DESPUÉS del compromiso alcanzado por los líderes republicanos y demócratas para aprobar el plan del Gobierno, la Cámara de Representantes decidió rechazar el plan de ayuda de 700.000 millones de dólares para salvar el sistema financiero norteamericano.

Una de las características más distintivas de los ciudadanos del otro lado del Atlántico Norte es su aversión a pagar impuestos elevados (no a pagar impuestos, que es distinto). El lema que levantó a los primeros pobladores fue la negativa a pagar impuestos a la metrópoli sin tener representación parlamentaria. Esta idea ha calado profundamente en el ciudadano medio, obligando a los políticos a preguntarse siempre cuánto cuesta cualquier medida de política pública. Además, en EEUU los libertarios radicales que abominan de la intervención del Estado en la economía y creen ciegamente en el libre mercado abundan más que en otros países.

Por su parte, los medios de comunicación están contribuyendo negativamente durante estos días a difundir la idea de que el plan de ayuda al sistema financiero representa directamente una carga para los contribuyentes, en la misma medida que el importe del plan anunciado. Esta idea es falsa. Cuando un Gobierno concede una ayuda a un banco, esos recursos no los regala. Por el contrario, el Gobierno pasa a convertirse en propietario de títulos que representan activos, ya sean estos reales como viviendas o de naturaleza financiera. Una venta ordenada de los mismos -sin la presión que representa la cuenta de resultados trimestral de una empresa o el pago mensual de una hipoteca para las familias- puede permitir recuperar buena parte de la ayuda prestada. Además, esa ayuda no debe computarse en las cuentas públicas de un solo año; en realidad hay que hacerlo a todo el periodo que dure el proceso de prestación de la ayuda y de recuperación de parte o de la totalidad de los activos.

De hecho, durante la década de los años 80, cuando se produjo la debacle de las cajas de ahorros y el Gobierno de Reagan tuvo que intervenir, nacionalizándolas, la venta ordenada de sus activos produjo incluso un pequeño beneficio para las cuentas públicas. El Gobierno tiene más paciencia que el mercado y la venta pausada de los activos dieron como resultado un coste cero para la Hacienda.

Desde Keynes, los economistas hemos aprendido que el exceso de gasto público durante un corto periodo puede ser compensado con superávits en los siguientes, sin que se comprometa la viabilidad de las cuentas públicas a largo plazo, aunque no todo el gasto depara el mismo efecto. En época de crisis, se pueden acelerar las obras públicas en ejecución, pero no se deben subir las pensiones excesivamente porque compromete el futuro.

Cuando, con carácter generalizado, la moral de las familias y de las empresas está por los suelos, y el nerviosismo del sector financiero arraigado, no es el momento para que el Gobierno de un paso atrás. Tiene que dar un paso adelante con políticas bien diseñadas y transmitir tranquilidad.