juego al PP. Hubiera quedado mejor Page asistiendo a la convención de su partido a A Coruña a exponer su rechazo en vez de refugiarse en un viaje a China. Pero a estas alturas debe sentirse en territorio extraño entre los suyos. Y esa convención fue básicamente un acto de adhesión al gobierno y sus políticas: no hubo aportación de los militantes al documento marco, no hubo debate interno ni presentación de enmiendas a un texto que muchos delegados ni siquiera habían recibido. El PSOE se han enrocado, se sabe en una situación de debilidad que requiere protegerse. Y Page hoy es más atacante que defensor.