Faltan nueve días para que los ciudadanos con derecho a voto introduzcan sus preferencias en las urnas de una España en quiebra política. Cunde el desencanto y el temor. El 10-N no sólo se dirime el programa -o borrador- que regirá el país durante los próximos cuatro años. Ojalá. El 10-N está en juego el Estado de derecho, su capacidad frente a los feroces envites del engallado nacionalismo separatista, del que es cómplice la nueva izquierda radical. El sistema está herido. Ya lo estaba en la convocatoria electoral del 20 de diciembre de 2015 y en la del 26 de junio de 2016, y empeoró en la del pasado 28 de abril, cuando, además de un PSOE ofuscado por el poder y rehén de su diatriba plurinacionalista, prosperaron los populismos y Ciudadanos, el supuesto partido de la templanza, erró el rumbo con su petulante giro invasor hacia la derecha, tratando de ocupar a empellones el espacio de un PP falto de oxígeno. Aumentó la confrontación y el desorden institucional y ahora los sondeos abundan en un nuevo fraccionamiento parlamentario.

Urge como nunca un gran acuerdo de Estado entre las fuerzas leales a la Constitución. Apremia la necesidad de un Gobierno fuerte que, en primer lugar, ampare la Ley, pero la contrastada zafiedad de la mayor parte de nuestra clase política oscurece lo que sin duda desean la inmensa mayoría de los españoles. El pacto frente al virulento acoso nacionalista y antimonárquico constituye el único remedio. De ello depende la supervivencia del régimen del 78. "Las insurrecciones son como las olas del mar, que se suceden unas a otras", escribió García Márquez en su novela El general en su laberinto, y la sublevación de los grupos independentistas en Cataluña ha calado en sectores tan sensibles, tan determinantes, como el académico, convertido, con sus rectores al frente, en un semillero de revolucionarios vandálicos a los que se les inoculó en los pupitres el odio a España. En las instituciones catalanas, en sus universidades, proliferan los insurgentes, pero no contra el Gobierno que viola que viola la ley y los derechos del pueblo, como hacen las autoridades de la Generalitat, sino contra el Estado democrático que los protege.

El encaje de Cataluña en España -expresión paradójica- es motivo de ácida controversia desde el siglo XIX, y sobre él se han pronunciado pensadores tan célebres como Unamuno, Ortega y Gasset, Maura... o Azaña, quien, frustrado por la ingratitud de los nacionalistas, denunció "el provincianismo fatuo" del independentismo y "la ceguera de un Estado español inerme, que permite avanzar hacia una separación de hecho". La ceguera que delataba Azaña ha resurgido 80 años después, aunque nunca se curó del todo. Ni mejorará mientras líderes como el favorito Pedro Sánchez pliegue velas ante las espurias pretensiones de sus colegas del PSC y pretenda camuflar su dependencia del nacionalismo con medidas como el decreto de urgencia electoral contra la república digital catalana, que es tan conveniente como tardía y logrera.

Queda poco. Esto no puede ser. A ver qué pasa.