Hay un organismo de la Junta de Andalucía que ha sido Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, Premio de la Real Fundación de Toledo y Premio Hispania Nostra en la categoría de intervención en el territorio y paisaje. Y que atesora una trayectoria de 30 años en la que se ha consagrado como un centro de excelencia científica en torno a los bienes culturales y una poderosa herramienta para proyectar el talento de Andalucía más allá de nuestras fronteras.

Los elogios de los políticos al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico han sido continuos, basta con echar un ojo a la hemeroteca para ver las múltiples visitas realizadas por los consejeros de turno maravillados ante la tecnología que utilizan para restaurar imágenes que convierten los talleres de la Cartuja en verdaderos hospitales de patrimonio y los resultados de intervenciones muy sonadas y con eco internacional. Y por ello sorprende el ataque, gratuito por cierto, de una auditoría que han analizado su gestión a petición del gobierno del PP y Ciudadanos y que ha destacado que en dicho organismo hay 88 responsables y cargos intermedios frente a 23 empleados rasos. Esto es, más jefes que indios.

Campañas políticas al margen, el informe desprestigia la labor y la profesionalidad con la que trabajan en este organismo que se creó en 2007 a partir de una ley emanada en el Parlamento andaluz. Falta al respeto primero porque la auditoría debería basarse en los objetivos de la empresa que, en este caso, es la restauración y conservación del patrimonio artístico más que en sus plantillas. Segundo, porque dedicar el 80% del presupuesto a personal es lógico, en vista a la misión que este organismo tiene; y, por último, porque decir que hay más jefes que indios es como decir que la realidad no estropee un buen titular. Más que jefes son profesionales de alta cualificación, desde historiadores a restauradores, que dirigen los proyectos de carácter científico y que son titulados superiores, no directivos. Y, sobre todo, que no merecen ese descrédito siendo, como son, grandes embajadores de Andalucía.

Es inevitable preguntarse ahora qué hará el Gobierno andaluz después de conocer los datos facilitados por los auditores. Y es cuando surgen los fantasmas de la privatización y rebajas varias que ponen en riesgo una joya de Andalucía que debería quedar al margen de las batallas políticas. Y hay un centenar de trabajadores que esperan una disculpa.