Tanto el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) como la legislación española sobre estabilidad presupuestaria (Loepsf) contemplan la suspensión temporal de las reglas cuando circunstancias extraordinarias, como la pandemia, lo justifiquen. También el BCE decidió utilizar su capacidad para influir sobre la economía en beneficio de los damnificados, que somos todos, y está dispuesto a seguir haciéndolo el tiempo que haga falta. Todas las instituciones demuestran, en términos generales, similares sensibilidades, admitiendo que con los protocolos fiscales vigentes hasta el virus y tras el desplome de la recaudación impositiva, difícilmente podría atenderse a la población necesitada de ayudas y al reto de reconstruir la economía.

Todo es excepcional y la coherencia aconseja que las iniciativas insólitas por su vinculación con la pandemia también sean transitorias. El retorno a la normalidad deberá llegar, aunque sea de forma progresiva, a todos los ámbitos afectados por la excepcionalidad, incluido el fiscal. Tendrá que ser así, aunque todavía se desconoce si alguien en el gobierno está pensando en la conveniencia de un plan a medio plazo que tutele el retorno a las reglas fiscales previas, que desde luego no está contemplado en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Airef insiste en reclamarlo con el fin de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y también lo exigirá Europa en cuanto lo considere razonable, como vacuna contra la inestabilidad financiera, tan proclive a la propagación descontrolada en el seno de una unión monetaria, como durante la anterior crisis pudo comprobarse.

Según la Airef, el déficit fiscal español se situará en 11,6% en 20120 y en el 8% en 2021, en ambos casos superiores a lo previsto en el Plan Presupuestario. Sus previsiones se ajustan bastante más a las del gobierno en materia de deuda pública (118,4% del PIB en 2020 y 116% en 2021) y crecimiento (11,1% de caída en 2020 y recuperación del 8,2% en 2021), pero en ambos casos en un escenario optimista de evolución de la pandemia, por lo tanto, del retraso en el inicio de la recuperación, y de llegada, ejecución y efectos de las ayudas europeas a la reconstrucción.

Las previsiones gubernamentales en el flanco optimista del escenario pueden facilitar comportamientos fiscales arriesgados, como el que Diego Martinez apuntaba en este periódico hace unos días sobre la dudosa fundamentación de ingresos por 27.000 millones de euros de ayudas europeas en 2021. La propia resistencia del ministerio de Hacienda a compensar en partidas de gasto la caída de ingresos por aplazamiento de la subida del IVA al diésel y la reducción a las mascarillas, que podrían rondar los 1.000 millones, sugiere una cierta indolencia, pese a la subida en el impuesto sobre seguros, quizá por considerar que el déficit y el endeudamiento no debe estar en estos momentos en el mismo nivel de urgencia que otras circunstancias. La principal razón para el optimismo volverá a ser la recuperación de nuestros vecinos europeos, pero el riesgo más importante es que la próxima crisis nos alcance antes de que se haya iniciado el retorno al equilibrio.