El lector recordará aquellos meses de agosto en los que los políticos vacacionaban casi por completo y nos dejaban un mes de tranquilidad a los ciudadanos, liberados por un tiempo de esas polémicas estériles que sólo sirven a las finalidades propias de la clase política. Apenas alguna que otra foto familiar, en sana competencia con el posado de la famosa de turno y poco más; aunque, eso sí, los redactores tenían que hacer uso de mucha imaginación para completar el periódico del día siguiente, aprovechando o creando aquellas famosas “serpientes de verano”, una imaginativa colección de noticias irrelevantes junto a algunas que se repetían año a año, como las apariciones del monstruo del lago Ness que todos recordarán. Alguna que otra ha habido este agosto, en el que ha sido noticia que Pablo Iglesias no ha sido noticia durante los cien días transcurridos desde que se cortó la coleta, tras el sonoro fracaso de su última faena.

Como decía, parece que no vacacionan y este mes hemos asistido a algunas declaraciones que, sin faltar al respeto, bien merecen ser calificadas de gansadas, aunque sus autores no pretendiesen causar risa. Casi a principios de mes, el presidente de la Comunidad Valencia volvió a la carga contra la Comunidad de Madrid por el asunto de siempre: su menor carga impositiva en el tramo autonómico del IRPF y la bonificación en los tributos cedidos a las autonomías. Hay que insistir que no cabe hablar de dumping fiscal; esto es una simplificación falaz, ya que todas ellas están facultadas para hacer lo mismo. Y hay que añadir que los menores tipos fiscales en Madrid no van en detrimento de lo que aporta al Estado, ya que los cálculos para el principal fondo de reparto en el modelo vigente de financiación autonómica se hacen suponiendo una fiscalidad homogénea en todas las comunidades autónomas. Ya hace unos meses surgió el nuevo concepto del “efecto capitalidad”, según el cual el crecimiento diferencial del PIB de Madrid estaría sustentado en gran medida por el mero hecho de ser la capital de España. Es cosa notable que esto no se hubiera manifestado durante más de cuatro siglos, pero siempre puede haber sorpresas. Hace unos meses, en 2020, el IvieLAB, dedicado al análisis de políticas públicas y puesto en marcha en 2018 por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas –una institución francamente valiosa, sin duda alguna– publicó un estudio titulado Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal. El estudio merece ser leído –el título anuncia las conclusiones–, y quizá lo haya hecho el presidente valenciano cuando exigió públicamente algún tipo de impuesto que compensase los efectos del ahora llamado neocentralismo. Esto es comprensible en un presidente que consiente (y a lo mejor anima) que en los presupuestos de su comunidad aparezca un ingreso ficticio del orden de 1.325 millones de euros, que es en lo que cifran una infrafinanciación de la autonomía levantina a corregir en un supuesto nuevo modelo de financiación autonómica. El consejero responsable de los presupuestos acepta que “no es heterodoxo desde el punto de financiero, pero legítimo desde el punto de vista político” (sic) porque, según él, esto les permite un mayor endeudamiento (y ya es muy elevado) y es una forma de presión ante la Administración Central. Es notable que para un político un incumplimiento flagrante de reglas básicas de la presupuestación de los ingresos públicos sea sólo “heterodoxia”, pero todavía lo es más que esto sea admitido por el ministerio de Hacienda. Pues bien, resulta que una persona acreditadamente ilustrada como lo es el ministro de Seguridad Social, ha admitido que la idea ha de ser explorada y que tiene mucho recorrido. Según él, en un momento en el que se quiere evitar la competencia tributaria en el mundo no tiene sentido que a nivel autonómico se recorra el camino contrario. Lo que no tiene sentido, en mi modestísima opinión, es querer confundir a la población. Habría competencia fiscal entre comunidades si estas tuviesen capacidad normativa en el impuesto de sociedades o en el impuesto sobre el valor añadido, cosa de la que evidentemente carecen. Y, además, la homogenización que se pretende entre diferentes países atañe sólo a la fiscalidad empresarial, como es sabido. La inmensa mayoría de las personas que se desplazan a Madrid no lo hacen por la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones, o por el menor tipo autonómico en el IRPF. Lo hacen porque perciben que Madrid les ofrece más oportunidades de prosperar y que no hay barreras de entrada relacionadas con el idioma o con la educación de sus hijos. Es cierto que en la capital se está creando una acumulación de actividad basada en el conocimiento y quizá por ello, el ministro Escrivá matizó sus palabras aludiendo a que habría que gravar las economías de acumulación de la capital para compensar a las zonas de España progresivamente despobladas. Una extraordinaria aportación a la ciencia hacendística este nuevo hecho imponible, en el cual, además, cabe la duda de quién sería el sujeto imponible ¿la Comunidad? ¿Los residentes y empresas domiciliadas en Madrid?

Días después, la ministra de Hacienda ha querido tranquilizar a los capitalinos, afirmando que este impuesto ni se plantea ni se va a plantear nunca. Aunque yo me quedaría con la duda, tras leer en una entrevista periodística que el redactor jefe de los discursos del presidente Sánchez, Luisgé Martín, que a la población no hay que contarle la verdad, salvo cuando sea de utilidad.

Quizá esta haya sido la orientación de los socialistas y sus ahora socios de gobierno cuando clamaban contra una modesta subida del precio de la luz en tiempos del último gobierno popular. Parecían prometer un “esto lo arreglo yo en diez minutos” cuando ahora los hechos les demuestran la complejidad de la formación del precio de la energía eléctrica y la imposibilidad de influir en factores que no se rigen por el BOE, amén de los errores cometidos en la última reforma de la tarificación del consumo de electricidad. La ministra de Hacienda ha salido de nuevo al paso, esta vez para culpar al PP por el precio de la electricidad dado que contuvo temporalmente, con toda la razón, el despliegue de la generación renovable. Alguien tendría que explicarle a la señora ministra qué, si se hubiesen mantenido los incentivos diseñados por el anterior gobierno socialista, el precio actual sería todavía más elevado. Esto es fácil de comprobar, ya que todos los datos necesarios están al alcance del público (CNMC y OMIE).

Cómo no, UP ha hecho su aportación a las gansadas de agosto. Esta vez por boca de su portavoz amenazando con manifestaciones y con la creación de una empresa pública de electricidad. Quizá desde Barcelona puedan explicarle que la comercializadora de electricidad municipal tiene precios más elevados que los de las grandes eléctricas (comparador de la CNMC), que ha conseguido –según he leído- 3.000 abonados frente a los 20.000 previstos y ha obtenido unos beneficios de algo más de 5 millones de euros en 2019. Ya quisieran para sí esta ratio de beneficio por abonado las grandes eléctricas. De paso, se ha apuntado que hay que nacionalizar la red de distribución, pero esto quizá se deba a que su retribución la fija íntegramente el Estado.

Y por finalizar con la polémica de la exclusión de los números romanos en la enseñanza, menos mal que en las autopistas y autovías se utiliza numeración arábiga tras la A, sino más de uno terminaría en Coruña (Nacional VI) queriendo ir a Cádiz (Nacional IV). Quizá lo que haya es que enseñar numeración con sentidiño y dejarse de añadidos. He leído en un periódico, lo prometo, que la valoración del Real Madrid es de 1.200.000.000 millones (sic), lo que no se explica ni confundiendo billion con billón.