La diversidad de lenguas no es una maldición bíblica sino lo contrario. Pero el uso que hacen los nacionalismos las vuelve malditas. Es paradójico que el Gobierno catalán considere que el TSJC "rompe la convivencia" por imponer, como medida cautelar, un 25% de las clases en castellano para los alumnos de cinco años en educación infantil. No se entiende de qué forma puede ser una amenaza facilitar a los niños el aprendizaje de la otra lengua que forma parte de su cultura. Sólo se explica por el uso manipulador y adoctrinador que los nacionalistas e independentistas han hecho del catalán contra el castellano y por el temor a perder esa herramienta. Los planes de inmersión lingüística parecieron una buena idea en sus orígenes, su aplicación genera serias dudas. Durante mucho tiempo favoreció la integración de los recién llegados a Cataluña. El propio PSC blindó la ley para evitar una Cataluña partida en dos. Lamentablemente, el tiempo ha demostrado que la voracidad nacionalista exige símbolos supremacistas. Y han convertido a la lengua en uno de ellos.

El consejero, un hijo más de la mediocridad política independentista, lejos de demostrar su solidaridad con los padres que movieron la decisión judicial y que llevan soportando amenazas de todo tipo, se ha limitado a apoyar a la dirección del colegio, contraria a la aplicación de la decisión judicial. O sea, ni respeto al ejercicio de los derechos de los ciudadanos ni a las decisiones judiciales. Y mucho menos gobernar para todos. Ése es exactamente el estado actual del nacionalismo. Seis horas y media a la semana en castellano en las clases de psicomotricidad, plástica y artes visuales van a recibir los alumnos. Sin duda, una amenaza peligrosa para la convivencia, un ataque "intolerable" a la escuela catalana.

La lengua y la ideología

Cayetana Álvarez de Toledo también tenía razón en su exordio en la tele pública catalana cuando se negó a utilizar el pinganillo estigmatizador para una entrevista con una periodista que también habla castellano. La lengua utilizada como ariete excluyente construye ideologías. Y es el peor favor que se le puede hacer a un activo que aporta diversidad y riqueza cultural. Es cierto que frente a la normalización del catalán siempre se opuso el macizo de la raza nacionalista español: fue justo el argumento perfecto para la apropiación nacionalista de un bien común. Pero ahora no estamos ahora ante padres retrógrados que abominan del uso del catalán, sino ante familias bilingües que, con todo el sentido, quieren que sus hijos no sólo no renuncien al aprendizaje de una lengua que hablan 500 millones de personas en el mundo sino que además tratan de evitar el adoctrinamiento lingüístico.

Pero hemos llegado hasta aquí porque ni los gobiernos del PSOE ni los del PP se remangaron para corregir los dislates que se cometían y de los que eran plenamente conscientes. La alta inspección de Educación, que no tiene poderes omnímodos pero sí funciones como la supervisión, gestión e información sobre el sistema educativo podía haber hecho bastante más. Pero en el caso de Cataluña esa alta inspección de Educación está gestionada por la propia Generalitat y el 80% de sus profesionales son funcionarios docentes elegidos por el Ejecutivo catalán en comisión de servicios. Así que volvemos a la casilla de salida. Los votos de la otrora CiU fueron claves para los gobiernos del PSOE y del PP. Uno de los precios a pagar, nunca escritos pero que con el tiempo han aflorado abruptamente, consistía en mirar para otro lado. Salía muy barato a efectos de las partidas presupuestarias, pero carísimos en lo que a la construcción de un territorio en el que hoy un consejero cree que impartir seis horas semanales de clases en español a niños de cinco años es una afrenta del Estado, una amenaza a la convivencia, una anomalía democrática y no se sabe cuántas paparruchadas más.

Volando voy

Pedro Sánchez ha vuelto a utilizar el Falcon de las fuerzas aéreas para acudir a actos privados. En este caso a los congresos del PSOE de Galicia y Murcia. Aunque Moncloa adornó sendos viajes con una visita a una maderera compostelana y a una empresa de frutas en Murcia para revestir el viaje de una aparente institucionalidad, en realidad fue más una coartada que una visita oficial. Sánchez no se habría desplazado para esas visitas sin mediar los congresos de su partido. El caso del actual presidente, que reincide, sólo es un suma y sigue a la lista de sus antecesores. Éste es un asunto recurrente y que siempre funciona igual: el jefe de la oposición critica al presidente el uso del avión para fines particulares y cuando llega al Gobierno hace lo mismo con singular desparpajo.

El problema es que España no tiene regulado con claridad el uso de los recursos públicos. Sólo existe un Código de buen gobierno aprobado por el Ejecutivo de Zapatero en 2005, donde se insta a administrar "los recursos públicos con austeridad" pero no regula con exactitud, por ejemplo, el uso y disfrute del avión presidencial. El código los invita a ajustar sus actuaciones a "principios éticos". Con esto casi bastaría. Una persona inteligente no debería necesitar mucho más para distinguir lo que está bien de lo que está mal, lo que está justificado que paguemos entre todos los españoles y lo que no. Y si quieren otro día hablamos del CO2, ese detalle, que en el CO2 hay mucha ética dentro.

