La batalla continúa, aunque desde el Gobierno se da a entender que ya hay acuerdo y en 15 días se podría cerrar el proyecto que más quebraderos de cabeza ha provocado a la coalición de Gobierno.

Pedro Sánchez se ha decantado por las posiciones de Nadia Calviño, vicepresidenta económica, y en principio ha cedido posiciones la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Calviño, que incluso el miércoles admitió públicamente que no habría derogación de la ley, sino algunas reformas puntuales. Dicho esto, en buena lid no se puede decir que Calviño ha ganado a Díaz, sino que Bruselas puso sus condiciones hace meses, ha sido inamovible en los aspectos más esenciales, y Sánchez ha tenido que asumir las exigencias de la Comisión Europea.

No hacerlo significaba decir adiós a la llegada del fondo de rescate, nada menos que 170.000 millones a cobrar, vía créditos o vía prestaciones, hasta 2026. Hasta ahora sólo se han recibido 9.000 millones y el Ejecutivo espera otros 10.000 antes de 2022. Sin esos fondos, los Presupuestos enviados al Congreso son absolutamente inviables, aunque es posible que lo sean visto que no se va a cumplir el crecimiento económico sobre el que se había trabajado, como tampoco se cumplen las previsiones sobre el déficit y la inflación.

Lo que probablemente sabía Calviño desde que asumió la vicepresidencia, pues conocía muy bien el funcionamiento de las instituciones europeas y su intransigencia a la hora de exigir esfuerzos a los países miembros a cambio de formar parte del club. Calviño no se ha quemado excesivamente en la pelea por la reforma laboral, como sí ha hecho una Díaz que se presentaba a diario como la abanderada de la defensa de los intereses de los ciudadanos más desfavorecidos; defendió con uñas y dientes las propuestas de los sindicatos y consideraba inadmisibles las de la CEOE, como buena militante comunista que ve a los empresarios como explotadores de la clase trabajadora.

El pecado del Gobierno

Para la vicepresidenta segunda ha sido demoledor el dato de estos días, cuando más álgido estaba el debate sobre la derogación y la necesidad de reducir la temporalidad, uno de los aspectos más controvertidos. El Gobierno exige a las empresas, en las negociaciones sobre la supuesta derogación de la reforma laboral, una temporalidad máxima del 15%, cuando hace apenas meses exigía tomar las medidas necesarias para alcanzar una temporalidad del 23% en 2050. Con un dato aún más sangrante que esgrimen los empresarios cuando se les conmina a una temporalidad del 15% de forma inmediata: según la EPA del primer trimestre, la temporalidad en la empresa privada es del 22% y en la pública se eleva al 30,4%.

Las cifras, el "pecado" de la temporalidad en el Gobierno, se recuerdan estos días cada vez que los negociadores de la reforma laboral dan un paso y hacen público un principio de acuerdo. La palabra "derogación" aparentemente ha desaparecido de escena, pero falta también que desaparezca el término "reforma laboral de Rajoy y Fátima Báñez".

Los empresarios, tanto los que forman parte de la CEOE como del Círculo de Empresarios, insisten en que no se trata de la reforma del Rajoy, sino de la reforma que impuso la Comisión Europea al ex presidente. Recuerdan que cuando se hizo cargo del Gobierno se encontró con unos datos que no coincidían con los que había dado oficialmente el Ejecutivo de Zapatero y que España se encontraba en una situación límite de la que sólo podía salir con un rescate de Bruselas. Rajoy se negó, tenía presente la situación de rescate de Portugal y empezó a negociar con la Comisión Europea para impedir la llegada de los temibles hombres de negro, que imponían las condiciones económicas que debía aprobar el Gobierno.

La ley no es de Rajoy

Bruselas aceptó dejar de lado el rescate siempre que Rajoy, Guindos y Montoro aceptaran unas reformas inamovibles, inducidas por los técnicos de Bruselas una vez analizada la situación española. Una, la reforma fiscal. Dos, la reforma laboral. Y el Gobierno aceptó, como única manera de impedir el rescate... pero negociando con Bruselas para que esas dos reformas no fueran excesivamente gravosas para los españoles.

Una propuesta que defendió la entonces ministra de Trabajo fue incluir los ERTE en la reforma laboral. Éstos han salvado un porcentaje alto de empleos en la pandemia, permitiendo que las empresas pudieran mantenerse activas y sus trabajadores cobrando parte de su salario a la espera de que se dieran las condiciones necesarias de recuperación de las empresas una vez superada la precariedad provocada por los cierres y confinamientos.

Por otra parte, los empresarios, y algún que otro miembro del Gobierno –que no oculta su preocupación por las exigencias de Díaz para que se cumpla el acuerdo de derogación recogido en el pacto de coalición–, confiesan en privado que hay que mantener algunos aspectos de la reforma laboral porque, palabras textuales, "algo tiene que ver la reforma laboral actual con los datos de empleo que estamos manejando". Y que no son malos y son éxitos que se apunta Sánchez... y Díaz.

Preocupa menos en cambio a los empresarios uno de los caballos de batalla de Díaz, la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa, porque se mantiene que, si hay acuerdo entre un empresario y sus trabajadores para sortear las dificultades de una situación crítica, prevalece ese acuerdo sobre el sectorial, y efectivamente así lo confirman fuentes del Ministerio de Trabajo, que confían en que los comités de empresa diferencien entre un acuerdo que suponga la salvación de una empresas sin otra salida que el cierre, frente a la llamada negociación colectiva, los acuerdos de determinado sector. Serán los comités de empresa y sus delegados sindicales los que tendrán criterio para acogerse a lo que marque el sector o la empresa en crisis.

En los dos últimos años, las negociaciones del Gobierno con las autoridades comunitarias, sindicatos y empresarios han sido exhaustivas, pero también las de las organizaciones empresariales con las instituciones europeas. Antonio Garamendi ha sido la figura más representativa de las negociaciones con el Ejecutivo, que no sólo se ha entrevistado con comisarios europeos y directores generales sino también con dirigentes económicos y empresariales de gobiernos europeos. Ha dado prioridad, sin embargo, al trabajo de los técnicos que han acudido a las numerosas reuniones y mesas de trabajo celebradas con el Ejecutivo y sindicatos y también con los técnicos europeos.

Así están las cosas en este minuto, pero lo relacionado con decisiones del Gobierno hay que tomarlo siempre con cautela, es frecuente que aparezcan modificaciones sobre lo que se había adelantado... o incluso que desaparezcan aspectos que se daban por seguros. De hecho, desde el Gobierno se da por sentado que antes de fin de año se podría concretar ese acuerdo e iniciar los trámites parlamentarios... pero los empresarios niegan la mayor. Hay un escollo que consideran indispensable para dar el visto bueno: la temporalidad. Y otros, de menor impacto, que "todavía hay que discutir".