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Análisis

FORO ANDALUZ NUEVA SOCIEDAD (FANS)

Sobre los 'lobbies' y el tráfico de influencias

La palabra lobby tiene varios significados en la actualidad. Puede significar "vestíbulo" o "grupo de presión", o "cabildeo". Por eso hoy en día hacer lobby o "política de vestíbulo" significa hacer presión política para conseguir intereses particulares. En 2008 la Comisión Europea abrió un registro voluntario para las organizaciones que hacen lobby, y a finales de 2019, había inscritas unas 20.000. En España existe un registro voluntario en el que se inscriben una minoría, no estando regulada su actividad, siendo los lobbies más importantes AEB (Banca), Anfac (Automoción), Unesa (Compañías eléctricas), Sedigas (Sector del gas), que operan junto a los internacionales Amazon, Facebook, Cabify, etc.

En nuestro país la palabra lobby genera una primera reacción de rechazo, como algo turbio e ilícito, aunque en realidad se trate de colectivos que defienden sus intereses e intenten influir en la toma de decisiones (grupos de empresas o industrias, ecologistas, cazadores, amas de casa …….), y existe una cierta tendencia hoy en día a desconfiar de todo lo que suponga una relación de particulares, o colectivos, con quienes detentan el poder en la toma de decisiones.

Ahora bien, no es correcta la opinión de quienes consideran que el lobby es un grupo de presión de actividad ilícita, al margen del interés general, por lo que no puede establecerse una especie de presunción de ilicitud acerca de las gestiones que llevan a cabo lobbies ante las distintas administraciones públicas.

Mientras que en España los lobbies no están regulados, ni tampoco su actividad, si lo están en la UE, en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde las agendas de los políticos tienen que ser públicas y accesibles y deben dar cuenta de con quien, cuando y cuanto tiempo se han reunido.

En Estados Unidos está regulado hasta el coste de una comida que un congresista puede emplear en una reunión, y los regalos o el tiempo de la reunión, sin embargo entre nuestros políticos hay miedo a que se publiquen las agendas y se haga un caso electoralista de sus reuniones, por lo que en España no nos enteramos de las reuniones de un diputado, por ejemplo, porque no existe registro, aunque no esté haciendo algo anormal, quedando por tanto, en este sentido, mucho camino por recorrer. A la carencia de un registro y a la falta de regulación de esta actividad se añade la demanda de la sociedad por una mayor transparencia, sobre todo en las fundaciones de los partidos que son lobbies en si mismos sobre los que sobrevuela la sombra de financiaciones a campañas electorales. Todavía hoy la palabra lobby hace fruncir el ceño a más de un español, por lo que podemos afirmar que existe una asignatura pendiente de regular los lobbies.

Por todo ello no hay que confundir los lobbies con el tráfico de influencias, ni con el cohecho, que vienen a suponer "influencia con prevalimiento" o con la entrega de dádiva, favor o retribución de cualquier clase. Es preciso no criminalizar las reuniones entre grupos sociales y la Administración Pública convirtiéndolas en un foco de sospechas porque el lobby ni entra, per se, ni tiene por qué entrar en un ámbito de corrupción, ya que pueden existir lobbies que pueden expresar su opinión para influir sin ser delito y porque aunque se trate de una influencia, esta no debe siempre considerarse delictiva, sobre todo cuando las relaciones entre un lobby y la Administración Pública se registran y se lleva a cabo con luz y taquígrafos.

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