Un estudio de un instituto sociológico de la máxima solvencia profesional afirma que hoy la mayoría de los catalanes no son secesionistas, sino españolistas o catalanistas. Ese informe hace las cuentas de las elecciones municipales y autonómicas y, analizadas de forma profesional, no política como los independentistas, el resultado es incuestionable. El independentismo tiene una notable presencia en la sociedad catalana, pero nunca ha sido mayoritario. Ha decrecido en los últimos tiempos porque una parte considerable de los que deseaban la secesión están desencantados por el liderazgo de Puigdemont y Torra, engañados por su estrategia y por la deriva a la que han llevado sus políticas. Están más identificados con la postura de Junqueras y sus colaboradores al asumir sus responsabilidades en lugar de inclinarse por la fuga, y se han pasado en masa a posiciones más realistas que garantizarían un futuro estable para Cataluña: mantenerse dentro de España y negociar con el Ejecutivo central más capacidad de autogobierno, una buena financiación autonómica que garantice los servicios públicos y abandonar la política de la confrontación.

Ese estudio, que circula en las alturas políticas –incluido Moncloa– y empresariales, coincide con el “visto para sentencia” del juicio a los independentistas que cumplen prisión preventiva, que finalizó con un alegato de Junqueras en el que reafirmaba sus sentimientos independentistas y con tono sereno hacía una apuesta por llevar el conflicto al terreno de la política.

Desde el entorno de Manuel Marchena –convertido en la gran figura de la judicatura tras la forma en que ha presidido la Sala que juzga a los independentistas– se afirma que el juez está trabajando ya en la redacción de la sentencia. Y su intención es que no se haga pública mucho más allá de octubre. Mientras tanto, tanto los diputados electos como los eurodiputados también elegidos el 26 de mayo formalizan los pasos que los permitan convertirse en parlamentarios con todos sus derechos. Lo que no va a ser fácil.

Desaliño indumentario

La Junta Electoral Central resolvió que los fugados Puigdemont y Toni Comín deben recoger sus actas presencialmente en en Madrid. Lo que provocaría su detención inmediata. Los dos hicieron un intento, hace apenas diez días, de recoger su acreditación provisional en Bruselas al mismo tiempo que el resto de los eurodiputados electos, pero los parlametarios españoles se movieron inmediatamente para impedirlo.Puigdemont acusa Tajani de las dificultades para acceder a su acta, pero desde el gabinete del presidente en funciones del Parlamento Europeo responden que no es él quien marca las normas, sino el propio reglamento de la Cámara, que no acepta más miembros que aquellos que vienen avalados por las juntas electorales de los países, que envían a Bruselas la lista de los eurodiputados que han cumplido con los requisitos que marca su país de origen. Y España obliga a recoger el acta en la sede de la JEC.

Puigdemont no atraviesa su mejor momento. Días atrás logró entrar en el edificio del Parlamento Europeo como invitado de su amigo y miembro de JxCat Tremosa. No fue un acción que le llenara de satisfacción: se produjeron comentarios de sorpresa ante lo que algunos periodistas y eurodiputados no españoles consideraron un desaliño indumentario. Sus amigos del partido nacionalista flamenco, que siempre lo habían acogido calurosamente y celebrado actos en su honor, no accedieron a su pretensión de ser candidato a la Eurocámara en sus listas. No son buenos tiempos para Puigdemont, que hace muchos meses que no tiene ningún contacto con Junqueras, hoy el líder del independentismo y que incluso es respetado por aquellos que se encuentran en las antípodas de su ideología. Al menos ha tenido la valentía de asumir las responsabilidades de lo ocurrido en el empeño de los independentistas de alcanzar sus objetivos saltándose las leyes y haciendo uso de la violencia si era necesario. Por no hablar de las amenazas, chantajes y boicots hacia todo lo que es ajeno al independentismo catalán.indultos e inmunidad

La sentencia va a marcar un antes y un después. Se esperan condenas pero no de máximos, porque son muchos los atenuantes. Pero aun con esos atenuantes, a los procesados les esperan años de prisión. Lo que abre dos importantes debates. El primero, el de los indultos del Gobierno; el segundo, dónde cumplirán la pena en el caso de que efectivamente superen los dos años de prisión preventiva que habrán cumplido cuando se produzca la sentencia.

El Gobierno de Sánchez niega la posibilidad de indulto, pero a continuación explica las circunstancias en las que debe producirse, lo que significa que está en estudio. Lo debe pedir el condenado, o alguien por él; cuando se pide, abre expediente el Ministerio de Justicia, que envía su informe al tribunal sentenciador, que da opinión y la manda al Gobierno. Tanto si la sentencia es baja, como si parece desmedida, es el propio tribunal el que puede pedir el indulto al Ejecutivo. Se valora el arrepentimiento, la reparación de la víctima y el tiempo transcurrido de condena.

En cuanto a la prisión, lo lógico es que se encuentre en Cataluña pues la ley permite que, salvo en circunstancias excepcionales como con ETA, los presos cumplan la pena en una cárcel cercana s su domicilio habitual. El problema es que las competencias penitenciarias están transferidas a Cataluña, y se han dado casos muy sonados de trato de favor a condenados. El último, a Oriol Pujol, el hijo del ex presidente de la Generalitat, al que se concedió el tercer grado cuando llevaba apenas 50 días de cumplimiento de una condena de cuatro años. Un juez lo mandó de vuelta a prisión... pero de nuevo las autoridades catalanas le concedieron el tercer grado.Ésa es la esperanza de los políticos independentistas y el temor de las autoridades judiciales –y también gubernamentales y políticas–, que tienen la certeza de que la transferencias competenciales van a ser utilizadas en favor de los independentistas.

Pero es adelantar mucho los acontecimientos. De momento, hay que vivir el día a día. Y eso indica que el juicio está visto para sentencia, que se está acabando el tiempo para que Puigdemont recoja su acta de eurodiputado, que Junqueras tampoco podrá sentarse en su escaño en Bruselas porque se encuentra en prisión y que su abogado maniobra para que el Parlamento Europeo le conceda la inmunidad. Y el día a día indica que hoy el independentismo, como recoge el informe mencionado, va perdiendo terreno. Pero sigue muy activo en sus actividades secesionistas.