Acuerdo para que haya cambio

LA vigésima primera Conferencia sobre Cambio Climático (COP21) que se celebra estos días en París, resulta clave para Andalucía en cuanto a las consecuencias que se derivarían en nuestro territorio de no alcanzarse ese acuerdo global de reducción de emisiones de los 195 países que asisten.

Un acuerdo que debe ser diferente del de Kioto, ya que debería ser ratificado por las economías más contaminantes como EEUU y China, pero también por los compromisos que cada país debe adoptar para que no se supere ese aumento de 2 grados de temperatura que significaría, a juicio de los expertos, un colapso a nivel climático, pero también económico y social. Sin duda, un acuerdo importante, pero que no entraría en vigor hasta 2020…¿Y mientras qué?

Sinceramente, considero que Andalucía no puede esperar tanto para que se adopten decisiones políticas de calado, porque los efectos sobre el medio ambiente, la economía y la población andaluza no van a esperar a esa fecha.

Por su clima y posición geográfica, nuestra tierra irá sufriendo efectos que repercutirán en nuestro modelo productivo actual y que afectarán a la pesca, ganadería, el turismo, y de manera especial a la agricultura, donde ya se están notando los efectos del cambio climático en los descontroles en la maduración de la vid o en las reducciones en el ciclo de cultivo y producción de la fresa.

Pero a pesar de todos esos efectos y otros, ya más que conocidos y contrastados, el Gobierno central no sólo no se adelanta a lo que nos llega sino que con su política contribuye a mermar el tejido productivo de nuestra comunidad, destruyendo miles de empleos e hiriendo de muerte un sector en el que éramos referencia a nivel mundial. Un ejemplo es el bloqueo permanente a las renovables que ha contribuido a que empresas punteras en Andalucía como Isofotón, Ence o Abengoa, con todo el empleo auxiliar que sostenían, hayan sucumbido ante el "cambio de reglas de juego a mitad de partido" que impuso el Gobierno español.

Otro ejemplo es la falta de impulso o apuesta por la eficiencia energética ó lo que es más grave, la imposición de trabas al autoconsumo y a la generación distribuida cuyo último hachazo ha sido el famoso "impuesto al sol", aprobado por el PP el pasado mes de octubre, el cual no solo obvia el mayor recurso energético de nuestra tierra, sino que también da más poder al oligopolio energético español.

El Gobierno andaluz sí que se ha tomado más en serio el tema y ha ido adoptando diversas medidas para actuar contra el cambio climático que han hecho que se hayan reducido las emisiones de CO2 en nuestra región a niveles de hace una década.

Pero es el momento de ir más allá porque las últimas normativas en proyecto en Andalucía tienen más de maquillaje que de realidad, como la Ley de Movilidad Sostenible y la Ley de Cambio Climático, la primera sin marco financiero, con lo que resulta inútil, y la segunda con unos objetivos disfrazados que plantean incrementos en las emisiones en lugar de reducciones. Estas leyes son necesarias, pero elaboradas de manera seria y rigurosa, al igual que es imprescindible un cambio en la fiscalidad que dibuje el horizonte de sostenibilidad ambiental, económica y social de Andalucía.

Igualmente, la nueva realidad que está por llegar requiere de inversiones tanto públicas como privadas, dirigidas fundamentalmente a la innovación, pero también a la construcción de infraestructuras prioritarias para Andalucía como los corredores ferroviarios de Puerto de Algeciras-Bobadilla, mediterráneo y de la Costa del Sol, infraestructuras importantes no sólo económicamente, sino también por la disminución de emisiones en transporte que supondrían, uno de los principales focos emisores contaminantes.

También necesitamos proyectos de adaptación, que garanticen por ejemplo el agua para los sectores productivos y no productivos, que se anticipen a las sequías e inundaciones, y algo que para nosotros es fundamental, una adaptación o "transición justa", como lo denominamos en Europa, para las personas trabajadoras implicadas que incluya garantías salariales y seguridad jurídica, formación y desarrollo de competencias, y protección social entre otras.

Si esto culmina supondrá en Andalucía, no solo no destruir empleo, sino la creación de más de 100.000 empleos verdes, por lo que la antelación en todo el proceso es imprescindible.

Pero para ello no podemos esperarnos a 2020, hay que comenzar de manera inmediata, reorientando recursos y políticas tanto en España como en Andalucía.