De Obama al 'low cost' del marido de Merkel

Los datos que conocemos del uso del avión suelen venir precedidos por decisiones judiciales y, a veces, por respuestas parlamentarias, que suelen ser más evasivas. Como la que ofreció Moncloa cuando Sánchez fue a reunirse con Ximo Puig a Valencia y, de paso, a un concierto de The Killers. Presidencia del Gobierno dijo que aquel viaje en el avión supuso un coste de 282 euros. Una broma, vaya. Es posible argüir motivos de seguridad y estarían probablemente justificados. Pero deberían incluirse en el código o desarrollar un reglamento específico para acabar con este carrusel de ida y vuelta. Al final, los españoles necesitamos reglas, aunque no sea para cumplirlas, pero por lo menos para saber a qué deberíamos atenernos. Deberíamos: condicional simple.

Otros países tienen regulado claramente cuándo y para qué pueden utilizar sus presidentes el avión oficial. En Estados Unidos puede utilizar el Air Force One para sus viajes de placer, pero está obligado a explicar el coste. Sarkozy se gastó 156 millones de euros en el llamado Air Sarko One. Un presidente de Ghana se compró un aparato impresionante y otros tienen incluso Spa y comedores propios de la corte de Luis XVI. López Obrador quiere vender el de México pero no lo consigue. Pero lo importante es que se sepa cuándo y para qué pueden utilizarlos y se atengan a la norma, erradicando esa vieja costumbre de creer que el dinero público como es de todos en realidad no es de nadie. Por cierto, Angela Merkel prefería que su marido se pagase su pasaje y ella a veces volaba en líneas comerciales porque eran más baratas. Será que es la hija de un pastor luterano. Ya saben: austeridad, virtud y trabajo. Y mucho low cost.

Malos humos

Como todo en España, la actualización de la Ley del tabaco de 2010 se convertirá en un nuevo pimpampum autonómico. Hace 11 años, Esperanza Aguirre, apelando a los derechos de los fumadores, que le importaban menos que rodear a Zapatero, arbitró cuanta medida pudo para buscar meandros y seguir permitiendo fumar en espacios públicos. Por ejemplo, permitió que la persona que alquilara un local de hostelería tuviera la capacidad de decidir si se podía fumar o no en ese espacio durante el tiempo del alquiler. Lo peor, sin embargo, fue que abrió una grieta en la aplicación de la ley empoderando a cuantos quisieron saltársela en bares y restaurantes. El resultado es de sobras conocido: en Madrid es posible fumar, ilegalmente, en muchos establecimientos.

El Gobierno pretende ahora básicamente regular el uso de los nuevos productos -cigarrillos electrónicos y demás- así como ampliar los espacios sin humos, una conquista en marcha gracias a la pandemia. Hace tiempo que el tabaco fue declarado non grato para la humanidad. De hecho, la pertinencia de la lucha contra el tabaquismo admite pocas dudas tanto por su demostrado efecto sobre la salud -del que fuma y de quien lo padece- como por el coste sanitario añadido, aunque este último no deja de ser un argumento de riesgo extrapolable a otros hábitos inherentes al ser humano. Un rápido vistazo a los datos indica que el 34% de los españoles entre 15 y 64 años fuma a diario. Las mujeres, los más jóvenes y personas con niveles socioeconómicos más bajos son los nuevos grupos de adictos.

Y en los coches…

Dentro de la reforma se ha deslizado la idea de prohibir fumar en los vehículos particulares incluso cuando el conductor viaja solo. Es, sin duda, el aspecto más polémico del proyecto. Porque ¿qué diferencias existen entre prohibir fumar en tu coche o en tu domicilio? Parece obvio que el derecho a fumar existe siempre que no colisione con el derecho a la salud del prójimo y mientras siga siendo legal. Pero cada paso cuestiona frontalmente la adición al tabaco como un derecho. Ése es el pantanoso terreno en el que se mueve la reforma legal, salvo que este aspecto sea en realidad una liebre para retirarlo después y aprobar el resto del paquete legislativo. Salvo que se argumente que fumar puede ser una distracción para la conducción, prohibir fumar a alguien cuando va solo en su vehículo es discutible. No parece que en ese caso exista un derecho jurídicamente protegido superior, como sería la salud de un tercero. Y si no se trata de proteger a nadie ¿cuál sería el argumento para sancionar al fumador? Salvo que, claro está, se trate de proteger al fumador de sí mismo. Pero ese objetivo ser alcanzaría por otra vía directa: prohibir el tabaco. España es un lío.