El Ayuntamiento de Sevilla y Gaesco, la patronal de la construcción, cerraron hace una semana un acuerdo marco merced al cual esta entidad empresarial desiste de iniciar medidas legales por el desvío de los fondos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que en su día autorizó el alcalde para cubrir los sobrecostes de proyectos singulares como el Parasol de la plaza de la Encarnación, el carril bici, el Plan de Barrios o la reurbanización de la Alameda.

Dicho pacto, que al final se ha saldado en favor de los constructores, pues certifica que el Consistorio no podrá pedirles de ahora en adelante que aporten más recursos para las principales infraestructuras de Sevilla -lo que técnicamente se conoce como sistemas generales-, fue objeto de una durísima negociación entre ambas partes en la que el Consistorio buscaba lograr un cierto cobijo institucional y protección legal ante la posibilidad de que cualquiera de los propietarios de las grandes bolsas de suelo urbanizable -importantes empresas y consorcios empresariales- decidiera ir a los juzgados a reclamar la devolución de los fondos adelantados en su día -más de 172 millones de euros- por estimar que estas cantidades económicas se abonaron para un fin distinto al que, tras la decisión de Monteseirín, se les ha dado. Actualmente no queda dinero de esta reserva financiera del PGOU.

Los términos del acuerdo final, que no impide que empresas acudan a los tribunales a título particular, aunque Gaesco ya no lo hará como asociación empresarial, no aclaran cómo se pagarán dichas infraestructuras. Sí precisa quién tendría que asumir todos estos nuevos costes: el Ayuntamiento, que tenía recursos para ahorrarse la inversión si no hubiera usado las reservas para los proyectos estrella de la Alcaldía.

El equipo de Monteseirín tuvo que asumir estas condiciones, que al menos desactivaban el frente institucional del sector de la construcción, debido a que los responsables de Gaesco se negaron en redondo a asumir el punto clave del acuerdo que planteaba el Ayuntamiento. Dicho punto aparece en la cláusula quinta del preacuerdo, el documento de la negociación, sobre el que se introdujeron los cambios definitivos. Literalmente dice: "Gaesco debe reconocer públicamente la correcta utilización y uso por parte del Ayuntamiento de Sevilla de los fondos obtenidos a través de los convenios urbanísticos".

Tal exigencia fue valorada como "inadmisible" por el equipo negociador de la patronal, que estaba dispuesta a no presentar la demanda corporativa que tenía en preparación pero no quería cerrar la puerta a que cualquiera de las empresas afectadas por el desvío del dinero del PGOU pudiera defender sus derechos si así lo estimaba conveniente. De hecho, todavía cabe la posibilidad de que alguna de ellas lo haga o, en su defecto, utilice esta posibilidad como un elemento más de negociación a medio plazo con Urbanismo.

La Alcaldía, que fue quien impulsó las conversaciones con los promotores, tenía como objetivo principal protegerse ante este hipotético nuevo frente judicial en un contexto político difícil, marcado precisamente por el análisis en los juzgados de asuntos de política local, en especial el llamado caso Mercasevilla, que tiene hasta tres líneas de investigación distintas abiertas por la juez Mercedes Alaya. Además de este caso, también está vivo en términos legales el relativo a la investigación de las facturas falsas de la federación vecinal Unidad, aunque con menor impacto político.

Los contactos entre los promotores y la Alcaldía para intentar reconducir el conflicto del desvío de los fondos del Plan General fueron numerosos y, en general, bastante tensos. El alcalde designó como principal interlocutor al consejero delegado de Emasesa y vicepresidente de las empresas municipales (DeSevilla), Manuel Jesús Marchena, su principal hombre de confianza, imputado por el juzgado en la investigación por el caso Mercasevilla. Marchena, antes de llegar a su actual cargo, fue gerente de Urbanismo durante el periodo en el que se adoptó la decisión de usar todos los recursos económicos de la recalificaciones urbanísticas para sufragar los proyectos más simbólicos de la era Monteseirín.

Las reuniones iniciales fueron tan crispadas que, ante la posibilidad real de que las conversaciones se frustraran, el alcalde optó por cambiar de embajador ante los constructores y dejó la negociación en manos del actual delegado municipal de Urbanismo, Manuel Rey, que logró cerrar el acuerdo con Gaesco, aunque sin resolver del todo la procedencia de la línea de financiación necesaria para asumir estas infraestructuras estratégicas.

La cuestión queda, de hecho, abierta. Tendrá que ser una de las primeras decisiones del futuro gobierno local, con independencia del signo político que tenga. El equipo de Monteseirín ha ideado una fórmula -el llamado Plan Impulsa- para avanzar en la urbanización de algunas bolsas de suelo mediante el adelanto de dinero del Patrimonio Municipal de Suelo y su posterior devolución en terrenos aptos para acoger viviendas de protección oficial. La iniciativa hasta ahora ha tenido un éxito muy relativo. Sólo han entrado dos empresas inmobiliarias: Metrovacesa y Gabriel Rojas. Urbanismo ha encargado un Plan de Infraestructuras a una consultora privada para que evalúe el dinero necesario para hacer los sistemas generales urbanos, que ya tendrán que ser financiados íntegramente con dinero público. Cuando este estudio ponga cifras sobre la mesa podrá saberse con exactitud el quebranto que ha supuesto para las arcas municipales el desvío de los fondos del PGOU, ya que a su montante global -los citados 172 millones- habrá que sumar el coste de las infraestructuras que debieron haberse pagado con el dinero de las inmobiliarias. Un dinero que ya no existe.