Las finanzas de la reconstrucción

Tenemos alguna idea de cuál será el impacto del Covid-19 en la economía (9,2% de contracción en el PIB, según el gobierno, y entre 9,5 y 12,4% según el Banco de España, sin que la recuperación prevista para 2021 permita retornar a los niveles de actividad previos a la pandemia), pero pocas sobre cuánto nos va a costar la reconstrucción. Desgraciadamente el problema no se limita a volver a conectar los interruptores y retomar la actividad tal y como la dejamos unos meses atrás. No sólo porque algunas cosas nunca volverán a ser como antes, sino porque en este breve, pero catastrófico, lapsus de tiempo, muchas personas y empresas han quedado plantadas ante un futuro incierto, después de agotar sus reservas y sin fuerzas para reactivarse. Nuestra obligación, como sociedad es aclarar ese futuro cuanto antes, aunque todavía no sepamos por dónde empezar. De momento estamos más preocupados por el dinero que pueda conseguirse, que por lo que se pueda hacer con él, por lo que la única repuesta razonable a la pregunta sobre el coste de la reconstrucción es que dependerá de la cantidad de dinero disponible.

Sabemos que la recaudación fiscal va a experimentar una importante contracción, probablemente superior a los 25.000 millones de euros en este año, mientras que aumenta la presión sobre el gasto público para paliar los efectos de la devastación social y económica provocada por la pandemia. El déficit volverá a situarse por encima del 10%, pero la dimensión del agujero financiero es difícil de determinar, aunque el gobierno ha adelantado la cifra de 297.000 millones de euros como estimación de sus necesidades financieras, incluyendo el coste de la reconstrucción, que está en línea con lo apuntado por otras instituciones.

Normalmente, una situación como está sólo admite tres vías de solución: subir los impuestos, reducir el gasto o pedir prestado. El problema de las dos primeras es que serían medidas de carácter procíclico, es decir, de las que intensifican la amplitud del ciclo, tanto cuando se expande, como cuando se contrae; mientras que la tercera, endeudarse, nos coge con el margen casi agotado, tras desperdiciar los últimos años de crecimiento para intentar enderezarlo. Sin embargo, esta no es una situación normal y por ello tenemos, gracias a nuestra condición de europeos, una cuarta y excepcional posibilidad: el fondo de reconstrucción europeo, todavía en proceso de tramitación y, por tanto, con flecos por precisar.

Para compensar la caída de la recaudación, el gobierno plantea una ofensiva tributaria en forma nuevos impuestos y subidas de algunos de los existentes que, por su carácter procíclico, pueden suponer una dificultad añadida para superar la crisis, pese al falaz argumento de que sólo aumentaría la carga fiscal sobre los más ricos, además de sus excesivamente optimistas previsiones recaudatorias. En el caso de los nuevos impuestos, la denominada "tasa google" a las tecnológicas parece oportuna y acertada, pero el peligro del gravamen sobre las transacciones financieras es que podría frenar la llegada de capital extranjero durante el proceso de reconstrucción. Hay que recordar que Tobin no sugirió su creación con fines recaudatorios, sino para luchar contra la inestabilidad provocada por la movilidad del capital.

Las circunstancias impiden cualquier posibilidad de reducir el gasto público, pero obligan a su reestructuración en profundidad. Presumiblemente los recortes se centrarán en programas susceptibles de aplazamiento, pero quizá en esta ocasión debieran extenderse al conjunto de las estructuras políticas del estado y especialmente a las instituciones privadas dependientes de los presupuestos públicos, en torno a las cuales se tejen los intereses clientelares de gobiernos y grupos políticos.

El recurso a la deuda púbica es inevitable y el Gobierno se prepara para la emisión histórica de 130.000 millones en este año. Es lógico, porque la necesidad apremia y los mercados se muestran receptivos, pero el endeudamiento público podría situarse en el entorno del 115% del PIB, que se aproxima al doble de lo recomendado por la UE y al límite de la regla de sostenibilidad, según la cual, el coste de la deuda no sebe superar el crecimiento del PIB. Los más de 30.000 millones de pago por intereses previstos para este año, podrían haberse cubierto con un crecimiento aproximado del 2,5%, pero todo esto se viene abajo con el hundimiento del PIB esperado y el aumento del endeudamiento.

Precisamente por la necesidad de no aumentar la tensión del endeudamiento, las transferencias europeas sin retorno (SURE, ayuda al empleo; MEDE, estabilidad financiera; y BEI, inversiones) aumentan su valoración estratégica. Sumando los recursos del fondo de reconstrucción, en parte también sin retorno y pendiente de su aprobación definitiva, el total de las ayudas europeas se sitúa por encima de 1,2 billones de euros, en parte en forma de préstamos y con España como uno de los principales beneficiarios. Previsiblemente tendrán una importante carga finalista y llegarán acompañados de algún tipo de condicionalidad todavía por definir, pero que no se espera tan agresiva como los rescates tras la crisis de 2008. Es probable que la condicionalidad se limite a compromisos de convergencia nominal (déficit y deuda pública) y que la finalidad enfatice en las reformas estructurales, lo cual no deja de ser visto con buenos ojos desde muchas perspectivas.

Si se confirma que las previsiones de ingresos tributarios están sobrevaloradas, el coste final de la reconstrucción podría superar ampliamente los 300.000 millones de euros. Una cantidad desorbitante, pero en absoluto inabordable a través de la emisión de deuda programada y los recursos que ya se están movilizando en Europa. Queda pendiente el nada despreciable embrollo de la asignación de los recursos entre comunidades autónomas. Y no estoy pensando en la estimulante competencia entre regiones que promueve el estado de las autonomías, sino en los peajes de investidura en las decisiones gubernamentales durante el estado de alarma.