Análisis

MANUEL GRACIA NAVARRO

Ex presidente del Parlamento de Andalucía

A vueltas con la educación

El gran acuerdo es viable si se centra en el fracaso escolar o aumentar la formación humanística

Durante el debate sobre el derecho a la educación en la elaboración de la Constitución apareció de nuevo la confrontación entre dos concepciones que habían tenido expresiones diversas en el siglo XX en nuestro país, la conservadora de orientación católica y la progresista de inspiración laica. Esa contradicción se pudo salvar porque entre todos encontramos una formulación que planteaba un delicado juego de equilibrios, de pesas y contrapesas, que se plasmó en la redacción final del artículo 27 del texto constitucional. Así, junto a la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, se consagra que los poderes públicos garanticen el derecho a la educación llevando a cabo una programación general de la enseñanza con la participación efectiva de los sectores afectados; los centros que reúnan ciertos requisitos recibirán ayuda de los poderes públicos, de un lado, y, de otro, en todos los centros sostenidos con fondos públicos intervendrán los profesores, los padres y los alumnos en su control y gestión. De hecho, es la única vez en nuestra historia que se ha conseguido un acuerdo sobre la educación en la política española. Tan es así que cada vez que se ha intentado desarrollarlo de manera sesgada y rompiendo esos delicados equilibrios, como sucedió con la Ley del Estatuto de Centros Escolares o con la ley Wert, el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir a fondo para corregir lo legislado.

Al poco tiempo de acceder el PSOE al Gobierno de España en 1982, el nuevo ministro de Educación, José María Maravall abordó la elaboración de la que sería la primera gran ley educativa de los socialistas en la nueva etapa democrática. Se trataba de desarrollar el artículo 27 de la CE, respetando ese juego de pesas y contrapesas al que me he referido, pero llevando al límite las posibilidades de que ese desarrollo respondiera a un proyecto de cambio como el que había ganado ampliamente las elecciones, un proyecto socialista y democrático, respetuoso con los tratados y pactos internacionales, y que fuera heredero del caudal progresista que venía de la Institución Libre de Enseñanza y llegaba hasta los movimientos de renovación pedagógica de aquellos días, y que partía de la constatación del papel subsidiario que la enseñanza privada jugaba en nuestro país. La LODE configuraba un sistema educativo con una amplia red de la que forman parte la enseñanza pública y la privada sostenida con fondos públicos que responde a unos requisitos que responden a la lógica del servicio público, y por otro lado la enseñanza privada sin financiación pública. La verdad es que hoy nos deberíamos de sentir muy orgullosos de aquella ley, ya que fue apenas retocada mínimamente por el Tribunal Constitucional, y ha sido la ley educativa más duradera de la democracia. Ojalá las leyes educativas que vinieron después -incluida la Logse- hubieran tenido el acierto, equilibrio y eficacia que tuvo la LODE.

De hecho, y esto conviene subrayarlo frente a quienes descalifican la ley Celaá con falsos argumentos, es un gobierno del PSOE quien establece con carácter general y sistemático el régimen de conciertos educativos vigente en España, justamente con la LODE. Es otro Gobierno del PSOE, en este caso de Andalucía, el que aprueba una ley de educación aún en vigor que establece en el artículo 3 que forman parte del Sistema Público de Andalucía los centros docentes privados concertados a través del cual se presta el servicio público de la educación; más garantía imposible. Pero es que ese régimen de conciertos se consolida y hace más transparente con esta nueva ley, que va a garantizar condiciones de igualdad en el acceso a los centros concertados al suprimir las cuotas, asegurando que los fondos públicos de los conciertos no sirvan para seleccionar o segregar a familias o alumnos, y haciendo más efectivo el derecho de elección de los padres. Junto con ello, se dota de más competencias a los consejos escolares de los centros públicos y concertados, dando cumplimiento a lo dispuesto en el punto 7 del artículo 27 de la Constitución. En definitiva, se vuelve a destacar el carácter de servicio público de la educación sostenida con fondos públicos, como se hizo hasta que la ley Wert y la mayoría absoluta del PP se encargaron de inclinar la balanza hacia los intereses de la enseñanza privada.

Junto con todo ello, y con mucho mayor detenimiento, la nueva ley establece novedades importantes en el currículum escolar, en la organización de los centros educativos, en el régimen de becas, y en tantas otras cuestiones que, desgraciadamente no forman parte del debate al que estamos asistiendo. Desgraciadamente, sí, porque en todas esas orientaciones que señala la ley pueden estar las soluciones a algunos de los males que aquejan a nuestro sistema educativo, como el fracaso y el abandono prematuro, la escasa formación humanística, y las insuficientes competencias en materias instrumentales básicas como la propia lengua o las matemáticas. Ahí es donde debería estar centrado el debate social, con implicación decidida de los sindicatos de profesores y las asociaciones de padres, de los medios de comunicación y de las redes sociales. Ahí, en ese terreno de juego, sí sería posible un gran acuerdo por la educación en nuestro país.

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