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El pasaporte sirve para viajar entre países y el DNI para hacerlo entre comunidades, provincias e incluso entre municipios. Es una de las secuelas de la pandemia para intentar limitar el riesgo de contagio, pero también interfiere en la interacción entre las actividades de las personas y el territorio, en la economía e, indirectamente, en las relaciones de poder dentro del estado.

Se pudo apreciar con el mando único para la lucha contra la enfermedad. El Gobierno central asumió las competencias de las comunidades autónomas y la gestión de los recursos para ejercerlas, pero sin tener a su disposición los resortes para manejarlos. El control del personal sanitario y de los centros de salud, así como la capacidad para gestionar la compra de material, seguía en manos de las comunidades porque era su responsabilidad, pese a lo cual ni se contó con ellas, ni se les permitió participar en las decisiones. De hecho, ni siquiera fueron informadas adecuadamente de las decisiones que les afectaban (recordemos el ambiguo recurso al "comité de expertos" para negar el cambio de fase a Granada y Málaga en el mes de mayo), y el resultado fue un completo fracaso de gestión, acompañado de críticas sobre las inclinaciones recentralizadoras del gobierno.

La desescalada no fue menos nefasta, pero el retorno a la "nueva normalidad" devolvió a las comunidades la posibilidad de gestionar la pandemia de acuerdo con sus respectivas realidades, aunque con fuertes tensiones puntuales, como en el caso de la comunidad de Madrid. La sensación desde entonces es que la gestión, aunque no menos compleja, ha ganado en eficiencia con respecto al primer estado de alarma, sin que por ello hayan cesado críticas sobre el afán centralizador del gobierno.

La sospecha se remonta a la propia formación de un gobierno con competencias en conflicto entre ministerios y vicepresidencias y con las comunidades autónomas. La multiplicación de iniciativas, a veces estériles, con el fin de conseguir visibilidad pública se traduce, no solamente en una repercusión grosera por duplicidad sobre los costes de estructura del ejecutivo, sino también en una invasión descarada de los ámbitos de responsabilidad exclusiva de las autonomías.

La más reciente acusación sobre impulsos recentralizadores en el Gobierno se refiere a la armonización fiscal, surgida, no de la deseable coordinación entre estado y autonomías, sino de la sorprendente, pero explicable, complicidad con una formación independentista para sacar adelante los presupuestos de 2021.

La próxima será el reparto del fondo Next Generation EU. La comisión gubernamental que se encargará del asunto, ampliada hasta el conjunto del Gobierno por exigencia de Pablo Iglesias, recuerda al mando único contra el coronavirus. Vuelve a ignorar a las comunidades autónomas, lo que no solamente supone una fundada amenaza de fracaso por ausencia de quienes manejan los hilos de la tramoya real, sino que también despliega el velo de las sospechas sobre tráfico de privilegios a cambio de apoyos políticos. Esperemos que el DNI no termine de discriminar, como ocurre con los pasaportes, sobre el trato que se recibe o los lugares a los que se pueden ir.

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